Los constructores de la provincia de Teruel advierten de las graves secuelas de la paralización del sector

La Asociación Empresarial Provincial de la Construcción de Teruel critica la “improvisación” del Gobierno al establecer el paro obligatorio para las actividades no esenciales con motivo de la pandemia de coronavirus Covid-19 y advierte de que esta medida va a acarrear consecuencias graves para un sector que apenas había comenzaba a recuperarse de la crisis económica del 2008.

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo dio luz verde al real decreto-ley por el que se regula el permiso retribuido recuperable dirigido a los trabajadores no esenciales –como los de la construcción–, que desde este lunes y hasta el 9 de abril deberán quedarse en casa. El documento, aprobado para reducir aún más la movilidad de la ciudadanía e intentar frenar la extensión del coronavirus.

El presidente de la Asociación Empresarial Provincial de la Construcción de Teruel, Pedro Rodríguez, explicó que las empresas turolenses habían acatado la obligación de parar toda su actividad desde el lunes, pero cree que esta medida “va a acarrear consecuencias graves cuando se empezaba a tener un atisbo de recuperación si no se arbitran ayudas extraordinarias”. 

En su opinión, aunque era necesario actuar para frenar la propagación de la epidemia, “las medidas deberían ser más meditadas”. “Tenemos la impresión de que se toman a lo loco, de que no hay coordinación. No se tomaron medidas cuando se debía y ahora se toman sin tiento”, aseveró.

Las empresas constructoras deberán seguir haciendo frente a todos los pagos e impuestos. Por eso, Pedro Rodríguez solicitó moratorias sin recargos y la apertura de líneas de créditos blandos o a coste cero para que no se produzcan quiebras en el sector y exigió que el trato dado en esta situación sea el mismo para todas las actividades económicas.

El presidente de la asociación indicó que “si se destruye el mercado de trabajo, caeremos en una suerte de clientelismo político”. “En España existen unos mínimos salariales que permiten llevar una vida digna. Los sueldos no son de miseria, como dicen algunos. Pero si nos cargamos los puestos de trabajo, desaparecerán”, insistió.

“Estoy realmente preocupado porque pienso que el Gobierno ha tenido tiempo para reaccionar y para estudiar qué medidas tomar y no lo ha hecho. Y sobre todo, me preocupa qué va a ocurrir el día después”, concluyó Rodríguez.

Pedro Rodríguez añadió que  en todas las obras y sobre todo las que empleaban a un gran número de trabajadores, habían tomado todas medidas para adaptarse a la nueva normativa de seguridad.

Protocolos

Sobre este asunto, el gerente de Zardoya-Pascual, Kike Bellido, aseguró que el domingo 15 de marzo la dirección de la empresa se reunió con los jefes de obra y los técnicos para establecer un protocolo de urgencia en las dos grandes obras que están ejecutando en Teruel y Sagunto, donde construyen residenciales de 27 y 46 viviendas, respectivamente.

De este modo, escalonaron la entrada de los trabajadores y asignaron a cada uno de ellos un trastero para ser utilizado como vestuario, además de dotarlos de guantes, mascarillas, grifos individuales con agua corriente, jabón y productos desinfectantes. Además, se pulverizaban todas las zonas de obra con lejía diluida en agua. Además, 7 de los 10 trabajadores de la oficina se acogieron al teletrabajo y los otros 3 lo hacían en despachos separados “Con estas medidas, estábamos bastante seguros”, advirtió.

En opinión de Bellido, la paralización de la actividad afectará negativamente a las constructoras que no podrán certificar obras y, por tanto, acceder a créditos para continuar. Al mismo tiempo, tendrán que hacer frente a todos los pagos.

“Por salud, pensábamos que había que parar y quizá hubiera sido mejor hacerlo desde el primer momento. De esta manera no podemos acogernos a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y tampoco se han articulado otras medidas. Además, hay un retraso en la articulación de las líneas ICO, por lo que tendremos que tirar de recursos propios”, argumentó.

En Zardoya-Pascual intuían que la paralización del sector de la construcción podía llegar en cualquier momento, por eso el pasado viernes ya cerraron sus obras “a cal y canto”.

Las promotoras esperan que el parón dure “lo menos posible”

Las promotoras inmobiliarias confían en que la paralización de la construcción de viviendas durante la pandemia, por no considerarse una actividad esencial, dure “el menor tiempo posible”, según indicó la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), que asegura que ha trasladado lo establecido en el decreto a todas las firmas del sector para “el cumplimiento riguroso de dicha medida”.

La asociación asegura no contar por el momento con datos suficientes para realizar un análisis del impacto que el parón tendrá en el negocio de promoción y venta de vivienda.

En este sentido, detalló que la repercusión económica dependerá del tiempo que se prolongue la medida y el estado de alarma, si bien manifestó su confianza en que dure el menor tiempo posible.

Según APCE, el sector de la promoción residencial representa, en términos de oferta, un 6% del PIB español.

El decreto que ha parado las obras irá a los tribunales, según la CNC

El real decreto ley que obliga a la paralización de las obras de construcción no esenciales contiene una “importante inseguridad jurídica que en el futuro se verá el trabajo que da a los jueces”, opinó el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano.

En una entrevista en Radio Intereconomía, Lazcano transmitió la “preocupación empresarial” que existe con la entrada en vigor el pasado lunes del citado decreto “por la supervivencia del empleo, de las empresas, de los proveedores, de las pymes y los autónomos”.

Añadió que se ha elaborado “sin contar con el parecer empresarial” y lamentó que en las comparecencias informativas tras la aprobación de las medidas “se ha demonizado al empresariado, que es el que crea empleo”.

Para el presidente de la CNC, el cese total de la actividad afecta no solo a las grandes empresas, sino especialmente a las pymes, “que constituyen el 90%” del sector, puntualizó. “Si no hay actividad no se certifican las obras, por tanto no hay caja y no se pueden sufragar los salarios, los gastos y los impuestos”, añadió.

Lazcano pidió al Gobierno medidas y ayudas, como facilitar la liquidez, los avales pero reales o certificaciones adelantadas a cuenta recuperables en la obra pública, para que las empresas “no se queden solas como en la pasada crisis”.

La CNC estima que el sector tiene 1.260.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social tanto en el régimen general como en el de autónomos.