El martes está programado en Teruel el espectáculo taurino más polémico de este año: Popeye y los enanitos marineros. Supongo que sabrán ya de qué va el asunto porque incluso ha llenado minutos de debate televisivo nacional en varias cadenas. La Fundación Franz Weber (FFW) presentó en junio una solicitud al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiendo que se prohibiese este espectáculo al considerar que promueven la “discriminación, mofas y humillaciones” hacia los cómicos taurinos nacidos con acondroplasia. Y Gabilondo remitió una “recomendación” a la DGA para que se cumpla la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y pidió que “se deniegue la autorización necesaria para la celebración del espectáculo de toreo cómico”. Por su parte, el Gobierno aragonés encargó un informe jurídico que concluía que “el toreo cómico como espectáculo taurino está expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico”. Vamos, que no se cancela el show.
Es normal que este asunto genere debate. Está claro que hay que legislar y prohibir todo tipo de comportamientos que discriminen, humillen y se mofen de las personas con discapacidad. Pero, ¿quién decide qué es humillante y qué no? ¿Acaso no se discrimina más a los toreros con acondroplasia impidiéndoles trabajar? ¿Los niños que acuden a estos espectáculos salen creyendo que una persona con diversidad funcional puede ser objeto de mofa por su condición física? Las respuestas no son de blanco o negro, eso seguro.
Yo soy de los que cree en la libertad del individuo hasta que esa libertad topa con mis derechos. Así que considero que si los toreros que trabajan en Popeye y los enanitos marineros lo hacen libremente, quién soy yo para prohibirles nada. Lo que dice la compañía es que han pasado de tener 60 actuaciones al año en España a tener sólo la de Teruel este 2024. Es decir, que aquellos que legislan para protegerlos les acaban impidiendo ganarse la vida como ellos consideren oportuno.
Hablamos de 22 personas, con sus 22 familias, que ahora tienen que ganarse el pan recurriendo, en muchas ocasiones, a puestos de trabajo a los que acceden como “cuota”. Parece más importante impedir que supuestamente se les humille públicamente, que es lo la Fundación Franz Weber (con sede en Suiza) asegura que ocurre cada vez que estos toreros ponen el pie en un ruedo. El comunicado que mandaron es para analizar.
“FFW ha manifestado su agradecimiento a la posición firme del Defensor del Pueblo contra estas convocatorias que suponen eternizar determinados comportamientos humillantes hacia personas por su mera condición física”, dice la Fundación que actúa sin preguntar a los propios interesados. Para redondear su queja ante Ángel Gabilondo rematan diciendo: “A estos espectáculos suelen asistir niñas y niños, que reciben un contexto de mofa sobre ciudadanos con diversidad funcional, considerando después aceptable la vejación o insulto de las mismas, además de trivializar el sufrimiento de los animales empleados en la plaza.”
Vamos, que los niños que el martes vayan a ver Popeye y los enanitos marineros saldrán de la plaza con la convicción de que se puede vejar e insultar a la primera persona con discapacidad con la que se crucen por la calle. Y, de refilón, cuelan la percha antitaurina que poco tiene que ver con el objetivo de su fundación.
Respeto la posición de FWW, al igual que respeto que el empresario del coso turolense decida contratar este espectáculo (él sabrá si le sale rentable económicamente o no). Respeto a los que quieran ir a verlo y a los que no. Pero, ante todo, respeto que estos toreros quieran seguir trabajando en algo que les gusta. Convierten su discapacidad en una oportunidad laboral y nadie tiene derecho a prohibírselo si lo hacen libremente.
Vivimos en la era de las cuotas impuestas por ley para evitar discriminaciones. Unas cuotas que generan un efecto pernicioso en numerosas ocasiones. ¿Te contratan por lo que vales como profesional o simplemente porque están obligados a hacerlo? Y esto es aplicable no sólo a personas con discapacidad, ya me entienden.