Las reclamaciones y denuncias en Consumo descienden un 11,8 % en Teruel en 2022

La dirección general de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno de Aragón abrió el año pasado un total de 238 procedimientos de reclamaciones y denuncias en la provincia de Teruel, un 11,8 % menos que en 2021, cuando fueron 270.

Por otro lado, una cuarta parte de las consultas atendidas en la Comunidad Autónoma tuvieron su origen en las facturas de suministro de la electricidad y del gas, hasta un total de 7.363 de las 31.094 recibidas y convertirse así en la mayor de las preocupaciones de los consumidores aragoneses.

Así lo explicó este jueves el director general de Protección de Consumidores y Usuarios del Ejecutivo regional, Pablo Martínez, en una rueda de prensa convocada con motivo de la celebración, el próximo día 15, del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que este año se llevará a cabo en la Comunidad bajo el lema Consumo responsable, tu mejor elección.

En la exposición de la memoria correspondiente al ejercicio anual de 2022, Martínez destacó que tanto la electricidad como el gas ocupan, asimismo, la primera posición en los procedimientos abiertos por reclamaciones, denuncias o arbitrajes de consumo, con un total de1.072 sobre los 5.220 tramitados durante el anterior ejercicio.

En menor proporción se dieron reclamaciones en sectores como las actividades de ocio y las telecomunicaciones, mientras que en relación a los bienes adquiridos, los muebles, los electrodomésticos y los vehículos a motor son los que generaron más quejas.

“Es la primera vez que la factura eléctrica y la del gas ocupan la primera posición en las consultas, por delante de las telecomunicaciones (5.570 consultas), y la banca (3.247)”, destacó el director general, quien insistió “en la preocupación que han generado por primera vez entre los consumidores aragoneses los conceptos del gas y la electricidad”.

Comentó a este respecto que los consumidores han reaccionado tras conocer los “facturones” que les han llegado durante el invierno, con consultas continuas para conocer si están adscritos al mercado regulado o no y demandar información acerca de como cambiar la modalidad de sus contratos en el caso de estar sujetos al mercado libre.

“Está claro que es un tema de creciente preocupación entre los consumidores, que quieren entender qué pasa con sus facturas energéticas y de qué manera es posible rebajar el gasto en los hogares”, indicó Martínez.

Una preocupación, añadió, a la que se da respuesta desde las acciones formativas que lleva a cabo su departamento en el conjunto del territorio, que en 2022 fueron 207 en todo el territorio en forma de cursos, aulas o talleres específicos del Programa de Educación Permanente que se imparten por todo el territorio y en las que participaron 7.609 personas.

En concreto, en la Campaña Educar para el Consumo Responsable participaron 11 centros educativos turolenses, en los que se impartieron 13 talleres en los que participaron 408 personas.

El pasado año se llevaron a cabo además 26.799 actuaciones de control de productos alertados desde la Unión Europea o desde el propio Gobierno español, así como campañas de inspección, acciones derivadas de las reclamaciones de la ciudadanía y denuncias o tomas de muestras.

La labor de inspección se cerró con 148 expedientes sancionadores, en su mayor parte con sanciones leves y de las que 7 recayeron sobre compañías energéticas y otras 7 sobre proveedores de telecomunicaciones.

Además, se llevó a cabo intervención en el mercado de 637.604 unidades bajo alerta, de las cuales el 66 % fueron juguetes, un 13,24 % Equipos de Protección Individual (EPI) y un 5,70 % mascarillas.

Junta Arbitral de Consumo

Durante 2022 se sumaron 95 nuevas empresas a la Junta Arbitral de Consumo de Aragón, que integra ya 5.367 en el conjunto de la Comunidad.

La banca y las aseguradoras son dos de los sectores que se han resistido más a la solución del arbitraje, pero Martínez expresó su confianza en la figura creada por el Gobierno central del Defensor del Cliente del Sistema Bancario para la resolución de estos conflictos.

Respecto a los procedimientos ya señalados, un total de 3.639 fueron reclamaciones y denuncias -de las que 238 corresponden a la provincia de Teruel, 571 a la de Huesca y 2.830 a la de Zaragozas- y 1.581 solicitudes de arbitraje, de las que 1.268 se resolvieron mediante laudo arbitral o mediación, lo que evitó la judicialización de los procesos.

El perfil de las personas que acudieron a los distintos servicios del departamento corresponde al de una muer de entre 40 y 52 años, que busca información por vía telefónica y cuyas dudas corresponden mayoritariamente a facturas de gas o de electricidad.

El director general de Protección de Consumidores lamentó, por otra parte, la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de cerrar su Junta de Arbitraje de Consumo y dejar de ser así una de las 21 grandes ciudades de país que disponen de esta herramienta para resolver las quejas de los ciudadanos con los comerciantes.

Pablo Martínez recordó que los consumidores pueden realizar sus consultas a través del teléfono gratuito 900121314; la red aragonesa de información al consumidor, con 35 oficinas distribuidas por todo el territorio aragonés; las 12 asociaciones de consumidores existentes, o por medio de los propios servicios de la dirección general de Protección al Consumidor.