Las denuncias por violencia de género en los juzgados de Teruel aumentan un 4,7 por ciento

Las denuncias por violencia de género presentadas el año pasado en los juzgados de la provincia de Teruel aumentaron un 4,7 por ciento, al pasar de las 191 del año 2016 a las 200 del pasado ejercicio. Durante ese periodo los jueces dictaron 65 órdenes con medidas de protección para las víctimas y fueron enjuiciados 53 hombres, de los cuales se condenó a 52, según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las estadísticas indican que en la provincia se produce como media una denuncia por violencia contra la mujer cada dos días, aunque solo una cuarta parte termina en una sentencia judicial. Eso sí, prácticamente el cien por cien de los asuntos que acaban en juicio lo hacen con una sentencia condenatoria.

Los asuntos de violencia de género siguen aumentando en la provincia a la vista de estas cifras, aunque en un porcentaje muy inferior a como lo hicieron durante el año pasado en el conjunto del Estado y Aragón. Mientras las denuncias en los órganos judiciales de Teruel aumentaron un 4,7 por ciento, a nivel estatal lo hicieron un 16,4 por ciento y en la Comunidad Autónoma un 22,1 por ciento.

En los juzgados turolenses el mayor incremento se produjo durante 2016 cuando el número de denuncias aumentó en un 35,5 por ciento frente a la subida del 10,6 por ciento en el conjunto del país ese año. Por número de habitantes, y de acuerdo con los datos del CGPJ, 29,8 mujeres son víctimas de violencia de género en la provincia por cada 10.000 mujeres. Se trata de la ratio más baja del país, junto con Soria, cuando la media estatal es de 66,65 mujeres víctimas por cada 10.000. 

Las 200 denuncias presentadas en la provincia fueron hechas por 199 mujeres, de las cuales el 65,3 por ciento eran españolas y el resto extranjeras.

En ningún caso las denuncias fueron presentadas directamente  por la víctima o sus familiares, sino después de un atestado policial, a raíz de un parte de lesiones o de la intervención de servicios asistenciales o de terceros en general.

De las 200 denuncias, la mayoría, 163, las presentaron finalmente las propias víctimas a consecuencia de un atestado policial, lo que supone el 81,5 por ciento de los casos. En el 7 por ciento la denuncia la interpuso un familiar, también a partir de un atestado, y en un 3,5 por ciento de las ocasiones fue por intervención directa policial.

Solo en un 5 por ciento de los casos la denuncia llegó al juzgado por un parte de lesiones y en el 3 por ciento se presentó a través de servicios asistenciales y de terceras personas en general.

El 11 por ciento renuncia al proceso

Tras la presentación de la denuncia, en un 11 por ciento de las situaciones las víctimas decidieron el año pasado renunciar al proceso, lo que en cifras absolutas supone 22 casos, de los que la mayoría eran mujeres españolas (16) y el resto extranjeras.

La mayoría de los delitos ingresados, un total de 104, fueron por lesiones y malos tratos del artículo 153 del Código Penal, que incluye situaciones de menoscabo psíquico y agresiones, mientras que en otros 59 casos lo fue por el artículo 173, que incide sobre todo en la integridad moral. Además, ingresaron en los juzgados 9 asuntos por el quebrantamiento de medidas y 7 por quebrantar las penas impuestas, entre otros.

Al final, tal como recoge la estadística judicial, solo el 26,3 por ciento de los procedimientos terminó en una sentencia condenatoria, mientras que el 44,4 por ciento acabó en sobreseimiento, mayoritariamente de forma provisional. Además, en un 21,2 por ciento de los casos el procedimiento concluyó con una elevación del asunto al órgano competente.

De los 53 casos enjuiciados el año pasado, todos excepto uno que quedó absuelto acabaron en sentencia condenatoria. Los órganos judiciales de la provincia condenaron de esta forma a 33 españoles y a 19 extranjeros.