Las Cortes inciden en una financiación autonómica acorde con el coste de los servicios

Las Cortes de Aragón aprobaron este lunes una Proposición no de Ley presentada por el Partido Popular para pedir una financiación autonómica que sea acorde con el coste de los servicios, y por tanto con la realidad del territorio debido a que no cuesta lo mismo prestarlos en zonas urbanas que en el medio rural, disperso, de montaña y con problemas demográficos como sucede en la Comunida Autónoma y en particular en la provincia de Teruel. La iniciativa salió adelante en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública con la incorporación de varias enmiendas y la votación de sus puntos por separado al no coincidir todas las formaciones políticas en los mismos planteamientos.

En lo que sí estuvieron de acuerdo los distintos grupos es en la esencia de la necesidad de que la financiación autonómica responda al criterio de la solidaridad entre los territorios y que por tanto atienda al coste real de los servicios, con independencia de dónde se viva.

Es un planteamiento que viene de largo y volvió de nuevo a las Cortes de Aragón ante la preocupación expresada por el grupo proponente, de que la situación política en Cataluña provoque otra vez desigualdades. A la iniciativa del PP se sumaron dos enmiendas de Aragón Teruel Existe y de Vox, en las que estas formaciones pusieron énfasis en que se tengan en cuenta las dificultades de los territorios rurales por la carencia de infraestructuras y su orografía, como propuso el primer grupo; y que se implante un sistema de control y fiscalización por parte del segundo.

Finalmente la iniciativa popular se aprobó con cuatro puntos, el primero de los cuales salió por unanimidad y en el que se insta al Ejecutivo aragonés a que se dirija al Gobierno de España para pedirle “llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica que respete la Constitución y tenga como eje vertebrador la igualdad y solidaridad entre territorios y ciudadanos, independientemente del lugar donde vivan”.

El segundo punto, que se votó también sin modificaciones, salió adelante con el apoyo únicamente de PP y Vox, mientras que CHA lo hizo en contra y PSOE y Teruel Existe se abstuvieron. El mismo insta al Ejecutivo central a “garantizar que cualquier acuerdo que afecte al sistema de financiación autonómica, o condicione la capacidad financiera de la Administración General del Estado en relación con la financiación de las comunidades autónomas, sea exclusivamente el resultado de un consenso multilateral en el seno de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y nunca de un acuerdo bilateral con una comunidad autónoma o de un acuerdo parlamentario entre partidos”.

Aportación

En este punto la portavoz de Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, había presentado también una enmienda in voce que matizaba que ese acuerdo debía ser fruto del consenso de las fuerzas parlamentarias en el Congreso. La diputada del PP, Blanca Puyuelo, justificó el rechazo a incorporar ese matiz porque era “obvio” dónde se tenía que acordar y no aportaba nada nuevo. El portavoz de CHA, José Luis Soro, justificó su voto en contra en este punto tras rechazarle el PP otra enmienda in voce que pedía reconocer la bilateralidad recogida en el Estatuto de Autonomía, y que había propuesto votar como un punto añadido. Soro había planteado instar al Ejecutivo central a “suscribir el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado previsto en el artículo 108 del Estatuto de Autonomía”.

El PP justificó su rechazo a no aceptar ese punto porque había sido apoyado ya en otras iniciativas en las Cortes y resultaba “redundante” al no aportar nada nuevo a la PNL que se estaba debatiendo. Soro replicó en su explicación de voto que había votado en contra ese punto, aunque inicialmente se iba a abstener, porque le preocupaba “muchísimo” que el Gobierno PP-Vox “no crea en algo que hemos votado infinitas veces antes por unanimidad”.

El punto 3 salió por unanimidad e incorporó una enmienda in voce de Teruel Existe para recalcar la especificidad de los territorios con mayores problemas de despoblación y carencia de infraestructuras. El acuerdo en este punto insta al Ejecutivo central a que “la reforma del sistema de financiación autonómica tenga como base de cálculo el coste real de la prestación de servicios públicos en cada territorio y que incorpore con mayor relevancia criterios como la dispersión, la desigual distribución de la población o el envejecimiento, así como variables físicas por la deficiente red de transportes y telecomunicaciones, orografía, distancia, conectividad y accesibilidad territorial para la distribución de los recursos”.

El cuarto punto, añadido por Vox a través de otra enmienda in voce, pide que se continúe “implantando un sistema de control y fiscalización del gasto público que incluya el cálculo del coste efectivo de los servicios públicos mediante un sistema de contabilidad de costes”. Este punto solo lo apoyaron Vox y PP, mientras que el resto se abstuvo.

La portavoz del PP, Blanca Puyuelo, dijo que el actual sistema está “obsoleto y ya no sirve”, mientras que el diputado del PSOE Óscar Galeano pidió no “enturbiar” un debate sobre el que hay bastante unanimidad y planteó buscar acuerdos con otros territorios en la misma situación como se ha venido haciendo.

Por Vox, Fermín Civiac dijo que debe prevalecer el “bien común” y el “interés nacional”. El diputado de la ultraderecha añadió que son partidarios de la “recentralización” de algunas competencias autonómicas como la sanidad, la educación o la justicia para “asegurar” el acceso igualitario a esos servicios. José Luis Soro (CHA) manifestó que la clave está en que la financiación sea acorde con las necesidades para prestar servicios de calidad, y Pilar Buj (Teruel Existe) incidió en que falta un “gran pacto” nacional, cerrar la brecha rural-urbana y que la financiación contemple el “coste efectivo” de la prestación de los servicios.