Las Cortes de Aragón instan a que se mejore la seguridad ciudadana en el medio rural
Aprobada por unanimidad una moción a propuesta del PP transaccionada con el resto de gruposLas Cortes de Aragón instaron este lunes a que se mejore la seguridad ciudadana en el medio rural mediante el refuerzo de la presencia de la Guardia Civil en estos territorios, tanto en número de efectivos como de recursos y cuarteles, y potenciando mediante incentivos la elección de estos destinos por parte de los agentes. El acuerdo se tomó en la Comisión Institución y de Desarrollo Estatutario a iniciativa del PP, que presentó una moción consecuencia de una interpelación. La iniciativa salió adelante por unanimidad tras ser transaccionada con las enmiendas hechas por los grupos que integran el cuatripartito, así como por Ciudadanos.
En el texto original de la moción el PP planteaba seis puntos para la adopción de medidas urgentes para mejorar la seguridad en el medio rural tras los incrementos que se han producido en el último año. El texto transaccionado redujo a tres los puntos reivindicados y además reconoció el trabajo que ya se está haciendo desde la Administración central, tal como defendió el portavoz socialista, Darío Villagrasa.
En la moción aprobada las Cortes de Aragón piden al Ejecutivo aragonés que inste al Gobierno de España “a seguir avanzando, en colaboración con todas las administraciones públicas, en la ejecución de un plan integral para la construcción, rehabilitación y ampliación de acuartelamientos de la Guardia Civil en el medio rural”.
Dotaciones
Insta igualmente a que haya una “dotación suficiente de efectivos para cubrir la atención a la ciudadanía” en las zonas rurales, así como “en la actualización de los protocolos y convenios para seguir mejorando la cooperación de la Guardia Civil con los cuerpos de policía local”.
Por último, plantea que se estudie establecer un “plus de territorialidad” mediante la creación de un “incentivo profesional y económico para hacer atractivo a los agentes incorporarse a los puestos de baja demanda del medio rural y que el sistema de cita previa para interponer denuncias sea compatible con un sistema de denuncia presencial en los cuartes de la Guardia Civil de Aragón”.
El portavoz del PP, José Antonio Lagüens, recordó que la criminalidad durante el primer semestre del año pasado se había incrementado en un 25% respecto al año anterior, y que los datos del tercer trimestre arrojaban un crecimiento del 30% “en términos generales”. Precisó que los delitos con violencia se habían incrementado en un 113% “y todos indican que va a ir a peor en el cuarto trimestre”.
En el caso de la provincia de Teruel, los datos del último Balance de criminalidad correspondiente a los nueve primeros meses del año pasado arrojaban un incremento de los delitos de lesiones de un 61,3% con respecto al mismo periodo del año anterior, y de un 171,8% en el caso de los robos con fuerza.
Este último delito es característico en las zonas rurales por la poca población y la existencia de muchas segundas residencias, además del envejecimiento de sus habitantes y la dispersión de los núcleos habitados. Entre enero y septiembre del año pasado se registraron en la provincia 193 delitos de robos con fuerza en domicilios, cuando en el mismo periodo del año anterior hubo 71.
Solventar carencias
Lagüens aseguró que para corregir situaciones de este tipo hay que solventar “determinadas carencias que hay que seguir mejorando”, y que la voluntad de su grupo con esta moción era “intentar mejorar la seguridad ciudadana, especialmente en el medio rural”.
Reconoció el trabajo desarrollado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, en especial los guardias civiles al ser quienes se encargan de ello en las zonas rurales, de los que destacó que nunca habían cesado en su empeño de “trabajar de la mejor manera posible”, por lo que urgía seguir corrigiendo las carencias existentes.
Lagüens apuntó que el 99,32% del territorio estaba a cargo de la Guardia Civil, un cuerpo que a través de sus asociaciones también ha denunciado la “falta de dotación de medios”. En la iniciativa planteada indicó que los propios agentes están pidiendo más efectivos, que se reduzcan el número de vacantes y que la segunda actividad se vuelva a retomar.
El parlamentario popular aseguró que era un moción constructiva que pretendía sumar, y así lo hizo al aceptar las enmiendas presentadas tanto por Ciudadanos como por las cuatro formaciones que integran el cuatripartito: PSOE, Podemos, CHA y PAR.
Modificaciones
En este sentido, el portavoz del PSOE, Darío Villagrasa, pidió que con la enmienda de modificación propuesta se reconociese que se está trabajando en ello y se pidiese “continuar en el esfuerzo”, puesto que compartían la filosofía de la moción y querían transmitir un mensaje común con la propuesta. Recordó a este respecto que desde hace tres años las plantillas se habían incrementado entre un seis y un siete por ciento, habiéndose incrementando las plantillas en 30.000 efectivos desde 2017, además de haberse puesto en marcha un plan de infraestructuras de más de 600 millones de euros.
La portavoz de Podemos, Itxaso Cabrera, dijo que había que instar al Gobierno central a seguir avanzando en esta materia, no solo de cara a la construcción sino también la planificación. Se refirió igualmente al incremento que se había producido en las plantillas y con una tasa de reposición del 125%; una mejora “cualitativa”, destacó , frente a las ratios del PP. Valoró además que las propias asociaciones de la Guardia Civil estuviesen ofreciendo respuestas en el medio rural con una reorganización de los servicios y los efectivos.
Reposición de agentes
Carmen Martínez (CHA) recordó por su parte que en épocas pasadas la tasa de reposición de agentes era “nula”, se cerraban cuarteles en el medio rural y se quería “adelgazar lo público”. Añadió que con el tiempo se ve que esas situaciones son “insostenibles no solo para la despoblación sino para mantener el estado del bienestar y que la reversión que hay que hacer en esas políticas de adelgazamiento después supone un esfuerzo importante”.
Beatriz García (Cs) aportó por su parte la necesidad de que sea compatible el sistema de cita previa que se está implementando con la denuncia presencial, algo que “beneficia especialmente a los ciudadanos del mundo rural”. David Arranz (Vox) pidió por último más dotaciones contando con los criterios de los cuerpos y “menos propaganda e intereses políticos e ideológicos”.