Las comunidades mineras abogan por un pacto de Estado por la energía que contemple el carbón

Asturias, Aragón y Castilla y León han firmado este lunes en la capital leonesa una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno un pacto de Estado por la energía "compatible con mantener actividad vida y empleo" en las comarcas mineras de estas tres comunidades.

El documento ha sido suscrito en el palacio del Conde Luna de León por los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturias, Javier Fernández, y Aragón, Javier Lambán.

En su calidad de anfitrión, Herrera ha sido el encargado de desgranar el contenido del documento y ha recordado que Asturias, Castilla y León y Aragón "están atravesando una situación de extrema gravedad derivada de los procesos de reestructuración de la minería del carbón y del sector de la generación eléctrica con mineral autóctono".

"Es nuestra obligación como responsables de las comunidades afectadas evitar el gravísimo impacto social y económico que estos cierres producen en las zonas afectadas y que se les condenen al declive", ha remarcado el presidente de la Junta.

También ha precisado que apuestan por una transición energética ordenada en el marco irrenunciable de la lucha contra el cambio climático.

Consideran igualmente necesario establecer nuevamente un procedimiento de despacho preferente para las centrales que utilicen carbón autóctono, como obligación de servicio público, tal como permite la actual Directiva europea del Mercado Interior de la Electricidad, para garantizar una presencia del carbón autóctono en el mix de generación eléctrica.

También reivindican un escenario de estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre empresas eléctricas y mineras que aporte horizontes claros de planificación de las explotaciones de carbón, dado el interés estratégico para España de mantener una cierta producción del único combustible fósil existente en abundancia en su territorio.

Solicitan como condición imprescindible que las centrales térmicas de carbón continúen operativas, para lo que "debe asegurarse la ejecución de las mejoras que impone la Directiva europea de Emisiones Industriales, promoviendo las medidas de apoyo que sean necesarias.

Herrera ha recordado que una parte de las instalaciones de generación han acometido ya importantes inversiones para reducir emisiones, por lo que sería deseable y razonable mantenerlas operativas al menos hasta el año 2030.

Para ello, reconocen como fundamental el mantenimiento de los pagos por capacidad a las centrales de carbón hasta ese año.

El presidente de Castilla y León ha insistido en que respaldan el endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctrica.

Las tres comunidades pretenden con esta medida que los criterios de decisión empresariales no dependan únicamente de la seguridad de suministro eléctrico, sino que se tengan en cuenta además la competitividad económica, la dependencia energética y el interés de familias y empresas.

"No estamos hablando de un mercado perfecto sino de uno regulado, un sector económico de interés general, integrado por empresas privadas en el que la decisión de cierre de instalaciones por parte de una de esas empresas precise de la autorización del regulador (Gobierno) en cuanto afecte a la garantía de suministros, la sostenibilidad ambiental o el precio competitivo", ha explicado Herrera.

También defienden que se establezca una fórmula que permita una adecuada flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras, para que las empresas viables puedan continuar operativas más allá de 2018.

Por ultimo, consideran "urgente" la activación de los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, con la dotación de 250 millones prevista en el Marco de Actuación 2013-2018.

El presidente de Aragón ha destacado que "la desaparición de la minería del carbón causaría un fortísimo quebranto en las cuencas de Teruel", pero ha precisado que es consciente que cuando pide el mantenimiento del sector "se plantea también la imperativa necesidad de que el mix energético tenga una parte basada en el carbón para que sea barata y, sobre todo, segura".

"Sin una transición energética ordenada y con una interrupción brutal del carbón no podría ser posible y las repercusiones en el coste de la energía y, por tanto, sobre la industria serían muy importantes", ha advertido Lambán. 

En defensa de estas propuestas el presidente del Principado ha esgrimido que es necesario "flexibilizar" el calendario de cierre de las explotaciones que no sean rentables, previsto para este año, así como de la devolución de ayuda por parte de las que sobrevivan.

Fernández ha advertido de que el cierre "precipitado" de centrales puede elevar el precio de la electricidad, lo que conllevaría una merma de competitividad de toda la industria española, especialmente la de carácter electrointensivo.