Las ayudas al funcionamiento ahorran 8 millones a las empresas y podrían ser 303 si se aplicaran a su máximo

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA) considera “decepcionante” el impacto económico de las ayudas al funcionamiento empresarial en vigor, consistentes en una bonificación del 5 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, es decir, 23,25 euros por persona trabajadora. El ahorro supone 24,95 millones de euros -de los que 8,25 corresponden a la provincia de Teruel, 6,23 a la de Soria y 10,47 a la de Cuenca-, que equivalen a un 0,54 % del coste laboral bruto y a un 0,24 % del PIB generados en el territorio.

La Red SSPA, formada por FOES y las CEOEs de Teruel y Cuenca, presentó este jueves en Soria el informe Las ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación: impacto económico dirigido por el doctor en Economía José Antonio Herce, disponible en la página web de la organización.

El documento muestra el impacto económico de las ayudas al funcionamiento aplicadas por el Gobierno de España desde el 1 de enero, así como los potenciales efectos de las ayudas en su máxima intensidad permitidas por la Comisión Europea (CE), del que se deduce que en este último escenario “se multiplicarían los efectos positivos sobre las tres provincias y sus empresas y, por lo tanto, en el crecimiento de su población.

Por parte de la Red SSPA y en palabras del presidente de FOES, Santiago Aparicio, una vez conocido el impacto de las mismas, la Red SSPA demanda que las ayudas al funcionamiento lleguen al máximo permitido por la CE y que la aplicación sea igual para todas las empresas, con independencia de que las personas trabajadores sean nuevas contrataciones o no, y sin que existan diferencias entre municipios.

Además, incidió en la necesidad de que todos los autónomos de Cuenca, Teruel y Soria se beneficien igualmente de estas ayudas sin limitación temporal, y en tanto las provincias no alcancen 12,5 habitantes por km2.

El informe incide en que las actuales ayudas al funcionamiento contempladas en la Ley Presupuestaria tienen un efecto muy limitado sobre la creación de empleo, sobre la atracción de nuevas empresas y sobre nuevas altas de autónomos; que tendrán un muy escaso impacto en el PIB, así como en las rentas de los ciudadanos de estas tres provincias.

Por otra parte, considera que el hecho de que coexistan planteamientos que diferencian las bonificaciones empresariales en función de número de habitantes de los municipios y en función de si son nuevas contrataciones o preexistentes podría generar efectos frontera muy distorsionantes entre empresas de poblaciones vecinas.

El informe estima que llevando esta medida al máximo autorizado por la CE (el 20% de los costes laborales, 917,01 millones) se pasaría de incrementar el PIB en las tres provincias de un 0,19 % (19,55 millones) con las ayudas actualmente vigentes a hacerlo en un 6,79 % (707,15 %).

En cuanto al empleo, que  la Red SSPA considera un aspecto fundamental para fijar población, se pasaría de incrementarlo un 0,17 % (306 personas) con las ayudas iniciadas a 1 de enero de 2023 a hacerlo en un 6,35 % (11.133) en su cuantía máxima.

En el caso concreto de la provincia de Teruel, el ahorro estimado de las ayudas en vigor se ha cifrado en 8,25 millones, con un incremento de 6,46 millones del PIB y la contratación de un centenar de personas. Con un escenario de ayudas al funcionamiento equivalentes al 20 % de los costes laborales brutos de las empresas, la inversión sería de 303,22 millones, lo que permitiría elevar el PIB en 233,83 millones y la creación de 3.681 empleos.

El informe dirigido por Herce también contempla un escenario intermedio, el de la exoneración de las cuotas empresariales, que tendría un coste de 499,05 millones de euros, un 10,88 del coste laboral. El impacto sobre el PIB provincial sería de 390,94 millones de euros, un 3,75 %, y la creación o mantenimiento de 6.118 empleos equivalentes a tiempo completo.

Además, este documento recalca que no solo tendría efectos positivos para las provincias, sino que también tendría un mayor retorno para las arcas públicas, puesto que el retorno fiscal pasaría de 5,86 millones de euros en el marco de ayudas vigentes a hacerlo en 212,15 millones de euros en el escenario de máximos que permite la CE.

Del mismo modo, se señala que las actuales ayudas al funcionamiento se centran en las cuotas empresariales de la Seguridad Social referidas a los trabajadores indefinidos en el Régimen General, que son el 51,4 % de los afiliados (90.117).

Asimismo, el documento reseña que las actuales ayudas al funcionamiento únicamente favorecen a las empresas con asalariados, que son 13.511 y que representan solo el 47,6 % del total del censo de empresas activas en el territorio SSPA.

Además, el 90,7 % de las poblaciones de las tres provincias se benefician de la mayor bonificación contemplada por las ayudas vigentes al tener menos de 1.000 habitantes. Sin embargo, solo reúnen el 23,4 % de las empresas y el 14,6 % de los afiliados al régimen general, ya que la actividad económica está polarizada en los municipios de mayor población.

“Este límite, como criterio para zonificar, genera efectos distorsionadores y agravios comparativos, también porque discrimina a las empresas ya establecidas y sus asalariados contratados con anterioridad al 1 de enero de 2023”, argumenta el informe, que pone como ejemplo municipios vecinos como Santa Eulalia del Campo y Villarquemado, que tienen diferentes bonificaciones por el mero hecho de estar por arriba o por debajo del límite del millar de habitantes (1.033 el primero y 857 el segundo a 1 de enero de 2022).

En esta línea, el estudio destaca que las actuales ayudas al funcionamiento favorecen más a las nuevas empresas y trabajadores, mientras que las empresas y trabajadores autónomos existentes, que han resistido a la despoblación durante décadas, reciben beneficios muy inferiores.

“Para lograr una auténtica repoblación es necesario evitar la desaparición de las empresas existentes, garantizar que los trabajadores no queden desempleados y evitar que los jóvenes tengan que emigrar por falta de oportunidades laborales”, destacan.

Otro trabajo valorará las bonificaciones a las nuevas contrataciones indefinidas

La Red SSPA ha anunciado que  el impacto de las bonificaciones a la cuota empresarial por nuevas altas y la extensión del periodo de aplicación de la tarifa plana de los nuevos autónomos será objeto “de un trabajo de campo de cierta entidad” que se ha programado en una segunda fase.

La reducción de cuotas a cargo del empleador por contingencias comunes a la Seguridad Social para los asalariados en alta antes del 1 de enero es del 5 % (23,25 euros), mientras que para los contratados con posterioridad en municipios de 1.000 o más habitantes alcanza el 15 % (69,74 euros) y para los de menos de 1.000, el 20 % (92,99 euros).

De esta manera, se preguntará a las empresas por el destino de su ahorro y se analizará el empleo creado, así como las inversiones y contrataciones que hubieran hecho si las ayudas fueran mayores.

El primer informe presentado este miércoles ha sido elaborado sobre las ayudas al funcionamiento referido a la bonificación del 5 % de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes que se está aplicando desde el 1 de enero de 2023 para todas las personas asalariadas con contrato indefinido antes de esa fecha, cuyo número total asciende a 90.117, el 51,4 % de los afiliados de las tres provincias. La otra mitad no se incluyen en estas ayudas: autónomos (39.015), temporales (23.030) y regímenes especiales agrario y hogar (9.411).

Las patronales mantienen su demanda de reducir un 20 % los costes laborales fijos

Santiago Aparicio, el presidente de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), que forma parte de la Red SSPA junto a CEOE Teruel y CEOE Cuenca, reconoció que la introducción de las ayudas al funcionamiento en España es “un hito significativo en la lucha contra la despoblación”, pero advirtió de que, para que sean efectivas, se requiere una “reformulación radical”.

Aparicio indicó que el informe sobre el impacto económico de las ayudas al funcionamiento presentado este jueves en Soria, “deja clara la situación en la que estamos actualmente y en la que estaríamos si llegáramos a una reducción del 20% de los costes laborales brutos”.

El presidente de FOES recordó el “largo camino” iniciado en 2019 para lograr una fiscalidad diferenciada y agradeció la colaboración económica prestada por las diputaciones provinciales de Cuenca, Soria y Teruel, así como Globalcaja y Caja Rural de Soria y de Teruel y

También anunció que la Red SSPA va a continuar su labor de presión para conseguir su objetivo: la aplicación de las ayudas máximas que permite la Comisión Europea. En este sentido, aseguró que el Gobierno de España que salga de las urnas el próximo 23 de julio “sea del PP o del PSOE, lo tiene muy fácil para hacerlo”. “Tan solo tiene que trasponer el modelo que tienen los países del norte de Europa, porque las actuales bonificaciones de los seguros sociales son una limosna”, argumentó en la presentación del documento.

En concreto, recordó que en las Tierras Altas de Escocia se focalizaron las ayudas a través de un organismo único, en un escenario más ambicioso que el que plantea la exoneración total de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, que permitió asentar, y después incrementar, la población.

Por otro lado, a la petición de los sindicatos de que estas ayudas se trasladen a los salarios, Aparicio dijo que lo harán si la cuantía de las ayudas es mayor. “Es una cuestión de cantidad. La llegada de más empresas revolucionaría el mercado laboral de las tres provincias, y el empresariado tendrían que pagar más a las personas trabajadoras para retenerlas. Pero esta es una cuestión que se tendría que tratar cuando las ayudas sean mayores”, zanjó.

El director del informe, José Antonio Herce, reconoció también “la larga batalla” de la Red SSPA a favor de los territorios despoblados para conseguir una fiscalidad diferenciada. “Por primera vez tenemos en nuestra normativa ayudas bendecidas por la Unión Europea, toleradas por los tratados de funcionamiento, que no violan la competencia cuando se aplican a las empresas por la vía de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social”, dijo.

Sin embargo, también él se mostró “decepcionado” por el “limitado” impacto cuantitativo de las mismas, a pesar del importante esfuerzo de gestión llevado a cabo para su implantación. “Se ha desperdiciado la oportunidad de conseguir impactos más relevantes para, a través de las empresas, mantener el empleo y dinamizar la economía”, lamentó.

Las ayudas a la movilidad y la vivienda, esenciales para atraer profesionales en los tres territorios

El director del informe Las ayudas al funcionamiento y la lucha contra la despoblación, José Antonio Herce, coincidió con el presidente de FOES, Santiago Aparicio, que uno de los problemas que comparten Soria, Teruel y Cuenca es la escasez de personas trabajadoras y consideran que la aplicación de ayudas al funcionamiento equivalentes al 20 % de los costes laborales brutos de las empresas serviría para atraer profesionales cualificados.

El coste de implementar las ayudas que alcancen el límite permitido por la Comisión Europea se eleva a 917 millones y los 11.133 empleos directos e indirectos que crearían equivalen al 6,35 % del empleo existente en las tres provincias.

En este escenario, señalan, serían necesarios 418 millones de euros adicionales para cubrir el límite de las ayudas sobre el escenario del 100 % de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes.

La Red SSPA considera que se podrían utilizar las líneas de subvenciones a la inversión empresarial o las rebajas en impuestos de bases imponibles que tengan que ver con el relevo generacional, la movilidad eficiente de los trabajadores en territorios donde no existe trasporte público, la disponibilidad de vivienda apropiada para las personas trabajadoras y sus familias, la atracción de profesionales para el aumento de la productividad de las empresas, la creación de startups, la transición energética y la conectividad y digitalización.

De esta manera, dijo Herce, “las empresas podrían capitalizarse, ser más competitivas, generar mayor valor añadido, mejorar los sueldos y atraer talento”. “De esta manera, se reducirías las severas limitaciones a la escasez de mano de obra y las dificultades para conseguir el relevo generacional”, terminó.