Las audiencias legislativas sobre el impuesto a las renovables inciden en las discrepancias

El inicio de las audiencias legislativas en las Cortes de Aragón dentro de la tramitación del proyecto de ley por el que se crea un impuesto sobre los parques eólicos y fotovoltaicos, puso este lunes de manifiesto una vez más las discrepancias que existen sobre el despliegue de las renovables en la Comunidad Autónoma. El mundo académico volvió a constatar que el sector no aporta beneficios al territorio ni revierte la despoblación, mientras que las empresas rechazaron la presión fiscal e instaron a los grupos políticos que reflexionen sobre el impuesto antes de aprobarlo. Las plataformas ciudadanas insistieron en que lo prioritario es que haya un ordenamiento previo para su despliegue, mientras que las entidades locales reclamaron que la transición energética no puede hacerse dejando de lado al territorio.

En las audiencias legislativas que comenzaron el lunes distintos expertos, colectivos y entidades del sector de las renovables expusieron sus puntos de vista a los parlamentarios en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, con motivo del inicio de la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley por el que se crean los impuestos medioambientales para parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón, y se modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

Comparecieron catorce representantes que expusieron sus puntos de vista sobre el proyecto de texto legal en una sesión de mañana maratoniana, porque apenas tuvieron diez minutos cada uno de ellos para ofrecer su opinión, si bien aportaron documentación a los diputados para que pudieran valorarla con más detenimiento.

En el ámbito del mundo académico, una de las comparecientes fue María Rosa Duarte Pac, catedrática del Área de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, que destacó desde el primer momento que era necesario abordar su desarrollo “desde una perspectiva local”.

Duarte aseguró que el desarrollo de estas energías tiene que ser incontestable para contrarrestar los efectos del cambio climático además de tener un gran potencial, si bien aclaró que la literatura científica es clara al afirmar que sus emplazamientos “pueden acabar convirtiéndose en zonas periféricas energéticas” sin que influya la transición energética “sobre el desarrollo rural”.

Comentó que las investigaciones desarrolladas se han centrado en la evaluación de los impactos a largo plazo de las infraestructuras de las renovables en el territorio, así como en el valor añadido, de empleo y demográfico que tienen. Destacó que en la primera investigación centrada en Aragón observaron que las instalaciones de este tipo “no han contribuido a frenar la tendencia a la despoblación de estos territorios”.

La escasa participación del sector, su carácter intensivo en capital y la “imposibilidad de atraer otras inversiones relacionadas con la cadena productiva para atraer empleo hicieron que no actuara como un motor demográfico en la zona a medio y largo plazo”, dijo.

Sin diversificación económica

En términos de renta dijo que vieron que “hubo una cierta contribución limitada” a largo plazo vinculada a esta actividad, “si bien no se reflejó una mayor diversificación de la actividad económica”. Y en términos de empleo afirmó que solo hubo al principio vinculado a la construcción de las infraestructuras. Sobre la aplicación de una política fiscal estimó que puede incidir en “movilizar las actividades productivas siempre que esta política tenga un claro compromiso con el desarrollo rural”.

En representación de las entidades locales intervino el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Carmelo Pérez, alcalde de Belchite, que dijo que la transición energética “no puede realizarse dejando de lado al territorio sin contar con los municipios, comarcas y provincias”.

Admitió que son una oportunidad de generar riqueza en el territorio, aunque también provocan “un rechazo latente”, y reclamó que los recursos que se obtengan de la nueva fórmula impositiva reviertan en los pueblos para luchar contra la despoblación y compensar a los territorios afectados. Pidió trabajar por encima de las diferencias ideológicas para que el texto de la ley garantice la seguridad jurídica, reparta los ingresos que genere, y contribuya a mejorar la percepción social de las instalaciones para que disminuya la conflictividad en el despliegue de las renovables. Concluyó afirmando que esperaba que “con estas nuevas medidas contributivas podremos contribuir en la medida de nuestras funciones a mejorar las infraestructuras municipales”, todo ello con el fin último de “no seguir perdiendo población, sino en la medida de lo posible hacer atractivos nuestros pueblos para vivir”.

Otro alcalde, el de La Iglesuela del Cid, Fernando Safont, de la Asociación Viento Alto, dijo que son favorables a las renovables y que el principal objetivo de los ayuntamientos que integran este grupo es “revertir parte de la riqueza que generan las instalaciones de renovables al territorio donde se ubican, para activar su economía y combatir el declive demográfico”.

Apoyó la creación de un fondo aragonés de solidaridad energética “que reinvierta en todos nuestros municipios” y que contribuya al desarrollo económico y la lucha contra la despoblación. Incidió en que el impuesto debe “impactar en los municipios que albergan en su territorio renovables”, manteniendo todos los beneficios sociales que las empresas ponen a disposición. Aclaró que eso solo pasará “aplicando un impuesto justo que no debe lastrar los planes de desarrollo de las compañías” y adecuado al impacto y la afección al territorio.

Por parte de las empresas, Jesús Carlos Relancio, director general del grupo Energías Renovables Galp, expresó su preocupación por el proyecto de ley y aseguró que se corre el riesgo de “desacelerar el progreso hacia una economía más verde”.

Pedro Machín, presidente del Clúster de la Energía de Aragón, planteó que el autoconsumo no debería gravarse, y advirtió que la rentabilidad va a quedar “muy reducida” con el impuesto, porlos márgenes de beneficio que ya existen, y que todo eso puede “poner en riesgo las inversiones en Aragón” de este sector.