Lambán insiste en pedirle a la ministra Ribera que escuche a las CCAA con la despoblación: “No hay que descubrir América”

 El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha exigido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que escuche a las regiones afectadas por la despoblación y aproveche lo ya trabajado porque "no hay que descubrir América" en este campo.

Lambán ha mostrado este sábado, en declaraciones a los medios en Ejea (Zaragoza), su apoyo a las 130 medidas presentadas por la ministra este viernes en conferencia sectorial, pero ha recordado que las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos llevan luchando años contra la despoblación.

Por ello, ha admitido, le produce "cierta irritación" que aparezcan voces nuevas con soluciones a este problema.

Unas voces que, ha recalcado, "sobran" porque desconocen la realidad del mundo rural y buscan hacer de la despoblación un negocio "político" y "económico".

Asimismo, el presidente aragonés ha advertido a Ribera de que las políticas que no se gestionen a través de las comunidades autónomas y los ayuntamientos están "condenadas" al fracaso.

De esta manera, Lambán ha insistido en convocar una reunión con las ocho autonomías más afectadas por la despoblación (Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Aragón), como ya reclamó esta semana en Albarracín (Teruel) con sus homólogos castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco, y castellanomanchego, Emiliano García-Page.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto cambiar el término de España "vacía o vaciada" por el de "abandonada" o "desaprovechada", así como no mezclar el reto demográfico, relacionado con el envejecimiento de la población española, que se da también en las ciudades, con el fenómeno de la despoblación, propio del medio rural.

Lambán ha pedido que se seleccione de manera concreta el territorio donde se aplicarán las políticas contra la despoblación y que las ayudas vayan a sus afectados.

De esta manera, el presidente aragonés ha reclamado una financiación autonómica que tenga en cuenta el coste real de los servicios por persona y no el número total de habitantes, y una Política Agraria Común (PAC) que elimine los derechos históricos.