La sociedad civil pide escuchar al territorio para desarrollar la Ley de Dinamización rural

Representantes de la sociedad civil de distintos sectores pidieron en las Cortes de Aragón que se escuche al territorio para desarrollar la Ley de Dinamización del medio rural, que se encuentra en tramitación parlamentaria. En total intervinieron 26 personas en las audiencias legislativas celebradas en el Parlamento en una sesión maratoniana, en las que hubo opiniones de todo tipo, tanto elogios como críticas, además de la advertencia de algún académico que pidió hacer políticas “con evidencias” y no por una cuestión de “corrección política”.

Fueron muchos comparecientes y poco tiempo para interactuar con los mismos dentro de este proceso de audiencias legislativas previo a la presentación de enmiendas al proyecto de ley por parte de los grupos parlamentarios. Algunos se quejaron de esa limitación y el parlamentario del PP, Fernando Ledesma, fue especialmente crítico con la manera en que se desarrollaron las consultas, por lo que pidió disculpas a los intervinientes.

Entre los mismos había representantes de sindicados, empresarios, fundaciones, grupos de acción local, asociaciones de todo tipo, cooperativas y también del mundo académico de la Universidad especializado en vertebración del territorio y despoblación.

En general, los intervinientes, que solo tuvieron ocho minutos cada uno para hacer su exposición sobre lo que opinaban de la ley y qué cambiarían, reclamaron que se escuche al medio rural para ser “más efectivos”.

Muchas de las voces que intervinieron reclamaron más concreción y presentaron amplios catálogos de propuestas como alternativa propositiva para que la ley especifique cómo aplicar las medidas para luchar contra la despoblación, más allá de la indefinición que plantea el texto legislativo al no concretarlas, aseguraron. Además, reclamaron acciones efectivas y no incrementar más la burocratización con la creación de nuevos organismos y figuras administrativas.

El presidente de CSIF Aragón, José Luis Santafé, que abrió las audiencias, denunció que “no se han hecho bien las cosas” y abogó por dotar de una “especial protección” tanto a los trabajadores como a los funcionarios que trabajan en las zonas rurales. Pidió evitar la movilidad forzosa y hacer atractivos los destinos descentralizados, además de “incentivar” los de difícil cobertura. Lamentó que en general en la ley había “mucha intención, pero faltan concreciones reales”.

La presidenta de Fademur Aragón, Carolina Llaquet, indicó que el diagnóstico está hecho desde hace tiempo “y lo que necesitamos ahora son soluciones”. Destacó que se hubiese introducido el factor corrector del mecanismo de garantía rural, pero reprochó a los parlamentarios que solo se acordasen de la sociedad cuando hay elecciones.

“Es necesario abrir un proceso de escucha y de participación de los agentes sociales”, dijo Llaquet, con el argumento de que “nadie mejor que nosotras conoce las necesidades de las personas que viven en los pueblos”. Además, incidió en la necesidad de oír a las mujeres porque si ellas se van, “los pueblos se mueren”, y son las que pueden arraigar más la población.

El representante de UAGA Aragón expresó sus dudas sobre los compromisos presupuestarios de la ley al no estar cuantificada de ninguna manera en el texto legislativo. Reclamó además la ley de agricultura familiar, sin la cual la de dinamización “quedará coja”, y que no se incurra en más burocracia, además de reclamar medidas que garanticen la seguridad ciudadana y la presencia de profesionales para atender los servicios de la administración en las zonas rurales, no solo médicos y maestros sino el personal de las oficinas comarcales de Agricultura.

María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, pidió que la ley recoja una referencia expresa a los agentes sociales y evitar la “sobrerregularización normativa” y que se contemple el “interés rural”, no solo el “autonómico”; mientras que el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, pidió más digitalización y “bajar al detalle” en la ley para ver cómo se desarrolla.

Ángel Samper, de Asaja, pidió “pisar el suelo de los pueblos” porque la ley estaba hecha en los “despachos” y solo se observaba “postureo”. María López Palacín, de Arame, reclamó el certificado digital en el territorio, y José María Merino, de la Red Aragonesa de Desarrollo Rural, reivindicó los Leader y el trabajo hecho por los grupos de acción local.

Por la Universidad de Zaragoza, el Grupo GEOT dijo que la ley debía servir para desarrollar las herramientas ya existentes, mientras de Luis Antonio Sáez, profesor de Economía Aplicada, fue más crítico y dijo que no hacía falta una nueva ley que refunde lo ya existente y no dice nada nuevo. “De estas medidas que hay aquí, muy poquito se ha basado en las evidencias”, afirmó. Sáez.