El lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier González García, junto a la asesora en materia sanitaria del Justiciazgo, Alicia Iñiguez
La sanidad rural de Aragón, en riesgo de colapso por jubilaciones en 10 años
Informe Especial sobre el sector del Justicia de Aragón
La sanidad en el medio rural de Aragón, en los municipios de menos de 10.000 habitantes, está en riesgo de colapso por las dificultades en la cobertura de vacantes y las jubilaciones del 50 por ciento de los médicos de familia que se producirán en diez años sin que haya recambio.
Así lo ha advertido este lunes el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier González García, en la presentación del Informe Especial sobre la Sanidad en el Medio Rural de la institución acompañado por la asesora en materia sanitaria del Justiciazgo, Alicia Iñiguez, que previamente han entregado al presidente de las Cortes, Javier Sada.
Un trabajo al que la institución ha dedicado diez meses para estudiar en profundidad la situación de la sanidad en el medio rural aragonés por sus especiales características y que revela, entre otras cuestiones, que el 38 % de los médicos de familia en los municipios de menos de 10.000 habitantes, -el 98 % de las 731 localidades de Aragón en las que vive el 30 % de la población de la región-, tiene entre 55 y 64 años y el 12 por ciento, más de 64.
Esto supone que en diez años, el 50 por ciento de ellos se jubilará sin que haya recambio, ha remarcado González, quien ha incidido en la complejidad que tiene Aragón, y otras comunidades autónomas, para cubrir plazas vacantes a pesar de poner en marcha incentivos, que no son suficientes.
Además, ha advertido del riesgo de desaparición de farmacias en el medio rural por su falta de viabilidad económica. En concreto, 16 de las 85 del medio rural de la provincia de Teruel (el 19 %), 9 de las 81 de Huesca (11 %) y 9 de las 147 de Zaragoza (6 %).
El informe analiza el catálogo cuantitativo y caulitativo de los medios que conforman la prestación de servicios sanitarios en el medio rural, la situación actual de los servicios públicos y privados, el coste de los servicios para las administraciones, en especial para los entes locales, y las reivindicaciones de los agentes implicados gracias a la información obtenida del Gobierno de Aragón, de las entidades locales con consultorio, de los colegios profesionales o de residencias, de informes públicos, estudios y paginas web y de visitas a los propios centros de salud rurales.
Así, Aragón cuenta con 66 zonas básicas de salud en el medio rural con 66 centros de salud y 724 consultorios en 594 municipios -en total, en 685 entidades singulares de población- que atienden a 227.489 personas (aunque muchos de estos municipios en verano llegan a triplicar su población), solo el 11 % de menos de 15 años y el 27 % de más de 65, por tanto con un índice de vejez de 233 frente a 151 del conjunto de Aragón.
En total, a 31 de agosto, estas poblaciones son atendidas por 1.033 sanitarios: 347 médicos de familia, 346 de enfermeras, 5 médicos de refuerzo, 154 médicos y 155 enfermeras de atención continuada, 25 pediatras y 1 enfermo deprofesionales y una enfermera/o especializada en enfermería familiar.
Según ha explicado Iñíguez, la principal queja que trasladan los habitantes de estos municipios es la falta de cobertura de las plazas de médico de familia y de pediatra de Atención Primaria.
Ha detallado que una vez adjudicadas las vacantes de médico de familia y médico de Atención Continuada, para la contratación temporal había 187 plazas por cubrir de medicina de familia y comunitaria y de ellas, 74 en el medio rural, y que de las 77 vacantes sin adjudicar, el 62 % de médicos de familia en estas poblaciones y el 43 % en atención continuada. Además, ha puntado que es habitual recurrir a la "autocobertura" en vacaciones por compañeros.
La consecuencia de esta falta de cobertura de vacantes es una disminución de la calidad asistencial, desde demoras para obtener cita con el médico de familia a reducción de las horas de consulta del médico en su localidad, la sobrecarga de trabajo o la concentración de la atención médica en el centro de salud, y en estos casos son los ciudadanos quienes se tienen que desplazar a ese municipio y no el médicos a su población.
La experta en materia sanitaria del Justicia ha incidido en que las dificultades que tiene la administración para cubrir las plazas vacantes de médico de familia radican en fundamentalmente en la disminución que hubo entre 2011 y 2015 de plazas MIR, que aunque aumentaron a partir del 2016 no se recuperaron las cifras de 2010 hasta 2019 y en se trata de una especialidad poco atractiva para los jóvenes, hasta el punto de que en la elección en este año se quedarán 200 plazas vacantes.
Ha señalado que aunque las administraciones han adoptado a lo largo de los años distintas medidas para paliar el déficit de profesionales, como el incremento en los últimos años de las plazas ofertadas, incentivos para puestos de difícil cobertura o prolongar el servicio activo de los facultativos hasta cumplir los 70 años, estos planes han resultado insuficientes y por ello es necesario adaptar nuevas medidas.
Ha advertido, en ese sentido, de que solo 3 de los 33 centros acreditados para la formación docente MIR están en el medio rural, que hasta este año no se han ofertado las 82 plazas MIR y que 4 de ellas han quedado vacantes -una en Barbastro y 3 en Alcañiz-.
La atención urgente es otra de las preocupaciones de los ciudadanos de las zonas rurales o las consecuencias que pueda tener para su salud no ser atendidos a tiempo en estas áreas con dificultades añadidas por la distancia que existe desde el lugar donde está el paciente hasta el hospital y porque al darse menos casos, los profesionales están menos acostumbrados a tener este tipo de situaciones, por lo que la formación de los profesionales es importante, ha apuntado.
También se han referido al uso de las tecnologías de la información, que comenzaron a implantarse por la pandemia, y la viodeollamada puede facilitar el acceso a la asistencia y evitar desplazamientos, pero ha hecho hincapié en que hay que evitar la brecha digital, además de los problemas de conectividad.
El informe también analiza la situación de los 390 consultorios, que cuentan con 357 médicos de familia y 438 enfermeros y con equipos informáticos e internet, suponen un coste para las entidades locales de entre 2.000 y 10.000 euros en luz y mantenimiento y cubren el 75 % de las bajas en verano, -es de decir, el 25 % se quedan sin cubrir- y solo el 9 % asume el transporte hacia la localidad donde esté el centro de salud de referencia, que en algún caso es el coche del alcalde.
Además de las vacantes, los insuficientes incentivos de la administración para cubrirlas o de la escasez de acreditación de centros de salud como unidades docentes que pudieran hacer atractivas estas poblaciones una vez conocidas por los profesionales, el informe advierte en sus conclusiones de que no existe un plan específico de inversiones para la Atención Primara rural y de que la presencialidad en la atención es de gran importancia en el medio rural.
Entre sus propuestas, además de recordar a la administración que el acceso al servicio sanitario de calidad, de proximidad y con presencialidad es un derecho y las administraciones deben hacerlo efectivo, el Justicia propone en su informe, entre otras medidas, que las universidades y el Ministerio de Sanidad se deberían coordinar para ajustar las plazas del grado de Medicina y las de formación de especialistas a las necesidades y que se establezcan mecanismos que permitan que las plazas MIR de medicina de familia y comunitaria no puedan quedar vacantes ni siquiera por renuncia.
Así lo ha advertido este lunes el lugarteniente del Justicia de Aragón, Javier González García, en la presentación del Informe Especial sobre la Sanidad en el Medio Rural de la institución acompañado por la asesora en materia sanitaria del Justiciazgo, Alicia Iñiguez, que previamente han entregado al presidente de las Cortes, Javier Sada.
Un trabajo al que la institución ha dedicado diez meses para estudiar en profundidad la situación de la sanidad en el medio rural aragonés por sus especiales características y que revela, entre otras cuestiones, que el 38 % de los médicos de familia en los municipios de menos de 10.000 habitantes, -el 98 % de las 731 localidades de Aragón en las que vive el 30 % de la población de la región-, tiene entre 55 y 64 años y el 12 por ciento, más de 64.
Esto supone que en diez años, el 50 por ciento de ellos se jubilará sin que haya recambio, ha remarcado González, quien ha incidido en la complejidad que tiene Aragón, y otras comunidades autónomas, para cubrir plazas vacantes a pesar de poner en marcha incentivos, que no son suficientes.
Además, ha advertido del riesgo de desaparición de farmacias en el medio rural por su falta de viabilidad económica. En concreto, 16 de las 85 del medio rural de la provincia de Teruel (el 19 %), 9 de las 81 de Huesca (11 %) y 9 de las 147 de Zaragoza (6 %).
El informe analiza el catálogo cuantitativo y caulitativo de los medios que conforman la prestación de servicios sanitarios en el medio rural, la situación actual de los servicios públicos y privados, el coste de los servicios para las administraciones, en especial para los entes locales, y las reivindicaciones de los agentes implicados gracias a la información obtenida del Gobierno de Aragón, de las entidades locales con consultorio, de los colegios profesionales o de residencias, de informes públicos, estudios y paginas web y de visitas a los propios centros de salud rurales.
Así, Aragón cuenta con 66 zonas básicas de salud en el medio rural con 66 centros de salud y 724 consultorios en 594 municipios -en total, en 685 entidades singulares de población- que atienden a 227.489 personas (aunque muchos de estos municipios en verano llegan a triplicar su población), solo el 11 % de menos de 15 años y el 27 % de más de 65, por tanto con un índice de vejez de 233 frente a 151 del conjunto de Aragón.
En total, a 31 de agosto, estas poblaciones son atendidas por 1.033 sanitarios: 347 médicos de familia, 346 de enfermeras, 5 médicos de refuerzo, 154 médicos y 155 enfermeras de atención continuada, 25 pediatras y 1 enfermo deprofesionales y una enfermera/o especializada en enfermería familiar.
Según ha explicado Iñíguez, la principal queja que trasladan los habitantes de estos municipios es la falta de cobertura de las plazas de médico de familia y de pediatra de Atención Primaria.
Ha detallado que una vez adjudicadas las vacantes de médico de familia y médico de Atención Continuada, para la contratación temporal había 187 plazas por cubrir de medicina de familia y comunitaria y de ellas, 74 en el medio rural, y que de las 77 vacantes sin adjudicar, el 62 % de médicos de familia en estas poblaciones y el 43 % en atención continuada. Además, ha puntado que es habitual recurrir a la "autocobertura" en vacaciones por compañeros.
La consecuencia de esta falta de cobertura de vacantes es una disminución de la calidad asistencial, desde demoras para obtener cita con el médico de familia a reducción de las horas de consulta del médico en su localidad, la sobrecarga de trabajo o la concentración de la atención médica en el centro de salud, y en estos casos son los ciudadanos quienes se tienen que desplazar a ese municipio y no el médicos a su población.
La experta en materia sanitaria del Justicia ha incidido en que las dificultades que tiene la administración para cubrir las plazas vacantes de médico de familia radican en fundamentalmente en la disminución que hubo entre 2011 y 2015 de plazas MIR, que aunque aumentaron a partir del 2016 no se recuperaron las cifras de 2010 hasta 2019 y en se trata de una especialidad poco atractiva para los jóvenes, hasta el punto de que en la elección en este año se quedarán 200 plazas vacantes.
Ha señalado que aunque las administraciones han adoptado a lo largo de los años distintas medidas para paliar el déficit de profesionales, como el incremento en los últimos años de las plazas ofertadas, incentivos para puestos de difícil cobertura o prolongar el servicio activo de los facultativos hasta cumplir los 70 años, estos planes han resultado insuficientes y por ello es necesario adaptar nuevas medidas.
Ha advertido, en ese sentido, de que solo 3 de los 33 centros acreditados para la formación docente MIR están en el medio rural, que hasta este año no se han ofertado las 82 plazas MIR y que 4 de ellas han quedado vacantes -una en Barbastro y 3 en Alcañiz-.
La atención urgente es otra de las preocupaciones de los ciudadanos de las zonas rurales o las consecuencias que pueda tener para su salud no ser atendidos a tiempo en estas áreas con dificultades añadidas por la distancia que existe desde el lugar donde está el paciente hasta el hospital y porque al darse menos casos, los profesionales están menos acostumbrados a tener este tipo de situaciones, por lo que la formación de los profesionales es importante, ha apuntado.
También se han referido al uso de las tecnologías de la información, que comenzaron a implantarse por la pandemia, y la viodeollamada puede facilitar el acceso a la asistencia y evitar desplazamientos, pero ha hecho hincapié en que hay que evitar la brecha digital, además de los problemas de conectividad.
El informe también analiza la situación de los 390 consultorios, que cuentan con 357 médicos de familia y 438 enfermeros y con equipos informáticos e internet, suponen un coste para las entidades locales de entre 2.000 y 10.000 euros en luz y mantenimiento y cubren el 75 % de las bajas en verano, -es de decir, el 25 % se quedan sin cubrir- y solo el 9 % asume el transporte hacia la localidad donde esté el centro de salud de referencia, que en algún caso es el coche del alcalde.
Además de las vacantes, los insuficientes incentivos de la administración para cubrirlas o de la escasez de acreditación de centros de salud como unidades docentes que pudieran hacer atractivas estas poblaciones una vez conocidas por los profesionales, el informe advierte en sus conclusiones de que no existe un plan específico de inversiones para la Atención Primara rural y de que la presencialidad en la atención es de gran importancia en el medio rural.
Entre sus propuestas, además de recordar a la administración que el acceso al servicio sanitario de calidad, de proximidad y con presencialidad es un derecho y las administraciones deben hacerlo efectivo, el Justicia propone en su informe, entre otras medidas, que las universidades y el Ministerio de Sanidad se deberían coordinar para ajustar las plazas del grado de Medicina y las de formación de especialistas a las necesidades y que se establezcan mecanismos que permitan que las plazas MIR de medicina de familia y comunitaria no puedan quedar vacantes ni siquiera por renuncia.
