La provincia aguarda la estrategia estatal contra la despoblación y los fondos para poder combatirla

La provincia de Teruel aguarda como agua de mayo la estrategia estatal contra la despoblación, que sufre ya un año de retraso, con las medidas y los fondos adecuados para poder combatirla. El compromiso del Gobierno central es aprobarla durante la próxima primavera, mientras que el Ejecutivo aragonés se ha ofrecido a que Aragón sea el territorio piloto para su aplicación, como ya lo fue con la Ley 45/2007 para el Desarrollo sostenible del medio rural. En aquella ocasión la falta de dinero por la llegada de la crisis económica dio al traste con esa ley, todavía vigente pero sin consignación presupuestaria, por lo que esta vez se pide que cualquier medida que se implemente vaya acompañada de su correspondiente financiación.

Mientras se aguarda a la tan ansiada estrategia estatal contra la despoblación, la provincia sigue desangrándose en términos demográficos y su estado va a peor con situaciones como el cierre de la térmica de Andorra, o el retraso que las comarcas turolenses arrastran en la extensión de la banda ancha, lo que amenaza con la deslocalización de algunas empresas punteras y la dificultad de que se instalen otras nuevas.

El ejercicio que acaba de comenzar tiene que ser decisivo para hacer frente a este problema que no es exclusivo de Teruel, aunque es una de las provincias más afectadas al encontrarse en una situación crítica que requiere de una actuación urgente sin mayor demora.

A pesar de ello, 2018 ha pasado de largo sin que el problema haya empezado a resolverse más allá de la elaboración de nuevos informes y la presentación de nuevas iniciativas, que aportan en la mayoría de los casos ideas y propuestas que ya existían, pero sin que de verdad lleguen los fondos ni las medidas administrativas necesarias para empezar a afrontar esta cuestión.

Fue a comienzos de la legislatura cuando el Gobierno central apostó de forma explícita por asumir la despoblación como una cuestión de Estado, pero dos años después no hay nada, si bien por fin esta cuestión ha entrado de lleno en la agenda política y todos hablan de ello, aunque no siempre con el mismo lenguaje. 

Al problema de la despoblación se ha sumado el del cambio demográfico, que los expertos no lo ven como tal, pero que al final es lo que más parece preocupar a la Administración central puesto que afecta a cuestiones como la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Dos años después de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017, en la que se acordó abordar el cambio demográfico como una cuestión de Estado prioritaria, la anunciada estrategia estatal para hacerle frente sigue pendiente de sortear las vicisitudes políticas y presupuestarias de un país que parece estar secuestrado por los territorios que más riqueza tienen.

El compromiso del entonces presidente del Gobierno, el popular Mariano Rajoy, era que a finales de ese mismo año, 2017, se presentase la estrategia estatal frente al reto demográfico, para lo cual se creó un comisionado estatal, equivalente a una secretaría de Estado, al frente del cual estuvo hasta mediados del año pasado Edelmira Barreira.

El año 2017 finalizó sin estrategia aunque con el compromiso de que se daría a conocer en febrero de 2018, pero esa fecha se fue posponiendo mes tras mes en medio de las dificultades para aprobar los Presupuestos Generales del Estado sin que ni una cosa ni la otra salieran adelante.

Tras la moción de censura que prosperó en el Congreso en junio de 2018, el nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez mantuvo el reto demográfico como una cuestión de Estado prioritaria y nombró como nueva comisionada a Isaura Leal, que lleva seis meses trabajando para que la estrategia no sufra más demoras y se pueda presentar en la primavera de 2019, que es el compromiso adquirido.

La nueva comisionada

Leal compareció en la Comisión del Senado sobre el reto demográfico en octubre pasado, donde advirtió que la despoblación había estado “alejada demasiado tiempo del ámbito de las decisiones políticas”, y que los desequilibrios demográficos existentes en España requerían de “acuerdos institucionales y políticos” para hacer cumplir lo que marca la Constitución. Es la línea en la que se ha mantenido desde entonces la comisionada mientras se avanza en su elaboración. 

En aquella comparecencia la comisionada ya advirtió de que la estrategia no puede estar dirigida exclusivamente a los territorios con problemas demográficos más severos, “aunque sí debe poner el foco y la mayor intensidad en ellos”.

En su paso por el Senado,  del que los medios de comunicación tampoco se hicieron mucho eco a diferencia de otros actos en los que ha participado durante todo este tiempo, Isaura Leal perfiló las grandes líneas en que deberá centrarse esa estrategia, pero sin concretar medidas específicas. 

El fomento de la actividad económica y la generación de empleo, haciendo del medio rural un espacio capaz de atraer a jóvenes bien formados y asentarlos en el territorio, fueron dos de las líneas apuntadas por la comisionada, así como la tan demandada banda ancha y la obligación de garantizar los servicios públicos y la movilidad de sus habitantes.

La necesidad de una política de cohesión que plantee destinar recursos a las zonas afectadas no como un gasto compensatorio, sino como “una inversión en activos para el desarrollo”, fue otra cuestión en la que incidió la comisionada, así como impulsar una educación acorde con las oportunidades de cada territorio y la urgencia de que la despoblación sea tenida en cuenta en cualquiera de las políticas sectoriales que se pongan en marcha.

Dos son las cuestiones prioritarias para alcanzar ese reto, la financiación autonómica y local y los fondos de cohesión europeos, pero en ambos casos las noticias que se han producido durante 2018 han sido nefastas. 

Por un lado la Comisión Europea dio a conocer a mediados del año sus previsiones para el próximo marco financiero para el periodo 2021-2027 y en el proyecto de presupuestos, no definitivo todavía, no contemplaba ningún fondo específico para la despoblación. Y por otro, la revisión del modelo de financiación autonómica sigue empantanada y sin visos de avances a corto plazo. 

En el primer caso tanto Aragón como otras comunidades autónomas afectadas por esta problemática, el Estado y lobbys de presión como la red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), han incrementado su presencia en Bruselas para exigir que sí se incluya un fondo específico.

Parlamento Europeo

La Eurocámara así se pronunció también en octubre, al aprobarse en el pleno una resolución en la que se pedía atender las zonas rurales en la Agenda de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, con el fin de que los fondos estructurales atiendan cuestiones como la despoblación. Su inclusión dependerá de la negociación última que se produzca entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo.

Por otra parte, las seis comunidades autónomas con mayores problemas de despoblación, entre ellas Aragón, pidieron en el mes de septiembre, en una reunión celebrada en Zaragoza, que se atienda la despoblación en los modelos de financiación autonómico y local. Una de las últimas iniciativas aprobadas en las Cortes de Aragón iba también en el mismo sentido, además de instar al Consejo de Política Fiscal y Financiera a que se reúna para abordar esta cuestión y aplicarla mientras se espera a la revisión del modelo de financiación.   

Comunidad Autónoma

El Gobierno de Aragón ha sido una de las administraciones más activas en materia de despoblación durante 2018 después de que en el ejercicio anterior se aprobase la directriz especial demográfica y contra la despoblación, si bien ha topado con la falta de financiación. A lo largo del año ha ido poniendo en marcha algunas medidas, aunque de alcance muy limitado por ahora, además de crear el Observatorio aragonés de dinamización demográfica y poblacional, que en la segunda quincena de este mes trabajará la propuesta aragonesa sobre la despoblación para trasladarla a la comisionada estatal.

Además, en 2018 el Ejecutivo aragonés creó la figura del comisionado especial contra la despoblación, encargándose de esta labor Javier Allué, que ha intensificado sus encuentros con la Administración central. En la última reunión que mantuvo con la comisionada estatal hace pocos días, Allué insistió en la urgencia de pasar de las palabras a los hechos, y de consignar partidas específicas para la despoblación en los Presupuestos Generales del Estado.

El comisionado aragonés ha propuesto además a Isaura Leal que Aragón sea piloto en la aplicación de las medidas de la estrategia estatal, ya que en buena medida esta Comunidad Autónoma tiene el trabajo avanzado gracias a los veinte planes de zona que se hicieron por comarcas.

Desde Aragón se ha planteado también a la comisionada estatal que la estrategia no debe contener solo medidas, sino una metodología clara que garantice el éxito de su aplicación.