La prisión permanente revisable suscita muchos matices en un coloquio celebrado en Teruel

El coloquio que este martes acogió el Casino de Teruel sobre la prisión permanente revisable suscitó muchos matices sobre este asunto, no solo por la actualidad parlamentaria, ya que se abordará mañana en el Congreso de los Diputados, sino también mediática por el caso del niño Gabriel Cruz. La actividad volvió a reunir a numeroso público en el Círculo de Recreo Turolense ante el interés social del tema.

Como ponentes, el coloquio confrontó dos posiciones profesionales bien fundamentadas, la del magistrado y profesor de Derecho Penal de la Uned, Jorge Oswaldo Cañadas, y la del subdirector de tratamiento del centro penitenciario de Teruel, Armando de Carlos Rodríguez, que defendieron posturas diferentes. 

El primero se mostró partidario de esta pena tal como está recogida en el Código Penal desde 2015, mientras que el segundo se cuestionó si verdaderamente era necesaria incorporarla en el marco jurídico actual, donde ya se contemplan penas altas de prisión por hechos graves.

Entre el público hubo igualmente diferencia de opiniones, entre quienes defendieron este castigo penal, que sería equivalente a la cadena perpetua, aunque revisable pasado un tiempo, y quienes se mostraron en contra por considerar que conculca la posibilidad de reeducar y reinsertar a quienes cometen un delito.

El matiz, que fue más esgrimido por quienes apoyaron su aplicación, estuvo en la gravedad de los hechos cometidos, cuyo listado viene recogido en el Código Penal exclusivamente para delitos por asesinato. 

Una lista que incluye supuestos de gran actualidad que han saltado a los medios de comunicación y que han generado un amplio debate social avivado más todavía en los últimos días por el presunto asesinato del niño Gabriel Cruz.

Esos supuestos incluyen los casos en que la víctima es menor de 16 años o es una persona especialmente vulnerable, como ocurre con el niño almeriense; cuando el crimen es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, como sucede con el caso Diana Quer; en los asesinatos múltiples, como podría ser en el triple asesinato cometido por Igor el Ruso en Andorra; y en los casos de terrorismo como en el atentado de Las Ramblas de Barcelona ocurrido el año pasado.

Quienes defendieron la permanencia de esta pena argumentaron que no se pueden tratar por igual unos delitos que otros en función de su gravedad, mientras que quienes se opusieron a ella valoraron que no debe negarse la posibilidad de que los criminales sean reeducados para reinsertarlos de nuevo en la sociedad.

Es el punto de vista que desde el ámbito profesional defendió Armando de Carlos Rodríguez, quien aseguró que sí es posible la reinserción y que el sistema penitenciario español es progresivo para que los reos puedan reinsertarse. Algo que según su punto de vista es impensable cuando la persona que entra en la cárcel sabe que no va a salir.

Durante el debate, que moderó el fiscal Jorge Moradell, se enfocó el tema desde múltiples puntos de vista al ser una cuestión muy poliédrica, planteándose incluso los posicionamientos filosóficos que llevan a defender cada una de las dos posturas.

En este sentido, hubo voces que se mostraron partidarias de que el “ruido de fondo” que se está produciendo con algunas noticias de crímenes “monstruosos” en los últimos meses no nuble la racionalidad, y se huya  “de esa calentura que nos devuelve a las hordas”.

A este respecto, varios de los asistentes se pronunciaron también a favor de apostar por la reinserción valorando cada caso concreto, desde el convencimiento de que las personas  “sí se pueden reeducar” y que habría que escuchar también a las víctimas. “Dentro del sosiego hay que valorar otras muchas cosas”, argumentó entre el público un letrado.

Posicionamiento contrario

En cambio, otros asistentes, incluidos también abogados, se decantaron por el posicionamiento defendido por el ponente Jorge Cañadas, de mantener esta pena en el Código Penal y no derogarla como ha propuesto el PNV en el Congreso y a lo que se han sumado otras fuerzas políticas de forma mayoritaria.

Entre quienes se pronunciaron a favor de una pena especial para determinados delitos graves se encontraba el presidente de la Audiencia Provincial de Teruel, Fermín Hernández, que asistió al coloquio como público y argumentó que “para supuestos excepcionales sí que creo que debe haber un sistema para que casos especialmente graves reciban un castigo adecuado”.

Es la tesis que defendió el ponente magistrado, que diferenció en todo momento entre la generalidad y los “supuestos excepcionales”, que es a los que se refiere la prisión permanente revisable.

Sobre esta cuestión Cañadas argumentó que “el Estado tiene que tener mecanismos suficientes como para combatir crímenes de especial gravedad”. Reconoció que por un lado se presenta el hecho de resocializar a criminales como los autores del atentado de Las Ramblas, pero también el derecho de las víctimas a defenderse, que en este caso concreto es toda la sociedad.

“Normalmente hemos hecho el Derecho Penal a espaldas de la víctima”, afirmó Cañadas, cuando “hay supuestos en los que debe primar la seguridad colectiva”, insistió refiriéndose al terrorismo yihadista del que cualquiera puede ser víctima en cualquier momento y lugar hoy día.

En cambio, Armando de Carlos Rodríguez, subdirector de tratamiento del centro penitenciario de Teruel, mostró sus dudas y aseguró que el fin primordial del sistema penitenciario es la “reeducación social” y la “reinserción social”. Recordó que en España el cumplimiento de las penas es progresivo, es decir, que al entrar en prisión a los reclusos se les aplica un programa que permita su readaptación en función de su evolución. 

“Una persona sin estar en la sociedad es difícil que se reinserte”, argumentó, para mostrar su impresión de que la prisión permanente revisable “nos da tanta indeterminación que hace que la garantía jurídica se vea debilitada”.

Durante el coloquio se aportaron algunas cifras estadísticas que llamaron mucho la atención, como el hecho de que la tasa de criminalidad en España sea de 44,3 delitos por cada mil habitantes, cuando en Suecia, que está considerado mucho más avanzado, es de 147,9 por cada mil habitantes, más del triple. En cambio, en Suecia hay 51,3 presos por cada 100.000 habitantes, cuando en España hay 145,7. Estos datos sirvieron a Rodríguez para hacer reflexionar sobre dónde deberían centrarse los esfuerzos.