Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico celebrada el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados
La política estatal de 'un país de 30 minutos' implicará a autonomías y entidades locales
El Gobierno central garantizará por ley que el medio rural tenga servicios a menos de media hora
Conseguir que toda la gente pueda acceder a los servicios básicos en menos de 30 minutos con independencia de dónde vivan se perfila como el gran reto del Estado para esta legislatura en la lucha contra la despoblación. Lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su investidura, en cumplimiento del compromiso que asumieron tanto el PSOE como Sumar en sus programas electorales; la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo ratificó cuando expuso las líneas principales de su Ministerio en la primera comparecencia en las Cortes Generales que hizo hace un mes; y el grupo parlamentario socialista en el Congreso lo corroboró con una Proposición no de Ley aprobada esta misma semana, cuyo texto ya ha provocado los primeros recelos. Los mismos se deben al temor de que al final tengan que ser las autonomías y las entidades locales las que asuman el mayor coste para garantizar que los ciudadanos dispongan de los servicios básicos a menos de media hora de su lugar de residencia.
Su socio de gobierno, Sumar, perfiló la PNL con una enmienda que fue aceptada y que detallaba qué tipo de servicios deberían considerarse básicos para que se pueda acceder a ellos en las zonas rurales en menos de media hora de desplazamiento.
Cumplir ese parámetro en una provincia como la de Teruel con la amplitud de su territorio, la dispersión de sus núcleos habitados y la despoblación, va a requerir de grandes esfuerzos inversores ante la carencia de infraestructuras que arrastra históricamente.
No es una iniciativa original del PSOE y Sumar, a pesar de que ambos la incluyeron en sus programas electorales. El primero que la planteó fue la agrupación de electores Teruel Existe, hoy partido político, en junio del año 2020, recién llegado al Congreso el entonces diputado de esta formación, Tomás Guitarte, que hoy es parlamentario autonómico en las Cortes de Aragón. Posteriormente la incorporó el movimiento de la España Vaciada a su Modelo de desarrollo, un documento de análisis y propuestas sobre la situación de los territorios despoblados con medidas concretas para actuar en ellos y revertir su situación.
Fue el año pasado cuando tanto el PSOE como Sumar lo introdujeron en su programación política, puesto que en 2020 rechazaron ese criterio desde las bancadas socialistas y de Unidas Podemos, cuando Teruel Existe lo metió en una moción sobre el Pacto de Estado contra la despoblación. Para alcanzar el consenso y aprobar la esencia de ese pacto, la entonces agrupación de electores asumió retirar de esa iniciativa lo de los 30 minutos al no aceptarlo PSOE y UP.
No dijo mucho más, salvo que “un país de treinta minutos” pretendía facilitar que “cada cual pueda vivir donde quiera, contando con servicios próximos, garantizando conectividad, movilidad y facilitando el acceso a la vivienda”, así como “promoviendo la diversificación de actividades y la capacidad de innovación”.
En el texto de la PNL del PSOE aprobada esta semana se insta al Gobierno central, “en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a aprobar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a lo servicios públicos”.
La enmienda de Sumar añadió que se tendrán en cuenta por lo menos los siguientes servicios de atención a las personas y familia: la educación infantil, primaria y secundaria, los centros de formación profesional, los centros de atención primaria, los servicios de información y atención a las personas jóvenes y a la mujer, así como de promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia y cuidados de larga duración, al igual que los servicios postales y financieros esenciales.
En la enmienda que defendió y que se incorporó en el texto final el diputado de Sumar, Jorge Pueyo, de CHA, se añade que todos esos servicios deberán garantizarse a través de oficinas presenciales, tanto fijas como ambulantes. Del mismo modo recogió que deberá atenderse “al fortalecimiento de medidas que refuercen el medio rural”, así como la presencia en las zonas del reto demográfico “de las administraciones públicas, fuerzas de seguridad, las iniciativas públicas de vivienda esenciales para los jóvenes, la conexión a Internet de alta calidad, el asociacionismo y la dinamización de la vida social y el servicio de transporte público, esencial para facilitar el acceso a centros sanitarios, educativos, administrativos, comerciales y de ocio”, entre otros.
Durante la defensa de la PNL, el portavoz del PSOE, Luis Rey de las Heras, recalcó que esos servicios básicos que se pretenden prestar en igualdad de condiciones en las zonas rurales los prestan fundamentalmente las comunidades autónomas, en algunos casos por delegación, y las propias entidades locales y ayuntamientos.
Esas palabras hicieron sonar las alarmas en el principal partido de la oposición, ante el temor de que al final la carga económica para garantizar que los servicios se presten a una distancia no superior a 30 minutos, podría recaer sobre otras administraciones y el Estado se limitara a regularlo a través de una normativa. El portavoz de Sumar, Jorge Pueyo, dijo que “impulsar un medio rural vivo debe ser una obligación compartida por todas las administraciones públicas” y hacerse de forma transversal para que pueda tener efectos beneficiosos.
El diputado popular Tomás Cabezón, alcalde de un pueblo de solo 37 habitantes, expresó su temor de que al final los servicios que habrá que poner en marcha en menos de 30 minutos cuando se regule esa norma serán a costa de las entidades locales y las comunidades autónomas.
“Mucho me temo que vamos a ser los paganos una vez más de estas nuevas competencias impropias que se nos quieren colocar y que al final nos tocará pagar a los ayuntamientos”, dijo Cabezón, quien se preguntó si se aplicaría el mismo criterio de la media hora para garantizar la presencia de la Guardia Civil en el territorio, dar cobertura territorial a las oficinas del Sepe y de la Seguridad Social, o facilitar la renovación de un certificado electrónico.
Los populares consideran que tal como se presentó la iniciativa parlamentaria se trata de una “improvisación absoluta”, de ahí que se abstuviesen. Cuando lo planteó Teruel Existe hace cuatro años sí lo aceptaron en la otra enmienda que también presentaron, aunque finalmente no se recogió al estar en contra el PSOE y Unidas Podemos para poder alcanzar el máximo consenso, como así ocurrió. Aquella moción por un Pacto de Estado contra la despoblación fue aprobada con 295 votos a favor gracias a la enmienda transaccional que después de negociarla presentaron los grupos mixto, dentro del cual estaba Teruel Existe, y los del PSOE, el PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. No hubo votos en contra aunque sí 52 abstenciones, las de los parlamentarios de Vox.
El PP esta semana ante la iniciativa del PSOE con ese plan de la España de 30 minutos se abstuvo. Su portavoz dijo que había que sentarse a trabajar para ver qué servicios eran necesarios en ese ratio de tiempo. Además, Cabezón interpeló al parlamentario socialista para que aclarase con qué financiación iban a contar las comunidades autónomas y los ayuntamientos para no terminar siendo los que tuviesen que asumir los costes de esta medida, puesto que en los municipios pequeños no tienen capacidad económica.
Después de que Teruel Existe hiciese por primera vez esta propuesta del acceso a servicios a menos de 30 minutos en junio de 2020, el movimiento de la España Vaciada lo incluyó en su Modelo de desarrollo, presentado un año después en el Congreso.
Fue en la precampaña de las elecciones autonómicas del año pasado cuando Pedro Sánchez lo asumió y lo incorporó a sus objetivos, comprometiéndose en un acto político celebrado en Úbeda (Jaén) a que las zonas rurales contasen con servicios básicos a no más de 30 minutos.
Posteriormente el PSOE lo incluyó en su programa de las elecciones generales de julio, al igual que lo hicieron Sumar y Teruel Existe, que era quien lo propuso inicialmente. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar lo incorporó en el documento España avanza, y Sánchez lo anunció en la sesión de investidura al decir que “garantizarían por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos”. Ahora hay que esperar que esa ley esté bien dotada económicamente, porque si no va a costarle la torta un pan a los de siempre, a aquellos pueblos más pequeños por los que el Plan de 130 medidas del reto demográfico parece haber pasado de largo.
El grupo parlamentario socialista tiene registrada otra Proposición no de Ley en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para pedir que el Gobierno central dé continuidad al Plan de 130 medidas frente al reto demográfico impulsado en la pasada legislatura, y cuyo periodo de ejecución abarcaba desde 2021 a 2023. Ese plan ha movilizado 12.000 millones de euros, en su mayoría procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
La iniciativa presentada ahora por el PSOE y pendiente de debate propone dar continuidad al mismo para el periodo 2024-2027, “con la colaboración e implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales y la participación de la sociedad”.
En la exposición de motivos consideran además que es necesario hacer un balance sobre los objetivos cumplidos y las propuestas que están pendientes “para seguir abordando las necesidades que afrontan los municipios en riesgo de despoblación”. Lo que piden los socialistas está ya contemplado en el acuerdo de investidura mediante la actualización de la Estrategia Nacional y el Plan.
La política es el arte de cambiar de opinión de un día para otro o de una legislatura para la siguiente, así como de desdecirse y de marear la perdiz todo lo que se pueda y más, además de sacar rédito político donde se pueda. La iniciativa del PSOE aprobada esta semana en el Congreso es la misma que hace cuatro años llevó Teruel Existe a esta Cámara y los socialistas no quisieron respaldarla, a pesar de que la moción en la que inicialmente estaba introducida salió adelante con un gran apoyo parlamentario y sin votos en contra.
El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 24 de junio de 2020 recoge aquel debate y el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 1 de julio del mismo año detalla la moción original de Teruel Existe, las enmiendas que presentaron cuatro grupos y la transaccional aprobada, que dan fe de esto frente a interpretaciones subjetivas.
En la moción de Teruel Existe se pedía un Pacto de Estado contra la despoblación y un plan de medidas urgentes. Entre esas medidas estaba el conocido como 100-30-30: 100 Mbps simétricos en la red de telecomunicaciones, 30 kilómetros de distancia a una vía de alta capacidad, y 30 minutos de desplazamiento máximo para acceder a servicios básicos. PP y Cs lo aceptaron, pero el PSOE y UP solo admitieron lo de los 100 Mbps, por lo que la propuesta de los 30 minutos en la enmienda transaccional se tuvo que quitar, que ahora en cambio han hecho suya los socialistas después de haberla rechazado en 2020.
Un país de 30 minutos es la denominación como se conoce por ahora esta iniciativa, sobre la que el Gobierno central no ha aclarado todavía cómo se articulará, si bien el Partido Socialista dio pistas esta semana en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso a través de una Proposición no de Ley que insta a poner en funcionamiento un marco normativo que obligue a cumplir ese parámeto en colaboración con las administraciones autonómicas y locales.
Su socio de gobierno, Sumar, perfiló la PNL con una enmienda que fue aceptada y que detallaba qué tipo de servicios deberían considerarse básicos para que se pueda acceder a ellos en las zonas rurales en menos de media hora de desplazamiento.
Cumplir ese parámetro en una provincia como la de Teruel con la amplitud de su territorio, la dispersión de sus núcleos habitados y la despoblación, va a requerir de grandes esfuerzos inversores ante la carencia de infraestructuras que arrastra históricamente.
No es una iniciativa original del PSOE y Sumar, a pesar de que ambos la incluyeron en sus programas electorales. El primero que la planteó fue la agrupación de electores Teruel Existe, hoy partido político, en junio del año 2020, recién llegado al Congreso el entonces diputado de esta formación, Tomás Guitarte, que hoy es parlamentario autonómico en las Cortes de Aragón. Posteriormente la incorporó el movimiento de la España Vaciada a su Modelo de desarrollo, un documento de análisis y propuestas sobre la situación de los territorios despoblados con medidas concretas para actuar en ellos y revertir su situación.
Fue el año pasado cuando tanto el PSOE como Sumar lo introdujeron en su programación política, puesto que en 2020 rechazaron ese criterio desde las bancadas socialistas y de Unidas Podemos, cuando Teruel Existe lo metió en una moción sobre el Pacto de Estado contra la despoblación. Para alcanzar el consenso y aprobar la esencia de ese pacto, la entonces agrupación de electores asumió retirar de esa iniciativa lo de los 30 minutos al no aceptarlo PSOE y UP.
Cohesión territorial
De momento, sobre cómo se va a articular ahora ese plan, solo se conoce el objetivo, que todo el mundo pueda disponer de unos servicios básicos en 30 minutos como máximo. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, dijo en su comparecencia del pasado 23 de enero en el Congreso que la intención que tiene el Gobierno con esta medida es “construir un país treinta minutos, lo que supone situar la cohesión territorial, la calidad de los servicios y la igualdad como prioridad en la política del reto demográfico”.
Ribera añadió que se iba a trabajar para “asegurar la presencia de los servicios básicos a una distancia no mayor de treinta minutos del lugar de residencia de cada uno”. Para ello dijo que se abordaría un cambio en la movilidad sostenible del medio rural para garantizar esos servicios.No dijo mucho más, salvo que “un país de treinta minutos” pretendía facilitar que “cada cual pueda vivir donde quiera, contando con servicios próximos, garantizando conectividad, movilidad y facilitando el acceso a la vivienda”, así como “promoviendo la diversificación de actividades y la capacidad de innovación”.
En el texto de la PNL del PSOE aprobada esta semana se insta al Gobierno central, “en colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, en el ámbito de sus competencias, a aprobar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a lo servicios públicos”.
La enmienda de Sumar añadió que se tendrán en cuenta por lo menos los siguientes servicios de atención a las personas y familia: la educación infantil, primaria y secundaria, los centros de formación profesional, los centros de atención primaria, los servicios de información y atención a las personas jóvenes y a la mujer, así como de promoción de la autonomía personal, atención a la dependencia y cuidados de larga duración, al igual que los servicios postales y financieros esenciales.
En la enmienda que defendió y que se incorporó en el texto final el diputado de Sumar, Jorge Pueyo, de CHA, se añade que todos esos servicios deberán garantizarse a través de oficinas presenciales, tanto fijas como ambulantes. Del mismo modo recogió que deberá atenderse “al fortalecimiento de medidas que refuercen el medio rural”, así como la presencia en las zonas del reto demográfico “de las administraciones públicas, fuerzas de seguridad, las iniciativas públicas de vivienda esenciales para los jóvenes, la conexión a Internet de alta calidad, el asociacionismo y la dinamización de la vida social y el servicio de transporte público, esencial para facilitar el acceso a centros sanitarios, educativos, administrativos, comerciales y de ocio”, entre otros.
Durante la defensa de la PNL, el portavoz del PSOE, Luis Rey de las Heras, recalcó que esos servicios básicos que se pretenden prestar en igualdad de condiciones en las zonas rurales los prestan fundamentalmente las comunidades autónomas, en algunos casos por delegación, y las propias entidades locales y ayuntamientos.
Esas palabras hicieron sonar las alarmas en el principal partido de la oposición, ante el temor de que al final la carga económica para garantizar que los servicios se presten a una distancia no superior a 30 minutos, podría recaer sobre otras administraciones y el Estado se limitara a regularlo a través de una normativa. El portavoz de Sumar, Jorge Pueyo, dijo que “impulsar un medio rural vivo debe ser una obligación compartida por todas las administraciones públicas” y hacerse de forma transversal para que pueda tener efectos beneficiosos.
El diputado popular Tomás Cabezón, alcalde de un pueblo de solo 37 habitantes, expresó su temor de que al final los servicios que habrá que poner en marcha en menos de 30 minutos cuando se regule esa norma serán a costa de las entidades locales y las comunidades autónomas.
“Mucho me temo que vamos a ser los paganos una vez más de estas nuevas competencias impropias que se nos quieren colocar y que al final nos tocará pagar a los ayuntamientos”, dijo Cabezón, quien se preguntó si se aplicaría el mismo criterio de la media hora para garantizar la presencia de la Guardia Civil en el territorio, dar cobertura territorial a las oficinas del Sepe y de la Seguridad Social, o facilitar la renovación de un certificado electrónico.
Improvisación
Los populares consideran que tal como se presentó la iniciativa parlamentaria se trata de una “improvisación absoluta”, de ahí que se abstuviesen. Cuando lo planteó Teruel Existe hace cuatro años sí lo aceptaron en la otra enmienda que también presentaron, aunque finalmente no se recogió al estar en contra el PSOE y Unidas Podemos para poder alcanzar el máximo consenso, como así ocurrió. Aquella moción por un Pacto de Estado contra la despoblación fue aprobada con 295 votos a favor gracias a la enmienda transaccional que después de negociarla presentaron los grupos mixto, dentro del cual estaba Teruel Existe, y los del PSOE, el PP, Unidas Podemos y Ciudadanos. No hubo votos en contra aunque sí 52 abstenciones, las de los parlamentarios de Vox.
El PP esta semana ante la iniciativa del PSOE con ese plan de la España de 30 minutos se abstuvo. Su portavoz dijo que había que sentarse a trabajar para ver qué servicios eran necesarios en ese ratio de tiempo. Además, Cabezón interpeló al parlamentario socialista para que aclarase con qué financiación iban a contar las comunidades autónomas y los ayuntamientos para no terminar siendo los que tuviesen que asumir los costes de esta medida, puesto que en los municipios pequeños no tienen capacidad económica.
Después de que Teruel Existe hiciese por primera vez esta propuesta del acceso a servicios a menos de 30 minutos en junio de 2020, el movimiento de la España Vaciada lo incluyó en su Modelo de desarrollo, presentado un año después en el Congreso.
Fue en la precampaña de las elecciones autonómicas del año pasado cuando Pedro Sánchez lo asumió y lo incorporó a sus objetivos, comprometiéndose en un acto político celebrado en Úbeda (Jaén) a que las zonas rurales contasen con servicios básicos a no más de 30 minutos.
Posteriormente el PSOE lo incluyó en su programa de las elecciones generales de julio, al igual que lo hicieron Sumar y Teruel Existe, que era quien lo propuso inicialmente. El acuerdo de gobierno entre el PSOE y Sumar lo incorporó en el documento España avanza, y Sánchez lo anunció en la sesión de investidura al decir que “garantizarían por ley el acceso a servicios públicos básicos de todos los municipios en un radio de menos de 30 minutos”. Ahora hay que esperar que esa ley esté bien dotada económicamente, porque si no va a costarle la torta un pan a los de siempre, a aquellos pueblos más pequeños por los que el Plan de 130 medidas del reto demográfico parece haber pasado de largo.
Iniciativa socialista
El grupo parlamentario socialista tiene registrada otra Proposición no de Ley en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico para pedir que el Gobierno central dé continuidad al Plan de 130 medidas frente al reto demográfico impulsado en la pasada legislatura, y cuyo periodo de ejecución abarcaba desde 2021 a 2023. Ese plan ha movilizado 12.000 millones de euros, en su mayoría procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia.
La iniciativa presentada ahora por el PSOE y pendiente de debate propone dar continuidad al mismo para el periodo 2024-2027, “con la colaboración e implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales y la participación de la sociedad”.
En la exposición de motivos consideran además que es necesario hacer un balance sobre los objetivos cumplidos y las propuestas que están pendientes “para seguir abordando las necesidades que afrontan los municipios en riesgo de despoblación”. Lo que piden los socialistas está ya contemplado en el acuerdo de investidura mediante la actualización de la Estrategia Nacional y el Plan.
Pacto de Estado: el reto pendiente
La política es el arte de cambiar de opinión de un día para otro o de una legislatura para la siguiente, así como de desdecirse y de marear la perdiz todo lo que se pueda y más, además de sacar rédito político donde se pueda. La iniciativa del PSOE aprobada esta semana en el Congreso es la misma que hace cuatro años llevó Teruel Existe a esta Cámara y los socialistas no quisieron respaldarla, a pesar de que la moción en la que inicialmente estaba introducida salió adelante con un gran apoyo parlamentario y sin votos en contra.
El Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 24 de junio de 2020 recoge aquel debate y el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 1 de julio del mismo año detalla la moción original de Teruel Existe, las enmiendas que presentaron cuatro grupos y la transaccional aprobada, que dan fe de esto frente a interpretaciones subjetivas.
En la moción de Teruel Existe se pedía un Pacto de Estado contra la despoblación y un plan de medidas urgentes. Entre esas medidas estaba el conocido como 100-30-30: 100 Mbps simétricos en la red de telecomunicaciones, 30 kilómetros de distancia a una vía de alta capacidad, y 30 minutos de desplazamiento máximo para acceder a servicios básicos. PP y Cs lo aceptaron, pero el PSOE y UP solo admitieron lo de los 100 Mbps, por lo que la propuesta de los 30 minutos en la enmienda transaccional se tuvo que quitar, que ahora en cambio han hecho suya los socialistas después de haberla rechazado en 2020.
