La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel alega contra el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel ha presentado alegaciones al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) por la forma en la que se lleva a cabo la consulta, ya que “defrauda” el propio proceso participativo de la ciudadanía y nace desde el “incumplimiento” de la norma por parte del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Este PNIEC, que será el nuevo marco regulatorio nacional para el despliegue de energías renovables, está pendiente de actualización y el borrador genera “oposición, incertidumbre y controversia”, han asegurado desde la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, que junto al Colectivo Sollavientos se han sumado a la denuncia realizada por MacrorenovablesNo.

En sus alegaciones, cuyo plazo de presentación vencía ayer, lunes, han aludido a la Constitución Española que en su artículo 9.2 manda a los “poderes públicos remover los obstáculos para que los derechos sean reales y efectivos y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

El Ministerio, en la consulta pública sobre la actualización del PNIEC 2023-2030, “hace precisamente lo contrario” porque lo expone al público en periodo de vacaciones durante los meses de julio y agosto. Además, las sugerencias que se presenten han de hacerse en un documento Excel, encasilladas en una serie de medidas ya prefijadas por la propia Administración.

En la defensa de los espacios protegidos, aseguran necesitar que la Administración ponga al alcance del ciudadano la información de los macro-proyectos de renovables construidos, aprobados o en trámite, han exigido desde la Plataforma afeando que “no lo hace el Ministerio ni las Comunidades Autónomas”, siendo un objetivo de coordinación y cooperación con las Entidades Locales, recogido en la Declaración Ambiental Estratégica del PNIEC en vigor, en concreto se recoge en la página 2.681 del BOE 9 de 11 de enero de 2021.

Las Entidades Locales “ni conocen ni participan y tanto la ciudadanía como las Plataformas y Asociaciones de nuestro entorno rural, en nuestra lucha permanente, no se les toma en consideración ninguna de nuestras peticiones o alegaciones; que en la mayoría de las veces la Administración ni siquiera se dignan en contestar”, han abundado en una nota de prensa.

Incumplimientos

Sobre la “vigente” Declaración Ambiental Estratégica del PNIEC sostienen que “está repleta de obligaciones para los proyectos de renovables que no se cumplen” como que se deberá primar su ubicación en terrenos antropizados; se situarán fuera de los espacios protegidos o se evitará el cambio de uso del suelo agrícola, que suponga un impacto económico negativo para la población.

Asimismo, el borrador de PNIEC expuesto al público menciona “multitud de objetivos y principios que no se cumplen” como la mejora de la salud de las personas y el medio ambiente o la lucha contra el reto demográfico y la generación de beneficios para zonas rurales .

“Desde el medio rural vivimos justamente lo contrario de esto -han asegurado desde la Plataforma- porque se trata de afirmaciones realizadas desde el desconocimiento del mundo rural, pues con la instalación de magaplantas de renovables, el medio rural pierde progresivamente su medio de vida, lo que provoca desempleo y despoblación, al tiempo que compromete la soberanía alimentaria”.

Dos aspectos

Por ello, han recalcado que la participación “debe comenzar” porque el propio Ministerio cumpla con la normativa vigente, sobre dos aspectos fundamentales para las comunidades locales: la planificación y la participación ciudadana.

Sobre el primero, alertan de que si no se planifica, el promotor puede hacer lo que quiera y donde quiera, nada le obliga, ni le prohíbe, sin importar la protección del suelo o la biodiversidad afectada. “Esta es la realidad que padecemos en el mundo rural”, añaden en el comunicado.

La planificación es obligada en la normativa estatal y europea. En España está establecido en el artículo. 21 de la ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. En Europa también lo recoge el reciente reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de energías renovables.

“Para colmo, en la actualidad -han descrito- nos encontramos que, sin ninguna planificación, los proyectos de renovables de mayor tamaño ya no están sujetos a evaluación ambiental alguna, según el Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre”.

“Lo que aún resulta más escandaloso --han alertado desde la Plataforma-- es que a los agricultores se les aplica la Expropiación Forzosa de sus terrenos, con una ley pre-constitucional. Un proceso seriamente comprometido desde el punto de visto jurídico, si la expropiación no tiene su base en una planificación previa que la justifique”, dicen. En este contexto, han explicado que se está expropiando a los agricultores su medio de vida, para entregarle sus tierras al “negocio de otro particular; en muchos casos especulador”.

Participación

La Participación Ciudadana, por otra parte, es un derecho recogido en la normativa vigente, tanto en la normativa europea: El Convenio de Aarhus, ratificado por España, como en la normativa estatal: en La Ley 27/2006, de 18 de julio, que incorpora al ordenamiento jurídico español los derechos reconocidos en el Convenio de Aarhus.

Así, lamentan que “los municipios no conocen los proyectos, ni la ciudadanía participa en su tramitación. A las Plataformas y Asociaciones del entorno rural, no se les toma en consideración ninguna de sus peticiones o alegaciones que hacemos, que en la mayoría de las veces la administración ni siquiera se dignan en contestar. Pues todas las Plataformas y Asociaciones defienden, cada una en su territorio, el suelo que está protegido y su biodiversidad”.

Para MacroRenovablesNo el actual despliegue de megaplantas de renovables está siendo muy contestado porque se está llevando a cabo “sin ninguna planificación previa y sin la participación de los municipios, ni de las personas que viven y trabajan en el campo y sin respetar los espacios protegidos”, concluyen.