La ordenación debería haberse hecho antes del despliegue de las renovables en el territorio

Hay verdades de Perogrullo y la mayoría de las conclusiones alcanzadas por unanimidad por la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las energías renovables lo son por evidentes. El dictamen fue aprobado en el último pleno celebrado el pasado viernes y pone de manifiesto lo que la lógica dice, que antes de impulsar el desarrollo de un sector que puede tener graves afecciones medioambientales y paisajísticas debería hacerse una ordenación y una planificación. En conclusión, no hubo irregularidades, pero quedó claro que las cosas deberían haberse hecho de otra manera para que el interés público prevaleciese siempre sobre el privado ante la irrupción de un sector nuevo como el de los parques eólicos y fotovoltaicos con una gran voracidad.

Las conclusiones alcanzadas por unanimidad en la Comisión de Investigación, aunque en realidad ha resultado de estudio, son tan evidentes que recogen perogrulladas, es decir, cosas que son tan notoriamente sabidas y evidentes por la lógica, que resulta de una gran simpleza escucharlas. Al menos, deberán servir como hoja de ruta para lo que se haga a partir de ahora, aunque sobre lo pasado será imposible ya dar marcha atrás.

El dictamen de la comisión aprobado se divide en varias partes. Por un lado hay 19 conclusiones y recomendaciones sobre lo que debe hacerse, que en resumen es planificar teniendo en cuenta dónde se pueden y dónde no instalar estos parques. Son las propuestas aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Por otra parte hay otras conclusiones en las que no se alcanzó el consenso, y que salieron adelante por mayoría en función de los apoyos parlamentarios. Es en esas en las que se ve la discrepancia de los partidos sobre la forma que ha habido hasta ahora de actuar con el despliegue de las renovables, y que llevan al PP a afirmar que el cuatripartito durante la pasada legislatura y con el PSOE al frente en las dos últimas, no quiso ordenar la implantación de las renovables y “lo hizo de manera consciente”, pero sin valorar por qué.

Lo aclara algo una conclusión planteada por el grupo parlamentario Aragón Teruel Existe que no se aprobó por unanimidad pero sí tuvo los votos suficientes para salir adelante, y que dice que “el despliegue de renovables se ha realizado sin ordenación ni planificación, y sin evaluación ambiental estratégica, otorgándole al promotor una discrecionalidad casi total para elegir los emplazamientos de sus centrales”.

Pero en cuanto a irregularidades, la comisión no las ha encontrado, como recalcaron durante el debate los cuatro grupos del cuatripartito en la anterior legislatura: PSOE, PAR, CHA y Podemos. Otra cosa es que al no planificar y ante el colapso que se generó en la administración por la avalancha de proyectos, pues al final se han hecho cosas que con una ordenación previa seguramente no se habrían hecho.

Secuestro de políticas

Eso llevó a Teruel Existe el día del debate del dictamen en las Cortes a hablar de un “secuestro de políticas públicas”, ya que al no actuar la Administración para salvaguardar el interés público, al final acaba beneficiándose el interés específico de las empresas privadas que promueven estos parques.

Esa zona gris es la que deberá esclarecer la futura ordenación en la que trabaja el actual Ejecutivo, tanto con el Plan Energético como con la zonificación ambiental que aclare en qué territorios no es idóneo actuar para salvaguardar, por ejemplo, sus paisajes, al entrar en colisión con otro tipo de actividades que ya desarrollan esos lugares y que resultan perjudicadas con la instalación de los parques, desde las turísticas a las ganaderas.

En cuanto a cuestiones como la fragmentación de parques o lo referido a las líneas de evacuación o de transporte, las conclusiones aprobadas a través de votos particulares en función de los equilibrios parlamentarios, reafirman a cada grupo político en lo que ya mantenían antes de la comisión.

Las conclusiones, que son públicas, consideran en definitiva que las cosas se podrían haber hecho mucho mejor, y por eso hacen unas recomendaciones, aparte de entender que no se cometieron irregularidades. Además, se pueden entender como un propósito de enmienda en el sentido de que a partir de ahora se hará todo mejor, pero para que sea así urge planificar y ordenar el despliegue de este sector desde la Administración.

La celeridad que se imprima a ese ordenamiento aclarará si de verdad hay propósito de enmienda, y las confrontaciones generadas, no solo en el ámbito político sino también en la sociedad, recomienda que así se haga cuanto antes.

Y es que la primera conclusión y recomendación que hace el dictamen de la comisión es ese, que “es necesario impulsar una planificación energética y territorial, en coordinación con el Gobierno de España, para que se pueda conocer la idoneidad de la implantación de proyectos de renovables en determinadas zonas de Aragón, teniendo en cuenta todos los impactos ambientales, paisajísticos, sociales y territoriales”.

Urge por tanto a la presentación de un Plan de ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón que esté incluido en el nuevo Plan Energético de Aragón 2024-2030 y en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA).

Y en el desarrollo de esa planificación las conclusiones recomiendan que en la elaboración de la misma se incluya una “zonificación ambiental, en los términos que marca la Unión Europea, de despliegue preferente de renovables, facilitando así la autorización rápida de los proyectos en estos espacios y garantizando la protección de otros”.

El punto 12 establece por ello que debe reforzarse la evaluación ambiental para “eliminar o minimizar el impacto” que estas energías causan en “la flora y fauna”, además de en el “paisaje”. Para evitar lo que se denunció, el documento aboga por potenciar la labor de control y protección “en defensa del interés general”, garantizando la especialización y profesionalización de los recursos humanos destinados a ese fin y “garantizando la imparcialidad de las consultoras privadas externas que puedan colaborar con la Administración en los procesos de evaluación o control ambiental de proyectos de los particulares”.

A su vez, los grupos parlamentarios se muestran partidarios de promover una “simplificación y racionalización” de los procedimientos ambientales vinculados con las autorizaciones, tal como exigen a su vez las directivas europeas, para dotar de una mayor agilidad administrativa el control ambiental y evitar el “colapso o ralentización” en el Inaga en aras de evitar que se “reste competitividad a la economía aragonesa”.

De igual forma, las conclusiones piden una implicación del sector privado al considerar “deseable” que las empresas promotoras “realicen un despliegue en el territorio bajo un principio de buenas prácticas”. Abogan por eso los grupos a que además de las limitaciones legales que se impongan, desde la Comunidad Autónoma se estudie “la creación de medidas alternativas que fomenten la responsabilidad social de las empresas promotoras”.

Ligado al territorio

Se incide igualmente en que las instalaciones de energías renovables deberían estar asociadas a un “plan ligado al aprovechamiento de la energía en el territorio donde se ubican, generando nuevas industrias que permitieran generar empleo a la población local y un desarrollo económico en la zona en que se ubican”.

Y de la misma forma se incide en la necesidad de impulsar el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética con los recursos impositivos a las instalaciones para “contribuir a paliar el impacto generado en el territorio”.

El documento insiste mucho en la planificación y en esclarecer algunas cuestiones que en la comisión se vio que no están nada claras, como la capacidad de los municipios para regular o prohibir la instalación de parques de energías renovables. Recomienda por ello al Gobierno de Aragón que dicte normativamente una posición respecto a esa capacidad.

Las conclusiones señalan que al haberse redactado el Plan Energético de Aragón 2013-2020 con anterioridad al despliegue de las renovables, debería revisarse con urgencia. Y en la línea de lo establecido en el Decreto Ley 1/2023 y al haber constituido la Dirección General de Minas un grupo de trabajo, el documento señala que sus conclusiones deberán incorporarse como Anexo de Zonificación al futuro Plan Energético de Aragón, “teniendo naturaleza de Directriz Especial del Territorio, redactándose el Plan en el marco y objetivos del PNIEC”.

Abogan también las conclusiones por actualizar la normativa vigente en la Comunidad Autónoma en materia energética para acomodarla a las necesidades del sector, además de considerar importante que haya un “análisis y reflexión permanente sobre la situación del sector” que permita “racionalizar y vigilar el adecuado dimensionamiento del sector y su desarrollo”.

Por último se insta al Ejecutivo aragonés a que no autorice instalar plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses antes de que se haya elaborado el Plan Energético de Aragón 2021-2030, y que tanto en el mismo como en la Ordenación Territorial de Energías Renovables “no se autorice la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses aragoneses”.

Medidas

El dictamen de la comisión de las renovables achaca el colapso que sufrió la Administración autonómica con el aluvión de proyectos que recibió a la “falta de recursos humanos, materiales y legislativos” para favorecer la implantación de las renovables, por lo que considera necesario “dotar de los suficientes medios públicos para afrontar esta situación”.
Incide en ello en varios de los puntos de las recomendación recogidas en el documento, puesto que en materia de evaluación ambiental también se refiere a este aspecto y señala que es recomendable el “refuerzo de los medios personales y materiales, si fuera preciso, del personal técnico del Gobierno de Aragón para la tramitación de los expedientes o para la realización de las Evaluaciones de Impacto Ambiental”.
Considera igualmente que es preciso potenciar este sector en la Comunidad Autónoma por las potencialidades que tiene, y en este sentido indica que “Aragón debe apreciar el valor estratégico del sector de las energías renovables y encarar los retos a los que se enfrente, aprovechando las extraordinarias fortalezas que para ello tiene” el territorio aragonés.
Y en esa línea el dictamen de la comisión señala que “la Comunidad Autónoma de Aragón debe encontrar modelos en los que el consumo de la energía producida en Aragón sea vector de atracción y dinamización económica”. En definitiva, no solo generar energía para otros sino atraer industria.

Retos

Son diferentes los retos que fija el dictamen de la comisión, entre ellos el de “potenciar el autoabastecimiento, el autoconsumo industrial, las comunidades energéticas y los proyectos de generación distribuida” desde todas las administraciones públicas, además de legislar para favorecerlo.

Apoya las comunidades energéticas por cuanto van a ser importantes en los pueblos pero precisa que en Aragón son municipios pequeños “con poca estructura y unas tasas elevadas de envejecimiento de la población por lo que el apoyo institucional va a ser determinante pra la implantación de este tipo de comunidades”.

Plantea como importante favorecer el reciclaje de los elementos integrantes de las instalaciones generadoras de energías renovables, que a su vez puede impulsar una industria secundaria en la Comunidad Autónoma.

También se refiere al almacenamiento y a que las instalaciones de energías renovables tendrían que estar asociadas a un plan ligado al aprovechamiento de la energía en el territorio donde se ubican, favoreciendo así el desarrollo de nuevas economías en los territorios que las albergan.