La lucha contra la despoblación entra en una nueva dinámica en esta nueva legislatura

La lucha contra la despoblación va a entrar en una nueva dinámica en la legislatura que comienza ahora, marcada por la fragmentación política en lo institucional y con un movimiento ciudadano cada vez más estructurado y cohesionado en lo social. El mensaje ha llegado ya a las instituciones y figura en la agenda política, aunque los avances son lentos, mientras que desde las zonas despobladas se es cada vez más consciente de que es necesaria una política de comunicación que muestre al medio rural como un territorio lleno de oportunidades, aunque sin infraestructuras ni servicios será difícil convencer de sus bondades a quienes residen en las ciudades. El Defensor del Pueblo fue claro hace una semana: la despoblación es un problema de igualdad, y por tanto de salud de nuestro propio sistema democrático.

Las medidas que hay que tomar se conocen porque se han hecho diagnósticos hasta la saciedad, y en la Comunidad Autónoma de Aragón durante la legislatura pasada se dieron ya pasos importantes con la elaboración de una directriz demográfica y contra la despoblación, cuyas acciones tienen que empezar a desarrollarse en este nuevo periodo que arranca ahora tras las elecciones autonómicas y generales celebradas en abril y mayo. 

A nivel del Estado sucede lo mismo con la estrategia nacional, inconclusa durante la pasada legislatura por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, aunque este último dejó marcadas las líneas a seguir a falta de hablar con las Comunidades Autónomas y aprobar de una vez por todas el nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta la extensión del territorio y no solo el número de habitantes.

La semana pasada el Defensor del Pueblo, aun encontrándose en funciones, Francisco Fernández Marugán, dio un rotundo toque de atención al presentar su Informe Anual correspondiente a 2018, en el que hace una referencia especial al problema de la despoblación y le dedica incluso un anexo siendo bien claro en su diagnóstico: urge intervenir ya sin más dilación porque se ha pasado el tiempo de las rémoras.

A finales de este mes hará tres meses de la manifestación del 31M de la España Vaciada en la que se pidió un Pacto de Estado contra la despoblación. Aunque no se ha sabido nada más de aquello, el casi centenar de colectivos que impulsaron la movilización no han estado parados. Han dejado en este tiempo que hablaran los políticos, que presentaran sus propuestas para la próxima legislatura y que se celebraran los comicios. Durante estos meses han estado trabajando sin hacer ruido e impulsado reuniones para articular el movimiento de la España Vaciada para seguir activos y presionando a las instituciones.

A la vez, nuevas iniciativas se han ido sumando en este tiempo y quienes también se han movilizado son los profesionales de los medios de comunicación a través de la Red de Periodistas Rurales, que fueron los que promovieron el primer debate sobre despoblación con los partidos que concurrían a las elecciones generales en abril, y quienes la semana pasada con El Hueco y la Red Rural Nacional organizaron un seminario sobre cómo los medios de comunicación pueden ayudar a repoblar la España rural celebrado en El Burgo de Osma (Soria).

En ese encuentro, que clausuró la reina Letizia, los periodistas reflexionaron sobre cuál debe ser su papel, y donde quedó claro que aparte de profesionales también pueden ser activistas, porque se trata de la defensa de unos territorios donde han decidido desarrollar su carrera.

Si algo quedó claro es que aunque en los últimos meses la prensa estatal ha abierto sus espacios al problema de la despoblación, sigue habiendo una brecha entre lo que cuentan esos medios y la forma como están afrontando el tema los periódicos locales y provinciales del medio rural. Mientras los primeros están recurriendo en ocasiones a una imagen que roza lo folclórico, los segundos se están implicando dinamizando sus propios territorios y mostrando los casos de éxito como un ejemplo de las oportunidades que tiene la España rural.

La imagen que debe transmitirse de esa España interior fue una de las cuestiones que más se debatió en el foro de El Burgo de Osma, donde los profesionales se mostraron partidarios de mostrar las oportunidades que ofrece el medio rural y contribuir así a un cambio de mentalidad, pero sin renunciar por ello a denunciar las carencias. Si algo quedó claro es que un discurso no puede ocultar el otro, y que al igual que se fomenta ese cambio de mentalidad para hacer atractiva la vida en los pueblos para que la gente se asiente, hay que exigir que lleguen los servicios y las infraestructuras en condiciones.

De alguna manera es la pescadilla que se muerde la cola. Sin servicios ni infraestructuras se seguirá sobreviviendo y los pueblos serán poco atractivos, con lo cual las bondades de vivir en ellos se resentirán y la imagen no será positiva por más calidad de vida que se pueda vender.

Las nuevas tecnologías ofrecen posibilidades que antes no había para que la banda ancha llegue a todos los rincones, como puso de manifiesto en el seminario de El Burgo de Osma Manuel Campo Vidal, de la Red de Periodistas Rurales. No tiene por tanto sentido que se siga discutiendo sobre la fibra óptica si se puede acceder a las mismas prestaciones a través de las tecnologías vía satélite que ya existen y que pueden llevar el Internet de alta capacidad a cualquier rincón.

Lo mismo pasa con las trabas burocráticas que sigue habiendo en el mundo rural porque las normas administrativas están pensadas para las ciudades, y cuando se aplican en los pueblos lo único que hacen es entorpecer e impedir a los emprendedores que desarrollen sus proyectos.

En las conclusiones de este encuentro se abogó por un cambio de mentalidad que permita lanzar mensajes en positivo del medio rural y de sus oportunidades, máxime ahora cuando va a ser fundamental frente a los retos del milenio ante el cambio climático, además de por un compromiso con el territorio.

El director de El Hueco pidió una “nueva ruralidad” que permita alumbrar las líneas estratégicas de lo que deberá ser la nueva identidad rural para el siglo XXI poniendo el foco en las oportunidades para ofrecer la mejor imagen posible del mismo. Para ello las administraciones también deberán invertir y hacer algo que pueden poner en marcha ya porque no cuesta dinero, facilitar burocráticamente las cosas en las zonas rurales en lugar de entorpecerlas.

Cohesión e identidad

Campo Vidal incidió en que el medio rural requiere de una política de comunicación, y que para eso la prensa pequeña es vital porque cohesiona y refuerza la identidad de estos territorios, además de urgir por enésima vez a ese Pacto de Estado.

A la espera de que se formen los gobiernos, tanto el de España como el de la Comunidad Autónoma, en Aragón está circulando ya un decálogo que comparten entes cualificados en esta problemática, tanto en el mundo político como empresarial y social, en el que se apuesta por un nuevo discurso desde el compromiso pero también con actuaciones concretas que se tienen que impulsar ya.

Ese decálogo insiste en una discriminación legal positiva que permita reducir la burocracia y agilizar los proyectos que vayan a instalarse en el campo, así como el apoyo a la creación de empleo rural en todos sus ámbitos y a la formación para adecuar la preparación profesional a los recursos de cada territorio.

La banda ancha figura como prioridad también, además de la inversión pública en infraestructuras y comunicaciones empezando por la A-68 y el corredor ferroviario, lo mismo que la potenciación de la inversión pública y el mantenimiento de los servicios públicos básicos.

Una nueva política de vivienda que facilite los asentamientos en el medio rural, tanto para favorecer la construcción como el alquiler, una discriminación fiscal positiva y un transporte público que garantice la movilidad de sus habitantes, son los otros aspectos en los que incide ese decálogo, que se muestra además partidario de impulsar iniciativas pedagógicas que impliquen tanto a la población rural como a la urbana difundiendo las ventajas de estos territorios frente a cualquier imagen negativa.

Un toque de atención a tener en cuenta en los programas 

Los toques de atención que los movimientos ciudadanos de la España Vaciada han hecho para que se atienda a estos territorios ha sido tenido en cuenta por la mayoría de los partidos en sus programas electorales de los pasados comicios, aunque el tema no salió en ninguno de los grandes debates de los líderes nacionales.

La cuestión también está presente ahora en la política de pactos que hay abierta para el gobierno de las instituciones. Aunque se echa en falta a nivel estatal, en el ámbito autonómico sí se está teniendo en cuenta. Si el pasado sábado el concejal de Ciudadanos y futuro teniente de alcalde del Ayuntamiento de Teruel, Ramón Fuertes, fijó también dentro de las actuaciones municipales la lucha contra la despoblación, en el acuerdo de gobernabilidad suscrito la semana pasada entre el PSOE y el PAR a nivel autonómico se recogió igualmente esa cuestión como prioridad.

En las bases programáticas  para ese acuerdo de gobernabilidad ya se incide en materia de autogobierno en la urgencia de “exigir la inminente reforma del sistema de financiación autonómica para incorporar el coste de prestación de los servicios básicos en el territorio y las variables relacionados con la dispersión geográfica, la escasa densidad de población, el envejecimiento o la extensión territorial”.

Pero además, se hace referencia en particular a la despoblación y a la vertebración del territorio. Por un lado se comprometen ambos partidos a coordinar acciones desde todos los departamentos para impulsar la directriz demográfica, y a exigir a la Administración central y a la UE financiación, así como una fiscalidad diferenciada, e incorporar el impacto demográfico en todas las leyes y acciones de gobierno. También se comprometen a promover una financiación municipal estable, asegurar servicios básicos, y culminar el Plan de Banda Ancha en la totalidad del territorio en 2022, entre otras cuestiones.

El Defensor del Pueblo reconoce el trabajo de la Serranía Celtibérica

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, reconoce en su Informa Anual de 2018 el trabajo desarrollado por el Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica en materia de despoblación, y toma de referencia los datos que ha elaborado la investigadora Pilar Burillo Cuadrado para fijar el problema. Un fenómeno que Marugán considera en virtud de esos datos “devastador”, por lo que insta a las Administraciones a asumir de una vez compromisos.

El informe, entregado el miércoles de la semana pasada en el Congreso de los Diputados, analiza la situación de la despoblación en España y urge a las instituciones a que adopten medidas sin mayor dilación porque los diagnósticos se conocen desde hace tiempo.

Los datos en los que basa Marugán su informe, y que reproduce en el mismo respecto a la España vacía, son los elaborados por la investigadora de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de la Serranía Celtibérica Pilar Burillo, que ha elaborado un mapa en el que destaca que solo el 5% de la población española vive en el 54% del territorio.

Un territorio que a su vez corresponde a 4.375 municipios, que son, igualmente, el 54% de los 8.131 municipios que existen en el país, detalla el informe del Defensor del Pueblo, que reproduce el cuadro y el mapa elaborado por la investigadora turolense con el detalle de las zonas despobladas.

Afirma en este sentido Marugán que este trabajo de la investigadora de la Serranía Celtibérica recoge “con meridiana claridad los datos demográficos y las zonas de lo que se viene llamando áreas españolas escasamente pobladas”.

Constatado el problema, Marugán considera que ha pasado ya el tiempo de los informes, y recuerda que el Senado ya aprobó en 2015 una ponencia, siendo senador precisamente el parlamentario turolense Antonio Arrufat, donde quedó bien definido el problema así como las medidas que había que adoptar.

A pesar de ello, cuatro años después no se ha hecho nada, habiendo influido también, según recoge el informe del Defensor del Pueblo, la crisis económica vivida en los últimos años.

Argumenta, no obstante, que esta situación “genera una brecha de desigualdad que es incompatible con los principios constitucionales de equidad e igualdad en el acceso a los servicios públicos básicos”. Por este motivo Marugán entiende que el problema de la despoblación es una “cuestión de derechos y libertades pues lo que está en debate es el principio mismo de igualdad, y eso afecta a todos los españoles, vivan donde vivan”, algo que es inadmisible en una sociedad moderna, precisa.

Entre las cuestiones en las que incide el Defensor del Pueblo están los problemas que muchas zonas rurales tienen todavía hoy día para acceder a Internet, una tecnología fundamental hoy día para el desarrollo puesto que carecer de ella lo único que hace es incrementar la brecha entre territorios.

Por ese motivo urge al despliegue de la banda ancha en estas zonas “utilizando políticas públicas supramunicipales que garanticen el equilibrio territorial y reduzcan la denominada brecha digital entre lo urbano y lo rural”.

También considera “imprescindible” un transporte público adaptado a la demanda del medio rural, y “una red viaria local adecuada y la conexión a las vías rápidas de comunicación con una correcta red de carreteras secundarias o mediante el establecimiento y mejora de redes de ferrocarril”. Incide además en garantizar la movilidad a las personas que por edad, condiciones físicas o situación socioeconómica “no pueden acceder al uso del vehículo privado”.

Del mismo modo, considera prioritario el acceso a la educación en el medio rural “con las consiguientes dotaciones de personal y en actividades culturales y de ocio”.

Para impulsar soluciones, el Defensor del Pueblo indica que ha iniciado contactos con el Comisionado Estatal frente al reto demográfico, así como con las Comunidades Autónomas afectadas “para conocer los planes e iniciativas que tienen previsto realizar para afrontar el reto demográfico”.

Insta por ello a que las Administraciones garanticen los servicios básicos y racionalicen las estructuras administrativas para dar soluciones frente a esta “preocupante realidad”. Advierte al respecto que “si no se pone remedio” urgente, esta situación conducirá “a la despoblación absoluta”.