La lucha contra la despoblación afronta un otoño caliente marcado por el hartazgo

La lucha contra la despoblación afronta un otoño muy caliente marcado por el hartazgo de los movimientos reivindicativos de la España Vaciada, y por el propio cansancio de la ciudadanía  que no aguanta más el bloqueo político en el que está sumido el país. En ese contexto, las más de veinte provincias que cuentan con zonas afectadas por la despoblación afrontan ya los preparativos de una nueva movilización para el próximo 4 de octubre, además de estar haciéndose extensiva la idea de que ha llegado el momento de ir a por todas, sin descartar concurrir a las elecciones para intentar presionar y sacar adelante las reivindicaciones desde dentro de las propias instituciones.

Los movimientos ciudadanos que se aglutinan en torno a la denominada España Vaciada no son políticos, ni pretenden serlo, pero están ya dispuestos a todo y lo están demostrando. Si hace un mes trasladaban al presidente en funciones, Pedro Sánchez, sus demandas, la semana pasada lo hacían a Podemos en el Congreso, el posible aliado de los socialistas para  desbloquear la situación política y que haya Gobierno este mes en lugar de tener que  ir a elecciones otra vez en noviembre.

El poder está en la calle como nunca lo ha estado, y la respuesta al paro de cinco minutos convocado en toda la España Vaciada para el 4 de octubre va a ser una prueba de fuego y un importante toque de atención a la clase política, porque quien hablará será una ciudadanía cansada de la incapacidad de las fuerzas políticas por resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, en este caso los de los territorios afectados por la despoblación y el desequilibrio territorial.

El periodista Manuel Campo Vidal advirtió ayer en un artículo de opinión titulado “La confianza en los políticos se desploma”, publicado en periódicos de distintas regiones de la España Vaciada entre ellos Diario de Teruel, que la ciudadanía ha llegado a semejante nivel de hartazgo, que está dispuesta a todo para que la situación que padecen estos territorios cambie.

Si el viernes Teruel Existe no descartaba concurrir a las elecciones si no quedaba otro remedio, aunque sus portavoces reconocen que no es ese su papel porque se trata de un movimiento asambleario y de un sentimiento de lucha por el futuro de Teruel que está calando cada vez con más fuerza en el conjunto de la provincia, Manuel Campo Vidal aseguraba ayer en la prensa que eso está llegando a otras partes del territorio de la España Vaciada.

Ya con motivo de la manifestación del pasado 31 de marzo en Madrid se advirtió que esa España Vaciada, que se ha unido sin tener una ideología política detrás pero sí con un programa común, el de acabar con el desequilibrio territorial, equivale en términos de representación política a un tercio del Parlamento español. Si quienes representan a esos territorios se uniesen como lo ha hecho la sociedad civil, más allá de sus adscripciones políticas, tendrían un poder de decisión capaz de romper con el bloqueo político actual.

Manuel Campo Vidal en su artículo así lo advierte a los partidos políticos convencionales, incluidos los autodenominados de la nueva política, cuando señala que “entre las medidas que se debaten está la de presentarse a elecciones con la marca España Vaciada”.

Para Campo Vidal sería “el todos a una frente a un sistema parlamentario que legisla pensando solo en las ciudades”, y tras preguntarse si es algo utópico, argumenta que “no tanto” porque igual que hace cinco años “surgieron en España partidos nuevos, que hoy ya suenan tan viejos como los que había, no sería descabellado componer un grupo parlamentario en el Congreso o el Senado por la otra España, la que se siente desatendida”.

Propagación

A principios de año era impensable que la revuelta que surgió como un reto de dos de las plataformas reivindicativas históricas del país, Teruel Existe y Soria Ya, se propagara como un reguero de pólvora por todos los territorios de España con idénticos problemas.

Si en Aragón ya hay plataformas trabajando en esa misma línea en las provincias de Huesca y de Zaragoza -Acurba lo hará en el Pirineo y Huesca Suena en el resto de la provincia oscense, mientras que la plataforma Daroca y su Comarca se Resisten hará lo propio en el Campo de Belchite y Cariñena-, en otras partes del país está ocurriendo un proceso similar, y las plataformas reivindicativas de Granada ya están trabajando en extender la revuelta a las zonas de Almería y Murcia que padecen también el problema. 

Lo mismo está pasando en Castilla-La Mancha, Extremadura y las provincias de Segovia y Burgos, donde las plataformas se van sumando a la revuelta. En Teruel lo que se ha conseguido en los últimos meses es mallar el territorio, involucrar a gente de varios colectivos y comarcas para impulsar el movimiento reivindicativo en las mismas. 

Todo eso indica, como señala el portavoz de Teruel Existe, Pepe Polo, que hay un “espíritu de lucha y revuelta”, y que se ha llegado hasta aquí porque “estamos hartos”.

En la provincia de Teruel, además, se ha sumado el malestar por la inacción que está habiendo con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, por más que el parón y el retraso en encargar los estudios informativos se quiera achacar al bloqueo político por haber un gobierno en funciones. 

La unidad del movimiento de la España Vaciada que está consolidándose se sustenta en estos momentos sobre un documento programático que plantea una nueva política de reequilibrio territorial que acabe con las desigualdades que ha generado el que ha estado vigente durante las últimas décadas, y que ha llevado a España a una situación que no se da en el resto de Europa, una muestra evidente de que las cosas se han hecho mal en el Estado español y que el debate territorial se ha desviado en todo este tiempo hacia los nacionalismos en lugar de hacia el reequilibrio territorial, favoreciendo así el crecimiento desorbitado de una parte de España a costa del resto.

Ese documento, cuya presentación a la opinión pública comenzó la semana pasada y que ha sido elaborado con la participación del centenar de plataformas que integran la Coordinadora de la España Vaciada, reclama el Pacto de Estado contra la despoblación que se exigió en las calles de Madrid el pasado 31 de marzo con la manifestación que fue secundada por más de 100.000 personas.   

Se trata de un documento articulado como un programa de actuación institucional para subsanar los desequilibrios territoriales que el Estado ha provocado a lo largo de varias décadas, y para subsanarlo se proponen una serie de medidas concretas basadas en el desarrollo de las infraestructuras y de las telecomunicaciones, la reformulación de las políticas de equilibrio y cohesión territorial, el impulso a la actividad económica, los servicios a la población y vivienda, y un empoderamiento y cambio de imagen del medio rural. 

Financiación

Todo ello con una propuesta de financiación prolongada en el tiempo y que sigue el modelo alemán tras la reunificación del país germano para acabar con la brecha en infraestructuras que existía entre las dos Alemanias. La financiación que se propone es de 10.000 millones de euros anuales durante un periodo de 30 años, que se sacaría, según la propuesta de la España Vaciada, del 7% de la recaudación de los impuestos del IRPF, Sociedades y Patrimonio.

Para conseguirlo se requiere el consenso de todas las fuerzas políticas, y ese es el Pacto de Estado que se pide por parte de todas las formaciones. Una demanda de justicia social ante una situación prolongada de injusticia en las políticas de vertebración territorial que no se ha dado en ningún otro país de Europa.

Para eso se ha convocado el paro de cinco minutos a las doce del mediodía del próximo 4 de octubre en toda la España Vaciada, en aproximadamente unos 4.000 municipios, a cuyos habitantes se pide que ese día hagan oír de nuevo su voz a la clase política y a quienes viven en las ciudades para que tomen buena nota de que la Revuelta de la España Vaciada va en serio y no se va a callar más porque sus demandas están avaladas por el artículo 138 de la Constitución española y por otras normas de obligado cumplimiento en un Estado de Derecho como el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa. Normas que se están incumpliendo, con lo que se ponen en entredicho los pilares de la propia democracia.