La Ley de Montes de Socios que creó expectación contra la despoblación se estanca en el Congreso

La tramitación de Ley de Montes de Socios que creó tanta expectación como un instrumento más para la lucha contra la despoblación cuando se aprobó en el Senado la proposición de ley presentada por el PP, está estancada tras haber llegado al Congreso de los Diputados. No es un caso aislado, ya que como afirma la diputada del PP por Teruel en la Cámara Baja, Raquel Clemente, en la misma situación de bloqueo se encuentran la práctica totalidad de los proyectos legislativos que hay pendientes, incluidos los del propio Gobierno ante las dificultades que tiene para sacar adelante sus propuestas. En la pasada legislatura, Teruel Existe ya lo propuso a través de una Proposición no de Ley por ser una buena herramienta para dinamizar las zonas rurales frente al reto demográfico.

Cuando se presentó esta proposición de ley del PP en el Senado, el PSOE se abstuvo, pero salió adelante con el impulso de los populares al tener mayoría absoluta en esta Cámara. Es así como se han formulado varias propuestas legislativas conocidas como las leyes Feijóo, que tienen dificultad después para prosperar cuando pasan al Congreso.

En la pasada legislatura, cuando la agrupación de electores de Teruel Existe tuvo representación parlamentaria en las Cortes Generales, esta formación presentó una iniciativa no de ley para que se regulasen estos montes de socios. Fue en abril de 2021 en la Comisión de Agricultura del Congreso.

La Proposición no de Ley salió adelante por unanimidad y en ella se instaba al Gobierno a que se abordase de manera integral con una ley específica la situación de los montes de socios. En el Senado también se defendieron por parte de la agrupación de electores enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y 2023 para la regulación de estas sociedades de montes, aunque no fueron aceptadas.

Contaron para ello con la colaboración de la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), los mismos que han estado detrás de la Proposición de Ley que presentó este año el PP y que fue aprobada en el Senado. Aquella PNL de Teruel Existe presentada en 2021 tuvo el respaldo del PSOE, mientras que en la Proposición de Ley llevada por los populares al Senado, los socialistas se abstuvieron.

Potencial de las zonas rurales

El interés de regular los montes de socios, y por lo que esta ley podría ser un revulsivo para la lucha contra la despoblación, es que a través de ella se podría desarrollar el potencial que tienen los mismos. Eso permitiría disponer de un instrumento más para la revitalización económica, social y ambiental de las zonas rurales y ser una herramienta añadida para la lucha contra el declive demográfico por el valor que se daría a estas masas forestales. Además, su correcta gestión contribuiría a reducir el riesgo de incendios forestales.

Cuando la presentó el PP en el Senado, este grupo parlamentario argumentó que la ley se alineaba con sus políticas de lucha contra la despoblación y la defensa del medio rural. El texto de la Proposición de Ley argumenta en su preámbulo que regular los montes de socios para activarlos permitiría implicar a nuevos agentes en el territorio con sus raíces rurales mediante su reconocimiento como copropietarios.

En esencia, la propuesta de ley persigue que se facilite que haya una gestión de los montes de socios para que desde la colaboración se puedan sumar esfuerzos para dinamizar el territorio y ayudar a poner freno a la despoblación que sufren muchas zonas que han perdido habitantes, pero que en cambio gozan de una gran riqueza sin explotar como son sus montes.

En el preámbulo se dice también que “el proceso de despoblación de las áreas rurales del interior de España ha generado la pérdida de contacto” de sus propietarios, con el consiguiente abandono de gran parte de estas masas forestales o bien, “en el mejor de los casos, la atribución de las facultades de gestión al propio Ayuntamiento o a las llamadas sociedades de baldíos, en base a una ficción impuesta por la necesidad”.

Lo que se pretende con su regulación es que los montes recuperen a sus propietarios para salvarlos y acabar con su vulnerabilidad mediante la gestión sostenible y la conservación, y que el día de mañana puedan legarlos a sus descendientes.

Asfoso lleva liderando desde hace tiempo el tratamiento específico que deben tener estos montes, y de hecho fueron quienes impulsaron la modificación del artículo 27 de la Ley de Montes de 2003 que incorporó la figura de las juntas gestoras. Ahora están detrás de esta proposición de ley, como pusieron de manifiesto cuando se aprobó la iniciativa en el Senado y asistieron al debate y votación desde la tribuna del público.

Ha sido Asfoso la que ha ido configurando durante los últimos años este texto legal propuesto en el Senado a la espera de las aportaciones y mejoras que puedan hacerse desde las Cortes Generales. Aprobarla supondría, según esta asociación, dotar de seguridad jurídica a los 2 millones de hectáreas de montes de socios que aseguran que hay en España “permitiendo su recuperación y conservación, así como facilitar la actualización de la titularidad de sus actuales condueños”.

La asociación argumenta que es un “asunto estratégico” para provincias como Soria y Teruel, además de otras afectadas por la despoblación, donde los montes tienen un peso específico. Según esta entidad, la ley “contribuirá de forma efectiva a proporcionar mejoras ambientales, sociales y económicas en los lugares en los que este tipo de montes se ubican, que además coinciden con las zonas más afectadas por la despoblación”.

Los beneficios que aportaría son múltiples, recalca Asfoso. Por un lado contribuiría a la movilización de recursos, “al desarrollo de la bioeconomía forestal y a la generación de empleo en zonas rurales”. Y además desempeñaría un papel fundamental para luchar contra el riesgo de incendios forestales o hacer frente a cualquier tipo de plaga forestal.

La Proposición de Ley salió adelante en el pleno del Senado celebrado el 20 de marzo de este año sin votos en contra, aunque sí abstenciones, y fue remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación. Es en esta Cámara legislativa donde ha quedado varada. El 2 de abril la Mesa del Congreso acordó encomendar su aprobación a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y fijó el plazo preceptivo de 15 días hábiles para la fijación de enmiendas hasta el 23 de abril.

Desde entonces ese plazo se ha ido prorrogando semana tras semana, según figura en la web del Congreso. Se han hecho once ampliaciones de plazo desde entonces, la última para el 4 de septiembre, lo que supone dilatar la tramitación de una ley que en caso de aprobarse reportaría importantes beneficios para las zonas rurales, puesto que contribuiría a dinamizarlas y por tanto a luchar contra la despoblación, aparte de favorecer con ella la preservación de los montes y combatir los incendios forestales.

La diputada turolense por el Partido Popular Raquel Clemente, que es portavoz de este grupo parlamentario en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso, destacó la importancia de una ley así, pero lamentó que esté bloqueada en la Cámara Baja como otras tantas leyes ante la incapacidad del Parlamento para tramitarlas por la situación política que existe, incluidas las presentadas por el propio Gobierno al no tener capacidad de sacar nada adelante más allá de asuntos como la Ley de Amnistía por los intereses que hay detrás.

Clemente recordó que es una propuesta que llevaban tiempo trabajando en Soria con su asociación de montes y que pese a haberla presentado el PP, detrás ha habido mucha gente de toda España que ha hecho aportaciones.

La diputada popular turolense consideró que ese bloqueo y parón es generalizado en el Congreso, donde todas las leyes procedentes del Senado a propuesta del PP “están paralizadas”, pero es que “también están paralizadas las que ha propuesto el Gobierno”. Cita como ejemplos la ley de familia o la de movilidad sostenible, que tanta polémica ha generado en la España despoblada por la supresión de las paradas de autobús de las líneas estatales de transporte público. Y lo mismo sucede con la ley de cajeros propuesta desde Cataluña, que también tiene especial incidencia en el medio rural. Recordó que con la ley de vivienda fue el propio Ejecutivo el que la retiró en el último minuto antes de su debate.

A juicio de Clemente, si se tratara de un curso académico “podríamos decir que todas las asignaturas las han dejado para septiembre” porque el Gobierno está “secuestrado” por los independentistas. “El Gobierno en general no tiene ninguna capacidad ni ninguna confianza de poder sacar adelante ni sus propias leyes”, argumenta la parlamentaria, que pone como ejemplo lo que está sucediendo con las PNL, ya que los socios del Ejecutivo las apoyan unas veces y otras no. De ahí que las leyes que han prosperado sean escasas, como la de amnistía y la de paridad, esta última por el interés de evitar que el techo de gasto se pueda votar en el Senado.

Dinamización

Esta paralización está perjudicando a las políticas del reto demográfico, sostiene Clemente, que argumenta que la Ley de Montes de Socios sería una buena herramienta para la dinamización de las zonas rurales. Manifiesta que el Gobierno vende muchas cosas en la prensa pero después no se ven plasmadas en la realidad. Se muestra pesimista en este sentido y cree que las leyes que llegan del Senado no se van a votar porque la Mesa del Congreso tampoco las va a aceptar. “La sensación que tengo es que las van a dejar morir”, comentó esta semana la diputada del PP.

Recordó por otra parte que en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas se han propuesto dos grupos de trabajo, uno para las 130 Medidas del reto demográfico, y otro para la iniciativa España 30 que anunció el Gobierno, que pretende que ningún lugar esté a menos de 30 minutos de los servicios básicos, pero pese a ello no se ha hecho nada.

El problema, considera Clemente, es que al final todas políticas para combatir la despoblación se están trasladando a las Comunidades Autónomas aunque sin dotar de más financiación. Puso como ejemplo lo que está pasando con el mapa concesional del transporte, que está derivando hacia los gobiernos regionales lo que no cubra el estatal.

Criticó además el parón del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la ausencia de la ministra en los últimos meses, además de cuestionar la aplicación de las 130 medidas comprometidas por el Gobierno, que a su juicio han sido un “engaño”; mientras que desde Agricultura tampoco se ha planteado en Teruel ningún plan de regadíos para hacer rentable la agricultura en un territorio netamente rural como es la provincia “y facilitar así que la gente se quede en los pueblos”.

Argumentó que actuaciones que está imputando el Gobierno al reto demográfico con fondos europeos no lo son y es una forma de maquillar que hace algo, cuando “no ha sido capaz de sacar una estrategia contra la despoblación, que es lo que hay que hacer”.

En esa línea van propuestas como la Proposición de Ley de Montes de Socios, afirma la parlamentaria popular, que insta a su vez al Ejecutivo a que aplique medidas como las ayudas de funcionamiento a las empresas en su máxima intensidad. “No necesitamos aspirinas porque estamos ya en la UCI, y lo que Europa te permite hacer como estas ayudas es lo que hay que poner en práctica”, argumenta la diputada, para quien no vale la excusa que siempre pone el PSOE de que no hay presupuestos, “porque no los quisieron presentar y existe la vía del real decreto para sacarlo adelante”.

Al final, la diputada entiende que lo único que se ha estado haciendo es “hablar mal de los pueblos” y que la gente que vive en ellos se quiera ir a las ciudades, cuando hay que poner en valor la forma de vivir en ellos. Iniciativas como la Ley de Montes de Socios es un ejemplo, asegura, de cómo se puede legislar para favorecer al territorio en la lucha contra la despoblación.

Origen y futuro

Los montes de socios deben su origen en la mayoría de los casos al proceso desamortizador que tuvo lugar a mediados del siglo XIX en España, a través de un mecanismo en el que los vecinos acabaron erigiéndose como copropietarios y legítimos dueños de estos terrenos enajenados forzosamente.

La complejidad de ese proceso de desamortización ha provocado, no obstante, que el estado jurídico de una parte significativa de estos terrenos forestales sea incompatible con su adecuado aprovechamiento, cuidado y conservación con el desarrollo de cualquier función social. Y eso es lo que pretende subsanar la propuesta de Ley de Montes de Socios que se encuentra en tramitación en el Congreso, a través de las juntas gestoras para que no solo sean un instrumento de gestión sino una “palanca de lucha contra el abandono rural como agente activo de promoción del territorio”, señala la propuesta de ley.

De esa forma se pretende “propiciar el retorno de los eventuales beneficios económicos al propio monte o al territorio”, argumenta el preámbulo de la normal legal; erigiéndose así en un agente “catalizador de la voluntad colaborativa de los propietarios”. Y eso requiere que se adapte el régimen jurídico de los montes de socios a las posibilidades que se han revelado durante los años en los que se ha estado desarrollando el modelo de juntas gestoras para atender a su funciones económicas, ecológicas, sociales y culturales.