La hectárea expropiada para ampliar el Aeropuerto de Teruel se pagará a 15.000 euros

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel, del que forman parte el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, destinará 3,5 millones de euros para indemnizar a los propietarios de las 200 hectáreas de suelo sobre las que se llevará a cabo la ampliación de la plataforma y evaluará en las dos próximas semanas las cantidades que percibirán los arrendatarios de las parcelas agrícolas, que podrán continuar trabajándolas hasta septiembre.

La organización agraria UAGA, en representación de los afectados, había planteado que la expropiación de 200 hectáreas de cultivo, todas de reciente concentración parcelaria, “hipotecaba la continuidad de varias explotaciones agrarias” y urgía a dar una solución a los agricultores perjudicados, tanto a los propietarios como a los arrendatarios.

El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, explicó que, a petición del abogado de UAGA, Pablo Martínez, este lunes mantuvieron una primera reunión en la plataforma aeroportuaria para resolver las dudas de los afectados y explicarles el proceso administrativo.

Durante el martes y el miércoles, se llevó a cabo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Teruel la firma de las actas de ocupación de mutuo acuerdo, que rubricaron la totalidad de los propietarios de los terrenos. Entre los 43 titulares se encuentran, además de particulares, el propio Ayuntamiento o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Ibrahim explicó que todos los propietarios habían encontrado “satisfactorio” el pago de 15.000 euros por hectárea dado que el precio medio del suelo rústico en la zona es de 5.800 euros. “La indemnización prácticamente triplica el precio de mercado y es mayor de la que se abonó en 2008, cuando sí que hubo titulares que presentaron reclamaciones en los tribunales”, dijo.

El Consorcio se ha comprometido además a pagar estas indemnizaciones en el plazo de un mes a pesar de que la ley le otorga un periodo de seis meses.

El abogado de UAGA, Pablo Martínez, recordó que el hecho de que la ampliación se esté tramitando como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) acorta los plazos de todos los procedimientos, “lo que no beneficia a los particulares en el caso de las expropiaciones”. “Los propietarios tuvieron conocimiento del inicio del proceso a mediados de diciembre y, un mes después, ya se ha concretado”, dijo.

No obstante, corroboró que la oferta de la Administración para la adquisición de los terrenos por mutuo acuerdo había sido aceptada por los propietarios.

En paralelo, se ha abierto un proceso para establecer las indemnizaciones que deben cobrar la docena de agricultores que trabajan en régimen de arrendamiento las tierras ahora expropiadas.

Por un lado, se les permitirá continuar con las labores en las parcelas hasta el próximo septiembre de forma que puedan cosechar las que tengan sembradas, que era una de sus demandas. Y por otro, se ha comenzado a recabar la documentación necesaria que permita acreditar y evaluar los perjuicios que les supondrá dejar de disponer de estos terrenos.

“Deben presentar las ayudas cobradas de la Política Agrícola Común (PAC), entre otros papeles, porque las indemnizaciones se fijarán en función de cada caso particular”, explicó Ibrahim. Por eso, en un plazo de 15 días, se les volverá a citar para informarles de los pagos que les corresponden.

Pablo Martínez insistió en que es necesario alcanzar un acuerdo para indemnizar a los agricultores por la extinción de los arrendamientos y por las pérdidas de rentabilidad de sus explotaciones.

En este sentido, señaló que las fincas han sido objeto de una reciente concentración parcelaria, que ha supuesto una notable mejora de las condiciones agronómicas de las mismas. “Se han llevado a cabo muchos trabajos para eliminar ribazos y arreglar caminos y han quedado parcelas llanas de forma cuadrada o rectangular”, señaló.

“Los propietarios han estado de acuerdo con las indemnizaciones porque posiblemente las cifras son más altas que las del precio de mercado, pero los arrendatarios sienten incertidumbre porque van a perder la posibilidad de cultivar o de aprovechar los pastos, por lo que también deberían ser justamente indemnizados”, argumentó.

Inversión

El Consorcio prevé destinar al pago de las indemnizaciones alrededor de 3,5 millones de euros, lo que le permitirá disponer de 200 hectáreas de terreno adicionales para llevar a cabo la ampliación del Aeropuerto de Teruel, cuyo proyecto redacta la empresa Turiving SA, y que ha sido declarado Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA).

La documentación del anteproyecto ha sido ya remitida al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para iniciar los trámites de evaluación de impacto ambiental y a la CHJ dado que el desvío de barrancos es otra de las actuaciones necesarias.

El director del Aeropuerto recordó que esta ampliación, que supondrá una inversión de 45,58 millones en diez años, permitirá habilitar 240 plazas de aparcamiento hasta las 400, construir nuevas infraestructuras y duplicar el empleo.

Sale a licitación el servicio de extinción de incendios para los próximos dos años

El Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha sacado a licitación el contrato del servicio de salvamento y extinción de incendios por un importe de 350.212 euros (IVA incluido) por una duración de 24 meses, prorrogables por otros 24, lo que supone un incremento del 10% más que el contrato actual. El plazo para la presentación de ofertas termina este viernes a las 14:00 horas.

El director del Aeropuerto de Teruel, Alejandro Ibrahim, explica en el informe de necesidad del contrato que es de obligado cumplimiento, según las normativas aeronáuticas, disponer de este servicio para la prevención de incendios y la intervención en caso de emergencias que afecten a las aeronaves, edificios e instalaciones.

Ibrahim añade que el crecimiento de las operaciones registrado desde febrero de 2013 hace necesario el servicio todos los días laborables del año, así como una mayor disponibilidad del personal de la empresa adjudicataria los fines de semana.

Actualmente hay un contrato de prestación de este servicio, que finaliza el 4 de julio. Por ello, es necesario iniciar los trámites de una nueva licitación del servicio.

Por otro lado, el Consorcio ha adquirido un nuevo camión de salvamento y extinción de incendios dotado de los equipos necesarios para cumplir con el servicio.

En paralelo, el Consorcio ha sacado también a licitación el contrato de seguro de responsabilidad civil general y como operador de aeropuertos por un importe de 69.000 euros y un periodo de vigencia de un año.