La estrategia frente al reto demográfico, la térmica y el carbón, el ferrocarril y la A-68, las tareas que dejó pendientes el Gobierno de Rajoy y que ahora debe afrontar Pedro Sánchez

El nuevo Gobierno del socialista Pedro Sánchez ha heredado varias tareas pendientes que ha dejado el Ejecutivo del PP sin terminar de cerrar durante el mandato de Mariano Rajoy y que urgen a Teruel. Por un lado está el futuro de la térmica y la situación de la minería del carbón, sobre la que el nombramiento de Teresa Ribera como nueva ministra de Transición Ecológica ha provocado incertidumbre por su perfil claramente ecologista y a favor de las energías renovables. Queda en el aire además la estrategia estatal frente al reto demográfico, tantas veces anunciada por el Gobierno de Rajoy en los últimos meses como pospuesta su presentación desde finales del año pasado. Lo mismo sucede con la declaración ambiental de la A-68, mientras que las obras del tren y el contrato con Renfe sobre los servicios ferroviarios como obligaciones de servicio público también han quedado en el aire. 

Hay otros asuntos relativos a Teruel que quedan pendientes tras el relevo al frente del Ejecutivo central, como los compromisos adquiridos con las obras de mejora de la N-330 por parte de los anteriores responsables de Fomento, o la reforma de la PAC propuesta desde el Gobierno de Aragón que permita entre otras cuestiones la equiparación de los estratos.

Con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) de 2018 firmado en Arcos de las Salinas poco antes de que se materializara la moción de censura que descabalgó a Rajoy del Gobierno de España y aupó a Sánchez, queda pendiente también por fijar la reunión de la subcomisión que debe acordar los proyectos a financiar durante este año, para la que no había todavía fecha pero que urge para no demorar por más tiempo las iniciativas que se puedan llevar a cabo con estos fondos.

A la espera de que el nuevo Gobierno que preside Pedro Sánchez tome contacto con la realidad de lo que se encuentre en los diferentes ministerios, y al margen de los proyectos que se quieran impulsar a largo plazo, hay una serie de cuestiones que urgen y en las que el anterior Ejecutivo estaba trabajando, con independencia de que no las hubiera terminado de desbloquear todavía y que siguiesen pendientes sin concretar en su agenda política.

Entre las más urgentes estaba la situación de la térmica de Andorra y el futuro del carbón, así como la puesta en marcha de la estrategia estatal frente al reto demográfico y contra la despoblación, después de que así lo hubiese asumido el Gobierno de Rajoy tras el mandato de la Conferencia de Presidentes celebrada en enero del año pasado.

Con el cambio de gobierno tras la moción de censura, la intención del anterior ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, de impedir el cierre de las térmicas legislando en ese sentido a través de un decreto ley, así como de mantener una importante presencia del carbón en el mix energético hasta el año 2030, se cae también a la espera de la política que fije en este sentido el nuevo Ejecutivo.

Sánchez ya ha comunicado a sus socios europeos que piensa reorientar la política española en materia de energías renovables y cambio climático, por lo que ha elegido a Teresa Ribera para encargarse de las áreas de energía, agua, medio ambiente y cambio climático. El nombre de su ministerio, llamado de Transición Ecológica, es muy ilustrativo.

Como ya informó este periódico, de momento el cambio de Gobierno ha paralizado las negociaciones del Plan Miner, mientras en las cuencas mineras aumenta la incertidumbre sobre su futuro a la espera de que el nuevo Ejecutivo concrete lo que va a hacer más allá de lo que se entiende que hará tras el nombramiento de Ribera.

Otro asunto que dejó pendiente Rajoy fue la estrategia contra la despoblación, que en teoría se iba a presentar este mes después de que se hubiera ido retrasando de forma sucesiva desde finales del año pasado.

El Gobierno del PP incluyó en enero del año pasado por primera vez dentro de su agenda política el problema de la despoblación, aunque entendido como reto demográfico. Creó para ello un comisionado especial y puso al frente del mismo a la comisionada Edelmira Barreira.

El objetivo de esta comisionada era elaborar una estrategia estatal que Rajoy se comprometió a presentarla a finales del año pasado. Llegada esa fecha se anunció su presentación para principios de 2018 y desde entonces se ha ido posponiendo mes tras mes. La última fecha anunciada era para este mes de junio aunque no se había concretado todavía el día.

Cuestión prioritaria

Los socialistas tienen en su agenda política esta cuestión como un asunto prioritario, y de hecho la Comunidad Autónoma de Aragón, gobernada por el PSOE con CHA, fue una de las principales impulsoras del acuerdo de la Conferencia de Presidentes alcanzado hace un año al incluir como prioritario el problema de la despoblación.

En el Parlamento Europeo también fue el PSOE el que impulsó el año pasado la aprobación del informe de la europarlamentaria socialista española Iratxe García por el que la Eurocámara reclamó una estrategia de la UE para hacer frente a la despoblación.

Además, en el Senado los socialistas mostraron hace poco su beligerancia contra el anterior gobierno porque no avanzaba en esta cuestión, y presentaron una moción que acabó siendo tumbada por el PP. En ella el PSOE planteaba la necesidad de impulsar cuestiones como las bonificaciones fiscales y la mejora de la conectividad en los territorios afectados por la despoblación. 

Además, hace dos legislaturas -teniendo en cuenta que la penúltima duró muy poco tiempo- los socialistas ya impulsaron un paquete de medidas desde la oposición en la Cámara Alta cuando era senador Antonio Arrufat, si bien el Ejecutivo del PP no incluyó ninguna en los Presupuestos Generales del Estado. El nuevo Gobierno de Sánchez deberá demostrar ahora con hechos que está por hacer frente al problema con medidas concretas como lo ha venido defendiendo desde la oposición en los últimos años. Además, los socialistas fueron los impulsores de la ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural de 2007 que con la crisis económica no llegó a desarrollarse.

Lo mismo pasó con las infraestructuras de comunicación comprometidas con la provincia y que están estancadas desde hace una década. En cuestión de carreteras, la herencia que ha legado el Gobierno de Rajoy al de Sánchez es la declaración ambiental de la A-68, que según los parlamentarios turolenses del PP estaba a punto de salir.

Así lo anunciaron a principios de abril de este año los parlamentarios en las Cortes Generales Alberto Herrero y Miguel Ángel Estevan. En una rueda de prensa ofrecida en Alcañiz, ambos aseguraron que la Declaración de Impacto Ambiental de la A-68 entre Fuentes y Valdealgorfa iba a ser aprobada al mes siguiente, es decir, en mayo pasado, si bien no fue así.

Es uno de los proyectos que han defendido los socialistas y que impulsaron con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo que no debería haber problemas en que saliera adelante a pesar del cambio de Gobierno.

En materia de carreteras Fomento se había comprometido también con el arreglo de la N-330 entre Teruel y el límite de la provincia de Cuenca invirtiendo 13 millones en una primera fase entre Teruel y Villastar, a la vez que se redactaba el proyecto de acondicionamiento entre la intersección con la N-420 en Torrebaja y Villastar, con un coste estimado de entre 125 y 150 millones de euros.

Situación del ferrocarril

En cuanto al ferrocarril, el Gobierno de Rajoy impulsó el año pasado un acondicionamiento de la línea entre Zaragoza, Teruel y Sagunto para mejorar su capacidad de carga para el transporte de mercancías. La actuación comprometida ascendía a 330 millones de euros a ejecutar hasta el final de la legislatura, consistente en la eliminación de las limitaciones de velocidad, la mejora de la capacidad portante (toneladas por eje que se pueden transportar), la instalación del tren-tierra, la mejora de la infraestructura, la construcción de apartaderos de 750 metros y la electrificación en vía única.

Hasta la moción de censura el Ejecutivo de Rajoy había acometido la eliminación de limitaciones de velocidad en dirección a Sagunto, quedando pendientes otras en sentido Zaragoza, además de poner en servicio el tren-tierra y el control de tráfico centralizado e iniciado todo el proceso para la construcción de los apartaderos a lo largo de la línea y dar los primeros pasos para acometer la electrificación. 

Lo último que sacó adelante el Gobierno de Rajoy antes de la moción fue la adjudicación de las obras para aumentar la capacidad portante de la línea entre Teruel y Sagunto, al estar limitada a 20 toneladas por eje cuando en el resto es de 22,5 toneladas. Las obras se adjudicaron por 742.850 euros en abril pasado y la intención, según informó Adif en su día, es que los trabajos pudieran iniciarse antes del verano.

A este respecto, la Asociación de Vecinos del Ensanche recordó ayer que confiaban en que el cambio de gobierno no dé al traste con el compromiso de Adif con el Ayuntamiento de Teruel para poder ensanchar el paso bajo la vía de la cuesta de los Gitanos aprovechando estos trabajos, actuación necesaria para poder acometer la mejora de los accesos a este barrio de la capital.

En cuestión ferroviaria, el PSOE siempre ha considerado que la inversión comprometida por Fomento suponían solo obras de mantenimiento de la línea, habiendo sacado adelante el mes pasado en el Congreso una Proposición no de Ley para impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo -Unidos Podemos no la respaldó-, por lo que es de esperar que sea uno de los asuntos que impulse el nuevo Ejecutivo, entendiendo que lo hará con doble vía y electrificada, de alta capacidad para tráfico mixto de mercancías y viajeros tal como lo contemplaba el proyecto original del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre este corredor, el Gobierno de Rajoy diferenciaba el tramo entre el País Vasco y Zaragoza, planteándolo de doble vía, mientras que entre Zaragoza, Teruel y Sagunto lo concebía como una vía única y electrificada sin modificaciones de trazado. 

Respecto esta última cuestión, los representantes de la patronal en la comisión de seguimiento de estas obras habían pedido que se acometiera la modificación del trazado en los puertos de Cuencabuena y Paniza. La comisión se creó para reunirse cada tres meses, pero desde otoño del año pasado no se reúne, por lo que se desconoce cuáles eran los últimos planes de Fomento con el Gobierno de Rajoy ni si había tenido en cuenta esa posibilidad.

En cuestión ferroviaria también ha quedado en el aire la firma del contrato de los trenes de obligación de servicio público entre Renfe, dependiente del Estado, y el Gobierno de Aragón, entre los que están los del trazado Zaragoza-Teruel-Sagunto.

Servicio público

Este ha sido uno de los caballos de batalla del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo aragonés, que llevó a la DGA a no renovar el convenio con Renfe para el mantenimiento de los servicios no considerados obligación de servicio público.

Finalmente, al no haber acuerdo en la Comisión Bilateral, el Ejecutivo aragonés ha asumido el pago de esos servicios, que en el caso de la provincia turolense afecta a los trenes de primera hora de la mañana y última de la tarde que enlazan Teruel con Zaragoza y Teruel con Valencia, si bien en este último caso se abona el recorrido hasta Caudiel.

Justo una semana antes de la moción de censura, el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, se dirigió al entonces ministro de Fomento Íñigo de la Serna para pedirle una reunión con el fin de que todos los servicios fuesen asumidos por el Estado por ser de su competencia, y reconocerse la relación Zaragoza-Teruel-Valencia como obligación de servicio público (OSP) en el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de diciembre de 2017. Fomento volvía a plantear que los trenes de primera hora entre Teruel y Zaragoza y Teruel y Valencia fuesen convenidos para su continuidad ya que los excluía de la OSP. 

Es una cuestión por tanto que hereda el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez y que deberá resolver en un sentido u otro, obligando a la DGA a mantener los convenios, o asumiendo por fin la circulación de todos los trenes a cargo del Estado por ser una competencia suya.

Otro asunto que deberá resolver el nuevo Gobierno socialista en Madrid será la propuesta de reforma de la PAC lanzada desde el Ejecutivo aragonés y que ha ido sumando apoyos de otras comunidades autónomas al ir incorporando algunas modificaciones al planteamiento inicial. Se trata de un momento clave porque se está negociando ahora en Europa el próximo marco financiero a partir de 2020 y en lo que respecta a la política agraria común se prevén importantes recortes.