La DPT aprueba la ordenanza del Plan de Obras dotado con 21,6 millones de euros

La Diputación de Teruel aprobó  en pleno por unanimidad la ordenanza reguladora del Plan de Obras y Servicios 2020, que supondrá una inyección de 21,6 millones de euros para actuaciones en municipios y barrios procedentes de los remanentes de la institución. 

El presidente de la institución provincial, Manuel Rando, destacó que se trata de una convocatoria “muy abierta” y los municipios podrán destinar el dinero a lo que deseen puesto que hay muy pocas restricciones: “Es para cualquier cuestión que necesiten los municipios de nuestra provincia”, aseguró. 

El vicepresidente de la institución, Alberto Izquierdo destacó el carácter “extraordinario” del pleno al dar luz verde a casi 22 millones que “van a ir a tejido económico y empresarial de la provincia, a muchas pequeñas obras que vendrán muy bien a esta situación que estamos sufriendo”.  En este sentido Rando añadió que las ayudas “van a hacer que se mueva la economía provincial”. 

Por su parte Pedro Bello, diputado de Ganar-IU destacó que se trata de una “inyección histórica” en los pueblos que además llega “en el momento idóneo”. 

En el pleno se aprobó el listado de barrios que se van a beneficiar del nuevo plan, ya que de esos 21,6 millones 1,6 son específicos para los núcleos que dependen administrativamente de otras poblaciones. El listado de barrios ha salido adelante pese a la abstención de los 9 diputados del Partido Popular y el portavoz, Carlos Boné, aclaró en el turno de intervención que no critican el reparto de los fondos, sino la elaboración del listado, que incluye 102 núcleos, “porque no han quedado claros los criterios de lo que se considera barrio”. Rando respondió que se envió un escrito a los propios ayuntamientos para conocer cuántos barrios tenían y añadió que “si hay algún error al respecto, se solucionará”. 

Con estas ayudas específicas para barrios, cada uno de ellos recibirá al menos una cuantía fija de 12.000 euros más una cantidad variable atendiendo a criterios de población. 

Tras la aprobación de las normas en el pleno, el siguiente paso será la convocatoria de las subvenciones, que podrá prever la solicitud de inclusión de obras contratadas de forma plurianual y fijará los plazos de ejecución y de justificación de las ayudas, pudiendo establecer su carácter improrrogable. Esta convocatoria servirá para financiar actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2021.

Además de estos 21,6 millones de euros, está previsto que a lo largo de este año haya una segunda convocatoria de este plan con una partida de 10,8 millones de euros, con cargo a los presupuestos de 2021, con lo que la institución provincial dedicará  un total de 32,4 millones a apoyar a los ayuntamientos que quieran realizar inversiones en la mejora de la prestación de servicios públicos.

Esta segunda convocatoria incluirá 10 millones para municipios y 800.000 para barrios, de manera que recibirán justo la mitad que con la primera convocatoria. En esta ocasión servirá para financiar actuaciones realizadas entre enero de 2021 y noviembre de 2022.

Respecto a las actividades subvencionables por el Plan de Obras y Servicios, en concreto abarca las consideradas inversiones de capital, tales como las inversiones en cualquier tipo de infraestructura que sea de titularidad municipal, o esté cedida al Ayuntamiento por un mínimo de treinta (30) años, y la adquisición de bienes inmuebles para destinarlos a un uso o servicio público. Además, también incluye el equipamiento de cualquier clase, tendente a promover y mejorar actividades y servicios públicos.

Las áreas de actuación en las que será posible realizar las inversiones son limpieza viaria,  alumbrado público, parques y jardines, obras de interés en el medio ambiente, centros de Salud y servicios asistenciales, centros docentes, equipamientos culturales, cultura, patrimonio histórico-artístico, instalaciones para festejos, instalaciones deportivas, infraestructuras agropecuarias productivas, impulso demográfico en el medio rural, información y promoción turística, realización de actividades económicas, recursos hidráulicos, caminos vecinales, parque móvil municipal y edificios municipales.

Queda excluido todo el gasto corriente, así como las obras de urbanización que deban costearse obligatoriamente por los propietarios distintos del Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística; nichos, sepulturas, columbarios y otros elementos de enterramiento que son abonados por terceros; y los proyectos o actividades que tengan por objeto sondeos de investigación de agua. Tampoco se incluye la construcción o rehabilitación de viviendas, salvo que sean para potenciar el asentamiento de nuevos pobladores en municipios de la provincia de Teruel de menos de 5.000 habitantes.

Requisitos

Las inversiones serán subvencionables si se destinan a promover una actividad económica nueva mediante el aprovechamiento de recursos locales, debiendo el Ayuntamiento percibir una contraprestación económica por uso de las instalaciones o el bien sujeto a financiación en forma de canon, renta, tarifa o precio público. También debe ser una actuación no coincida con otras iniciativas privadas ya existentes e iguales a la propuesta en la población que se va a desarrollar.

La determinación del importe máximo de subvención que se concede a cada municipio se realiza atendiendo a la diversidad demográfica de la provincia, en aras a que la diferencia de población entre los municipios más grandes y los más pequeños no distorsione un reparto equitativo. 

La ciudad de Teruel no está incluida en el Plan de Obras y Servicios dado que por tamaño y población puede acceder a una financiación distinta del resto de municipios, aunque sí atiende a sus barrios. En el caso de Alcañiz y Andorra se otorga un porcentaje fijo en atención a la proporción respecto al resto de municipios de la provincia, el 2% para la capital del Bajo Aragón y el 1,5% para Andorra.  Deducidas estas cantidades se establece un fijo por municipio o entidad local de 30.000 euros y, del resto del presupuesto, se suma el importe que se establece por población con una cantidad fija por habitante (el 15% de la partida disponible) y otra cantidad por tramos de población donde se prima a las localidades  con menos habitantes (hasta el 85% de la partida).

Por su parte, el Plan de Obras y Servicios destinado a los ayuntamientos que cuenten con barrios se fija en aquellos que aparecen en la Encuesta de Equipamiento en Infraestructuras realizada por la Diputación y los datos del INE. Se establece una cuantía fija de 12.000 euros para cada barrio y una variable en función de los habitantes.

Cada municipio podrá solicitar un máximo de cuatro solicitudes para el Plan de núcleos de población principales, con un importe mínimo de 5.000 euros IVA incluido. En el caso del Plan de barrios, las solicitudes máximas son dos por cada núcleo, sin que el importe supere la cantidad total asignada a cada barrio y con un mínimo por cada actuación de 3.000 euros, IVA incluido.

Más asuntos

En la sesión plenaria también se han aprobado con el respaldo de todos los grupos modificaciones presupuestarias para comenzar a utilizar las partidas incluidas en el Fondo de Contingencia de la Diputaciones, que recoge el dinero previsto para actuaciones sociales y culturales que aún están amenazadas por la situación epidemiológica. 

Otro de los puntos que ha salido adelante por unanimidad es el traspaso al Gobierno de Aragón de la carretera TE-V-8026 de Valdelinares al aparcamiento de cota baja de la estación invernal. “Por nuestra parte quedaría el expediente cerrado, las obras están terminadas y recepcionadas, están en perfecto estado de entrega”, comentó al respecto Alberto Izquierdo.

Todos los grupos votaron a favor de no participar en la ampliación de capital de Motorland, que proponía la aportación de más de 590.000 euros por parte de la Diputación de Teruel. Tras esta decisión la participación de la DPT en la sociedad baja del 6,56% al 5,26%, según se explicó en el pleno. 

En el turno de ruegos y preguntas el presidente  tuvo un recuerdo a Purificación Adrián, que falleció hace unos días. Recordó que era Cruz de San Jorge y que había sido la primera directora del Museo de Teruel y mandó “un abrazo afectuoso a toda la familia” de parte de los miembros de la institución.

Ciudadanos preguntó sobre si la DPT tiene información acerca de la macrogranja que se proyecta en Huesa del Común y solicitó que se realicen “todos los trámites que sean necesarios para garantizar la salubridad del agua en los pueblos de la zona”. Alberto Izquierdo mandó un mensaje tranquilizador a las poblaciones y Ayuntamientos cercanos porque “cualquier instalación tiene que tener una Declaración de Impacto Ambiental”, un trámite “largo y escrupuloso” que garantizara la calidad de agua de boca. “Ninguna empresa hará nada sin las bendiciones ambientales”, sentenció el vicepresidente. 

El portavoz del Partido Popular preguntó datos sobre el Plan Remonta y también sobre cuándo se retomarían los plenos presenciales, a lo que el presidente respondió que él también desea recuperar la presencialidad: “A ver si el próximo pleno puede ser presencial, a ser posible en la Diputación”, dijo. 

Por último, Rando y Boné se enzarzaron en una discusión relativa a las opiniones vertidas en los medios de comunicación sobre los barrios rurales.

Suspensión de la regla de gasto hasta 2022 y construcción de depuradoras

En el pleno de salieron adelante dos declaraciones institucionales referidas a la regla de gasto y a la construcción de las depuradoras. La primera partió de una propuesta presentada por los grupos PSOE y PAR y en ella se insta a prorrogar la suspensión de las reglas fiscales hasta diciembre de 2022 como medida para garantizar que las entidades locales cuenten con recursos suficiente para afrontar los efectos de la pandemia. Esta medida permitiría usar los remanentes para hacer frente a los efectos que dejará en la economía la covid.

La otra de las declaraciones institucionales partió de una propuesta del Ganar-Izquierda Unida en la que planteaba que el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés del Agua, finalizara la construcción de las depuradoras en los municipios incluidos en las zonas 10B y 10C del Plan Aragonés de Saneamiento, que corresponden con localidades de más de 1.000 habitantes equivalentes. En Teruel afecta a las localidades de Cantavieja, La Iglesuela del Cid, Valdealgorfa y Aguaviva, aunque en la propuesta incluyeron también a la localidad zaragozana de Nonaspe. En la propuesta se planta que “a la mayor brevedad posible, y se liciten las obras de las distintas estaciones depuradoras de aguas residuales”. 

La declaración no se queda ahí sino que solicita al Gobierno de Aragón a desarrollar las actuaciones necesarias para construir depuradoras en municipios de un tamaño inferior a 1.000 habitantes equivalentes. 

Cs pide la reactivación de los sectores que se han quedado fuera de todas las ayudas por la pandemia

Ayudas para las empresas franquiciadas, los propietarios de los puestos del mercadillo, empresas de eventos y guías turísticos, ludotecas y parques infantiles y actividades deportivas como gimnasios, academias o entrenadores personales. Esos son los sectores que a juicio de Ciudadanos han quedado olvidados hasta ahora en las ayudas del Gobierno de Aragón y para los que piden apoyo económico en una moción que salió adelante en el pleno de la Diputación de Teruel gracias al apoyo de todos los grupos políticos. El Partido Socialista y el Partido Aragonés incluyeron unas modificaciones que fueron aceptadas, una de ellas sobre la redacción del texto y otra referida a incluir también los sectores de la hostelería y el turismo que se han visto obligados a la paralización completa de la actividad.  

La moción del PP reclamando ayuda por los gastos de limpieza de Filomena se queda en el camino

El Partido Popular planteó habilitar una línea de ayudas para pagar los gastos de limpieza que la borrasca Filomena ocasionó a los Ayuntamientos pero no salió adelante al respaldarla solo los diputados de este grupo y el de Cs. El portavoz, Carlos Boné, planteó que esta medida es necesaria debido al elevado coste económico que han supuesto dos borrascas en menos de un año –Gloria en enero de 2020 y Filomena en enero de 2021–. Desde el PSOE y el PAR comentaron que el Gobierno de España ha habilitado ayudas para instituciones y particulares por los daños causados y aseguraron que la DPT “estará a lo que haga falta” y llegará “donde no lleguen otros”.