La Diputación de Teruel aprueba una modificación de crédito de 1,44 millones de euros

La Diputación de Teruel (DPT) aprobó este jueves por unanimidad en un pleno extraordinario una modificación presupuestaria de 1,44 millones de euros para poder pagar una indemnización de cerca de un millón de euros por un accidente laboral ocurrido en 2018, cuya sentencia judicial es ya firme, así como hacer frente al pago de 80.000 euros de electricidad y otros gastos para no demorarlos.

El Partido Popular fue muy crítico en la rueda de prensa previa a la celebración del pleno, en la que acusó al equipo de gobierno PSOE-PAR de falta de “eficiencia” por no ser previsores, y le reprochó que la modificación se hubiese hecho dando de baja, entre otras partidas, los 1,3 millones recogidos en presupuestos del Plan de Obras y Servicios (POS) de 2022, que pasarán al próximo año. No obstante, los populares votaron también a favor de la modificación “por pura lógica”, según manifestó la diputada del PP, Yolanda Sevilla, que pidió durante el pleno ser más ágiles para solucionar estas situaciones.

El presidente de la DPT, Manuel Rando (PSOE), y el vicepresidente, Alberto Izquierdo (PAR), aclararon que se trataba de una cuestión rutinaria consistente en una “reprogramación” de los presupuestos para “reordenar” una serie de cantidades y “ser más eficaces”. Ambos defendieron la gestión que hace el equipo de gobierno y achacaron el revuelo del PP en la rueda de prensa previa a las ganas de hacer “ruido” por la cercanía de las elecciones.

Rando dijo que las críticas del PP por el POS no tenían “ni pies ni cabeza” y que si algo ha hecho mal el equipo de gobierno lo ha reconocido, no siendo este el caso porque está la Caja de Cooperación y no ha recibido queja alguna de alcaldes.

Reprogramación de fondos

Izquierdo añadió que era algo tan “fácil” como una “reprogramación de fondos”, puesto que los ayuntamientos pueden justificar hasta diciembre de 2023. “Se reprograman los fondos para que a la mayoría se les beneficie”, dijo el vicepresidente, de manera que a partir del 29 de enero próximo “ya podrán justificar y cobrar”. Incidió en que se hace esta reprogramación de los fondos “para ser más útiles”, puesto que entrarán el año que viene.

Los populares Yolanda Sevilla y Carlos Boné recalcaron en cambio en rueda de prensa que por parte del equipo de gobierno había “falta de trabajo” y “desidia”, que “venden” las cosas y luego no las hacen. “Para anunciar nunca llegan tarde, pero para hacer las cosas bien siempre llegan tarde”, apuntó Sevilla.

Desde el equipo de gobierno de la DPT explicaron que la modificación de créditos era necesaria para poder abonar la indemnización fijada en una sentencia judicial por un accidente laboral que sufrió un trabajador de Vías y obras en el año 2018, durante la legislatura pasada. El fallo es firme desde el pasado 19 de septiembre y cuanto más se demore el pago más se incrementará por el abono de los intereses, de ahí la urgencia de convocar el pleno extraordinario para resolver este asunto lo antes posible. La indemnización es de aproximadamente 900.000 euros, aunque la modificación propuesta se eleva al millón por el tema de los intereses.

La otra partida importante de la modificación de créditos aprobada es de 80.000 euros para afrontar los costes de electricidad, además de cantidades para combustible por el incremento que ha tenido el precio de la energía. El portavoz del PP denunció el impago de recibos de la luz y se extraño de que no se hubiese cortado.

Prioridades

El presidente de la DPT señaló por su parte que la prioridad que se da en la institución es trabajar para no perder subvenciones, que se pagarán las facturas de la luz y que con el suministro eléctrico lo que hacen las administraciones es sacarlo a licitación pública, mientras que ahora se quiere entrar en una bolsa general de compra. Desde la institución precisaron que se está estudiando la adhesión al acuerdo marco de homologación de suministro de energía eléctrica aprobado por el Gobierno de Aragón, con lo que se busca la posibilidad de acudir a distintos proveedores y obtener unas mejores condiciones económicas y en el servicio.

Para un mejor aprovechamiento del presupuesto, en la modificación se ha incluido también la financiación del Centro Asociado de la Uned de Teruel y su aula de extensión en Alcañiz por 334.000 euros, de manera que se libera de esta obligación al presupuesto de 2023. Entre las nuevas partidas aprobadas también hay 12.000 euros para material de oficina y 3.500 para gastos de asistencia jurídica.

La institución provincial explicó que las bajas de créditos se han tomado de partidas de actuaciones que no se habían realizado, cuyo coste se ha revisado a la baja o que se van a acometer con el próximo presupuesto.