La DGA media con el Ministerio para lograr una nueva convocatoria de ayudas que permita la extensión de la banda ancha en las tres provincias
El Gobierno de Aragón ha exigido una nueva convocatoria urgente de ayudas que permita la extensión de la banda ancha en las tres provincias aragonesas al denunciar que el programa impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y cofinanciado con Fondos FEDER, deja fuera inicialmente a 12 provincias, entre ellas las aragonesas.
La Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, al tener conocimiento de la "insólita situación", se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que gestiona el programa, para solventar el problema.
Según el Gobierno de Aragón, tras las conversaciones mantenidas en los últimos días, el Departamento ha arrancado el compromiso del Estado para la puesta en marcha cuanto antes de una nueva convocatoria parcial, que permita la llegada de subvenciones para la mejora del servicio.
El programa PEBA 2020 incluía casi 4 millones de euros para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha en las tres provincias aragonesas, en las denominadas zonas blancas -aquellas sin cobertura actual y que no tienen previsiones de despliegue en los próximos tres años-.
En esta edición, por primera vez las ayudas también se dirigían a las zonas grises, aquellas con una cobertura de nueva generación deficiente, proporcionada por un solo operador, y a una velocidad inferior a los 100 megas.
Además, como novedad, la convocatoria de este año establecía un nuevo mecanismo de cómputo basado en unidades inmobiliarias, dentro de cada área georreferenciada y marcaba unos límites mínimos para considerar las propuestas.
Las diferencias en la interpretación de este nuevo criterio por parte de algunas de las operadoras de telecomunicaciones que concurrieron ha supuesto la desestimación automática de multitud de propuestas, ha advertido el Gobierno de Aragón.
El problema ha sido recurrente en todo el país; de hecho, solo 33 de los 108 proyectos presentados han sido finalmente aceptados de acuerdo con la resolución provisional del Ministerio y la inversión final del programa no alcanza ni el 60 % del importe previsto en un principio.
Con solo 105,77 millones de los 186 destinados inicialmente al plan, el programa solo beneficiará a 33 provincias de las 45 previstas.
Se trata de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Cantabria, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Girona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Badajoz, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Navarra y La Rioja.
Para la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, es "inadmisible" que por un fallo de interpretación en el programa de subvenciones la Comunidad se quedase fuera y ha lamentado que a Aragón se le deban cinco millones del plan de este año que están sin ejecutar.
Además de exigir una convocatoria complementaria, tal y como se ha acordado con el Ministerio, Maru Díaz ha urgido que se modifiquen a futuro "unos criterios que están pensados exclusivamente para el despliegue en grandes ciudades".
En este sentido, ha recordado el compromiso del Ejecutivo autonómico en garantizar un buen acceso a internet en las zonas menos pobladas y dispersas, que contribuya a cerrar la brecha digital y hacer frente al reto demográfico.
Con esta premisa, el Gobierno de Aragón es partidario, y así se lo ha trasladado al Ministerio, de modificar la regulación actual para la competencia entre operadoras y el modelo de subvención al despliegue que, si bien está siendo eficaz para cubrir grandes áreas con alta densidad de población, se está demostrando insuficiente para resolver el problema de muchísimas localidades que no resultan atractivas para las operadoras por coste de inversión y mantenimiento.
Esta modificación, que afectaría solo a las zonas rurales, debería ir dirigida a facilitar las actuaciones de las Administraciones públicas en aquellas poblaciones donde las operadoras no consideren viable abordar las inversiones de despliegue de banda ancha.
En Aragón, los últimos datos apuntan a que en torno al 94 % de las personas disponen de banda ancha en sus domicilios. Actualmente, existen distintos planes de despliegue de banda ancha (a 30 megas), que en conjunto benefician a más de la mitad de las localidades de las tres provincias.
No obstante, la crisis sanitaria ha demostrado la necesidad de tecnologías más escalables para permitir un uso intensivo de internet.
Además, la Comunidad se enfrenta al reto de garantizar el servicio a las más de 200 entidades singulares de población de menos de 50 habitantes que aún no disponen de él.
El compromiso del Ejecutivo es complementar el servicio allá donde no llega nadie y tratar de mejorar en la medida de lo posible el que ya se presta, para romper la brecha digital, teniendo en cuenta el enorme desafío territorial que plantea Aragón, por su extensión, orografía, dispersión y envejecimiento de la población.
Con esos objetivos, la Comunidad prepara un "ambicioso proyecto" que espera poder financiar con cargo a los fondos europeos Next Generation
