La determinación de Teruel es su principal baza para luchar por ser la sede de la Agencia Espacial

La determinación con la que Teruel está trabajando desde distintos frentes para que la futura sede de la Agencia Espacial Española se ubique en la provincia es la principal baza con la que cuenta para conseguirlo, unido al potencial que representan el Aeropuerto de Teruel y el Observatorio de Javalambre, a la espera de que el Gobierno central inicie el proceso de concurrencia competitiva para decidir su emplazamiento. Ganas hay y posibilidades también, pero la hora de la verdad llegará cuando se publiquen los criterios de selección y se presenten los candidatos, que cada día aumentan y en la actualidad son ya ocho, aunque Tres Cantos y Robledo, en la Comunidad de Madrid, estarían en principio descartados.

Dentro de dos semanas la Ley de Ciencia se aprobará de forma definitiva en el Senado tras haber pasado por el Congreso, y será a partir de ese momento cuando comience la cuenta atrás para que Teruel se lance a cazar al vuelo este organismo estatal con la ilusión que ha mostrado hasta ahora.

No hay nada decidido todavía, y tampoco el Congreso ha avalado la candidatura de Teruel por más que se haya dicho lo contrario tras la ceremonia de la confusión en que acabó convertido el debate y la votación de la moción que llevó Teruel Existe al Parlamento, que terminó siendo transaccionada con el PSOE y fue apoyada por el 49% de los parlamentarios, mientras que el 47,5% se abstuvieron. La agrupación de electores pretendía ese aval específico a Teruel, pero las enmiendas que presentaron tanto el PSOE como el PP lo impidieron.

Lo que el Congreso ha hecho a través de esta moción es instar al Gobierno a que analice y valore todas las candidaturas en igualdad de condiciones, si bien incide en que se tenga en cuenta la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, al igual que recoge la Ley de Ciencia tras una enmienda introducida por Teruel Existe. No obstante, estos criterios estaban recogidos ya en el Real Decreto aprobado en marzo que regula el procedimiento para la elección de las sedes de los nuevos organismos del Estado que se descentralicen.

Esta semana la sociedad civil turolense se ha sumado a esa reivindicación de forma multitudinaria en el acto de apoyo que concitó a asociaciones vecinales, culturales y de todo tipo, además de medios de comunicación, para suscribir el respaldo a la candidatura de Teruel.

Un mes antes ya habían hecho lo mismo las instituciones locales de la provincia, entre ellas la Diputación de Teruel y por supuesto el Ayuntamiento de la capital, y los agentes económicos y sociales, además de la Universidad, y días después se ratificó ese compromiso institucional a través del Foro Aeroespacial Teruel 2022, iniciativas todas ellas impulsadas por el Gobierno de Aragón a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, a cuyo frente está Maru Díaz, que lidera la candidatura de Teruel.

Un año de trabajo

Desde el Departamento de Ciencia se lleva trabajando un año para captar la atención de Madrid y conseguir que la Agencia Espacial se ubique en Teruel. A la par ha habido varias iniciativas en las Cortes Generales impulsadas por Teruel Existe que han puesto igualmente a la capital turolense en el punto de mira. También se han aprobado resoluciones en las Cortes de Aragón en ese sentido y el Gobierno de Aragón aprobó en mayo una declaración institucional en esa línea, a lo que se han ido sumando otras instituciones turolenses y aragonesas, la última el Ayuntamiento de Zaragoza.

El procedimiento para determinar dónde se ubicarán los nuevos organismos estatales está regulado en el Real Decreto 209/2022, de 22 de marzo, pero solo sienta los principios generales y establece los plazos, ya que para cada organismo se fijarán unos requisos específicos. Para avanzar en ello, el mes pasado el Consejo de Ministros ya aprobó el Consejo del Espacio, un grupo interministerial que se encargará de elaborar los estatutos y el plan inicial de actuación de la futura agencia para acelerar su creación, que el Gobierno pretende que esté operativa a principios de 2023.

Dos son las normas que en estos momentos tienen establecido algún criterio sobre cómo elegir la sede de la agencia. La primera, de carácter genérico, es el Real Decreto que regula el procedimiento de elección de las sedes físicas de los nuevos organismos  que se crearán, que señala que será a través de un proceso “objetivo y competitivo”, pero que también tendrá en cuenta la “vertebración y equilibrio territorial”.

La decisión final, de acuerdo con este Real Decreto, la tomará el Consejo de Ministros y deberá estar motivada y atender a criterios que tengan en cuenta, entre otros, “la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo o la lucha contra la despoblación”.

Una Comisión consultiva integrada por varios ministerios será la encargada de elaborar un informe sobre los criterios que se tendrán en cuenta en la elección, y que a su vez se encargará de elaborar un dictamen una vez analizadas las distintas candidaturas que se presenten.

Criterios

Los criterios se establecerán de forma específica para cada organismo estatal, pero de manera genérica deberán tener en cuenta la lucha contra la despoblación y el desempleo. En el primer caso Teruel tiene todas las cartas a favor, pero en el segundo no, si se compara con otras provincias que han manifestado su intención de optar.

El Real Decreto establece que “se contribuirá a luchar contra el fenómeno de la despoblación al tomar, por ejemplo, en consideración como factor la tendencia demográfica de las distintas regiones que pueden albergar a cada entidad pública”. Y añade que  “se reforzarán las oportunidades laborales al primarse localidades o provincias con elevados niveles de desempleo y se fomentará una mayor presencia del sector público estatal en aquellas comunidades autónomas en las que el Estado ha estado hasta ahora menos presente”.

La Ley de Ciencia, aprobada ya en el Congreso y que entró el pasado viernes en el Senado, no especifica más sobre los criterios de selección. De hecho, la ley en un principio no recogía nada sobre la ubicación hasta que Teruel Existe introdujo una enmienda que fue transaccionada, y que lo que hace es incidir en lo ya establecido por el Real Decreto del Gobierno.

Es lo mismo que hizo la moción transaccional de Teruel Existe y el PSOE aprobada en el Congreso, que introduce matices sobre cómo favorecer la cohesión territorial a través de la elección de la sede de la agencia con el objetivo de “vertebrar las áreas de periferia demográfica y revertir el proceso de despoblación”, así como vincular su ubicación “con el impulso a un nuevo eje de economía del espacio para optimizar su capacidad de dinamización territorial”. También especifica que deberá atenderse el caso de las pequeñas ciudades.

La iniciativa de la agrupación de electores sirvió para que en las Cortes Generales se hablase de la candidatura de Teruel para albergar la sede de la agencia, pero la mayoría de sus señorías no se enteraron del fondo de la cuestión porque el hemiciclito estaba prácticamente vacío. Eso hizo que muchos creyesen que lo que se votaba era el apoyo a la candidatura de Teruel, y así lo creyó también el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, como dio por hecho la semana pasada en el Senado cuando aseguró que se había votado eso y que al Gobierno le había “parecido muy acertado”.

Si la ceremonia de la confusión en que se convirtió la votación de esta moción ayuda por despiste a facilitar la ubicación de la sede de la agencia en Teruel, bienvenida sea, pero lo ocurrido vuelve a poner de manifiesto cómo desde la política se trivializan y desvirtúan las cosas dentro del debate parlamentario.

Así lo hizo el PP en el debate de la moción. Presentó una enmienda donde no se recogía el apoyo específico a Teruel y que no fue aceptada por el partido proponente, lo que llevó a los populares a abstenerse, y después a través de un comunicado de prensa acusó a Teruel Existe de abrir la posibilidad mediante la transaccional pactada con el PSOE de que la agencia no llegase definitivamente a la provincia, cuando el PP en su enmienda planteaba “concurrencia competitiva”, es decir, lo mismo.

La letra pequeña de la iniciativa que defendió Guitarte en sede parlamentaria no se escuchó, entre otras cosas porque apenas había diputados cuando la presentó en el pleno desde la tribuna de oradores, pero sobre todo porque ya no se escucha ni en el Parlamento ni en ningún sitio, solo se oye, y lo que queda es el ruido y los titulares a golpe de clic.

Discriminación positiva

La clave estaba en esa letra pequeña, cuando el diputado de Teruel Existe advirtió que “la concurrencia competitiva sin corrección, sin adecuación, va a mostrar que existen territorios que a veces ya no tienen capacidad de competir”. O hay discriminación positiva hacia sitios que como Teruel tienen ahora una posibilidad de despuntar en algo como el sector aeroespacial, o al final pasará de largo una oportunidad como esta por más empeño que se esté poniendo con la excelencia que ha alcanzado el Aeropuerto de Teruel y el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón.

Siempre quedará la esperanza de que las manifestaciones del secretario de Estado para la Agenda 2030 no sean fruto de la confusión sino del compromiso real, porque su ministerio es uno de los que está en la Comisión consultiva para decidir la sede, y de que la ministra de Ciencia, Diana Morant, que estaba en el pleno el día que se votó la moción, entendiera no ya lo mismo sino los argumentos por los cuales la concurrencia competitiva no puede convertirse en un algoritmo que en lugar de corregir desequilibrios los siga favoreciendo.

Un plazo de seis meses para la elección, que el Estado contempla la posibilidad de reducir a la mitad

El Real Decreto del Gobierno que regula el procedimiento para la selección de la ubicación de los nuevos organismos estatales establece un plazo máximo de seis meses para tomar una decisión desde su inicio. Aclara que el Consejo de Ministros podrá declarar la tramitación del procedimiento de urgencia, con lo cual los plazos se reducirán a la mitad.

Hasta que la Ley de Ciencia no sea aprobada definitivamente no puede iniciarse el proceso. La ley termina este mes su tramitación parlamentaria en el Senado y deberá aprobarse en el pleno de la semana del 18 de julio. A partir de ese momento se acelerará todo, pero previamente el Consejo de Ministros deberá acordar el inicio del procedimiento y en el plazo de un mes la Comisión consultiva deberá emitir un informe con los criterios en los que se basará la selección de la sede. Se comunicará al Consejo de Ministros y se publicará en el BOE, momento a partir del cual los aspirantes tendrán el plazo de un mes para presentar sus candidaturas, en las que podrán ceder bienes inmuebles y asumir costes financieros.

Una vez presentadas, el Ministerio de Ciencia y las instituciones que se consideren necesarias deberán emitir informes. Se podrán tomar en consideración también localidades que no se hubiesen presentado al proceso. La Comisión consultiva emitirá con todo ello un dictamen que enviará al Miteco y el Consejo de Ministros decidirá en qué lugar la ubica.

Una batalla en la que Teruel tiene la ventaja de llevar un año visibilizando su candidatura

En la batalla que se ha iniciado ya por albergar la sede de la Agencia Espacial Española, antes incluso de que el Gobierno lance la convocatoria para comenzar el proceso de elección, Teruel tiene la ventaja de llevar un año visibilizando su candidatura. Otros aspirantes son Puertollano, León, Canarias, Sevilla, Cebreros, Tres Cantos y Robledo