La despoblación entra en las políticas del Estado con partidas pendientes de visibilizar

La lucha contra la despoblación y  el reto demográfico, así como la dinamización de las zonas rurales, ha entrado definitivamente en las políticas estatales y también en los Presupuestos Generales del Estado, aunque con partidas que están pendientes de visibilizar a través de diferentes programas ministeriales. El año 2020 ha marcado un antes y un después a la hora de hacer frente al reequilibrio territorial del país, que figura como uno de los ejes fundamentales del Plan España Puede puesto en marcha por el Gobierno central. A ello se sumó la aprobación en el Congreso de una moción de Teruel Existe para impulsar el Pacto de Estado contra la despoblación, y las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón a lo largo del pasado ejercicio, centradas sobre todo en el trabajo con otras Comunidades Autónomas para conseguir que Teruel sea perceptora de ayudas al funcionamiento de empresas, la aprobación de un nuevo modelo de financiación y el impulso a la Ley de Dinamización del Medio Rural.

Mucho se ha hablado de despoblación a lo largo del año pasado, como ya se hizo durante el anterior, pero en esta ocasión con avances considerables aunque pueda dar la impresión de que no se dan pasos en esta materia. De entrada, la cohesión social y territorial y por tanto la lucha contra la despoblación y la igualdad de oportunidades con independencia de dónde se viva, ha pasado a formar parte de los ejes sobre los que se sustenta el Plan España Puede, junto con la transición ecológica, la transformación digital y la igualdad de género.

En su discurso de investidura a principios de año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dejó claro que la lucha contra la despoblación y la reconversión de las zonas mineras serían prioridades de su Ejecutivo, aunque dos meses después la pandemia de la Covid-19 se vino encima y el avance en ambas cuestiones no fue el deseado debido a la emergencia sanitaria.

No obstante, durante el primer año de legislatura se han ido tendiendo las bases programáticas y dibujando las políticas que de forma transversal, y en colaboración con las autonomías, irán tejiendo las acciones que se tomarán para hacer frente al reto demográfico, asumido como cuestión de Estado en enero de 2017 y cuya estrategia estatal sigue pendiente de aprobación.

Sánchez se ha posicionado durante los doce primeros meses de su gobierno sobre la ruta que piensa seguir teniendo como referente la “senda” emprendida por Aragón desde hace tiempo en cuestiones como la potenciación de los servicios públicos en las zonas rurales, y las políticas transversales que favorezcan a estos territorios a la hora de asentar población y crear empleo además de atraer a nuevos emprendedores.

Es un compromiso además que figura en el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Teruel Existe hace un año, cuyo primer punto establece como prioridad negociar con el resto de las formaciones políticas la consecución de un Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, y que deberá contemplar un mecanismo estable de financiación.

Así se ha comprometido Sánchez en todas sus intervenciones públicas, al igual que los miembros de su gobierno a la hora de apostar por políticas transversales que hagan frente al reto demográfico, y así se lo han recordado de manera insistente los parlamentarios de Teruel Existe tanto en el Congreso como en el Senado.

Fue esta agrupación de electores la que llevó el Pacto de Estado a la Cámara Baja en el mes de junio para su aprobación a través de una moción, que salió aprobada con el respaldo de todo el Congreso con la excepción de Vox, que se abstuvo.

Impulso del diálogo

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, logró consensuar los intereses de casi todas las fuerzas políticas a través de una moción que fue transaccionada en un ejercicio de diálogo y no de confrontación tan habitual en los partidos políticos. 

La moción instó al Gobierno a aprobar un Plan de Reactivación de las zonas despobladas en coherencia con el Plan de Recuperación de la Unión Europea y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en esta materia, en la que el único diputado de Teruel Existe participó intensamente en todas las reuniones de trabajo e incorporó la perspectiva del reto demográfico en el texto final.

En otro punto de la moción se instaba a una planificación con medidas concretas centradas en la modernización de las infraestructuras de transporte, la digitalización, el desarrollo territorial mediante políticas específicas y el impulso a la diversificación económica. Por último, se instaba en el tercer punto a acordar en el Congreso un Pacto de Estado hacia una España vertebrada y por el reequilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico en la España vaciada con medidas concretas como el desarrollo de programas y estrategias para el asentamiento de la actividad empresarial, entre otras.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2021 han incorporado finalmente por primera vez un programa específico para Reto Demográfico, aunque dotado solo con 19 millones, de los cuales 17 irán destinados a proyectos de inversión. No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aclaró en repetidas ocasiones que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española destinará más de 2.500 millones al reto demográfico, si bien no se ha especificado dónde y en qué políticas de cada ministerio. Sí se han avanzado algunas, pero Teruel Existe luchó tanto en el Congreso como en el Senado durante la tramitación presupuestaria para que se concretara ese plan con esos fondos especificando a qué programas iban a estar asignados, y visibilizándolos de esta forma para poder controlar su ejecución. 

No fue aceptada esa enmienda, aunque en el trámite parlamentario sí se aprobó una enmienda a Teruel Existe, de las cuatro que consiguió introducir en el Congreso, para la creación de un Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación (Labnad), como un proyecto tractor dirigido a integrar a las zonas despobladas en la dinámica de la economía digital.

Sin concretar los fondos destinados a las políticas transversales para el reequilibrio territorial, la ministra Ribera sí se ha referido en numerosas ocasiones a cuestiones como la conectividad territorial y la digitalización de todo el territorio, así como actuaciones en vivienda, tan necesarias en el medio rural con medidas específicas para municipios de menos de 5.000 habitantes, o en depuración para localidades similares y una inversión cercana en este caso a los 800 millones. El Estatuto Básico de los Pequeños Municipios, la deslocalización de determinadas dependencias del Estado y de su aparato a zonas despobladas, como es el caso del anunciado centro de Renfe en Teruel, son otras políticas que ha ido avanzando la ministra en sus intervenciones, al igual que en política educativa para la formación profesional o el proyecto Aulas Mentor para reforzar la oferta formativa en municipios pequeños.

Así lo explicó la ministra a las Comunidades Autónomas y entidades locales en la segunda Conferencia Sectorial del Reto Demográfico celebrada en noviembre de forma telemática, donde dio cuenta del desarrollo de la Estrategia Estatal frente el redo demográfico, que deberá ser aprobada en Conferencia de Presidentes, y en la que anunció un proceso de participación pública que se convocó días después a través de una manifestación de interés, para que se presentaran aportaciones dirigidas a implementar acciones concretas a desarrollar en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Impulso desde Aragón

Aragón ha sido una de las Comunidades Autónomas que más ha trabajado durante el pasado ejercicio en impulsar políticas para combatir la despoblación. Además de avanzar en la elaboración del proyecto de ley de Dinamización del Medio Rural, que está redactando el comisionado contra la despoblación, Javier Allué, desde el Ejecutivo aragonés se ha estado trabajando junto con los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha y Castilla y León para impulsar medidas concretas que permitan beneficiarse a estos territorios de políticas contra la despoblación a nivel no solo del Estado español sino de la Unión Europea.

Durante la segunda mitad del año pasado celebraron varios encuentros, el último de ellos en diciembre, además de una reunión telemática conjunta con la comisaria de la Competencia de la CE para conseguir que las provincias de Teruel, Cuenca y Soria se puedan beneficiar de las ayudas al funcionamiento empresarial como disfrutan las regiones nórdicas con problemas de despoblación. Las tres autonomías presentaron alegaciones al reglamento que debe regir esta posibilidad, y además han unido esfuerzos de cara a un nuevo modelo de financiación autonómica.

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), que impulsan las confederaciones empresariales de Teruel, Cuenca y Soria, también presentaron alegaciones para que estas provincias puedan optar a ayudas al funcionamiento empresarial, que en caso de conseguirse permitiría poder tener bonificaciones de hasta un 20% en la Seguridad Social, lo que haría muy atractivos sus territorios para el asentamiento de iniciativas empresariales.

Además, la SSPA en 2020 hizo aportaciones al proyecto de ley de Dinamización Rural de Aragón y a la mesa de Reconstrucción del Congreso, lo mismo que  al anteproyecto de ley de Telecomunicaciones a nivel estatal, y elaboró el Mapa 174 sobre zonificación de zonas despobladas para la mejora de las políticas frente al reto demográfico. No cesó tampoco en su interlocución con Europa, donde se ha seguido trabajando para que la despoblación sea un factor a tener en cuenta en las políticas comunitarias para el periodo 2021-2027. 

Serranía Celtibérica advierte del riesgo de no recibir fondos de cohesión

La Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica ha advertido que las zonas rurales, escasamente pobladas y montañosas de España y el sur de Europa pueden seguir quedando excluidas de recibir fondos de cohesión, tras haber analizado el reglamento consensuado por el trílogo de la UE el pasado 8 de diciembre, y pide que se recupere el documento inicialmente aprobado el 27 de marzo de 2019.

La “Regulación del Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión (FEDER-FC)”, consensuada el pasado 8 de diciembre en un diálogo tripartito entre representantes del Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, los denominados trílogos, supone, según manifestó ayer la Serranía Celtibérica en un comunicado de prensa, “un retroceso de extrema gravedad para el futuro de las zonas escasamente pobladas de España y sur de Europa, que podrían seguir quedando excluidas de recibir fondos de cohesión si el Parlamento Europeo y el Consejo ratifican dicho texto este mes de enero”.

Según se desprende del texto consensuado por el trílogo, al que ha tenido acceso la Asociación Instituto de Investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, “se han eliminado dos artículos esenciales contra la despoblación que se incluían en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión aprobado por el Parlamento Europeo el 27 de marzo de 2019”, explica Serranía Celtibérica en la nota de prensa.

Concretamente, se refieren al artículo relativo a destinar el 5% de los recursos del FEDER al desarrollo territorial integrado en zonas no urbanas que padezcan desventajas naturales, geográficas o demográficas, o que tengan dificultades de acceso a los servicios básicos, “lo que supone una pérdida de al menos 17.000 millones de euros”. En contraste, aseguran que “ha aumentado del 6 al 8% el presupuesto destinado al desarrollo urbano sostenible”. 

Por otra parte, el referente a las zonas que se enfrentan a desafíos y desventajas como las contempladas en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “en particular, las zonas de nivel NUTS3 o las agrupaciones de unidades administrativas locales con una densidad de población inferior a 12,5 hab/km2 en zonas escasamente pobladas o inferior a 8 hab/km2, en zonas muy escasamente pobladas” y que, según se recogía en el Reglamento aprobado en 2019, deberán estar sujetas a planes regionales y nacionales específicos para incrementar el atractivo para la población, las inversiones de negocios y la accesibilidad de los servicios digitales y públicos, con un fondo incluido en el acuerdo de cooperación, “lo que, de aprobarse el texto del trílogo, supondrá que el 54% del territorio español no pueda acceder al fondo de 40.700 millones de euros previsto”, aclara la asociación. 

Además del trato económico, estos territorios, recuerda Serranía Celtibérica, también deben tener el mismo trato fiscal diferenciado que en aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento vienen disfrutando otras áreas desfavorecidas, caso de las insulares ultraperiféricas. 

Por suerte, asegura en su comunicado la Serranía Celtibérica, “lo aprobado por los trílogos es provisional, y tiene que ser ratificado por el Parlamento y el Consejo, momento en el que es de esperar una oposición absoluta a lo aprobado en materia de despoblación, y que se restituyan los artículos del Reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión aprobado por el Parlamento el 27 de marzo de 2019”.