La descentralización del aparato de la Administración Pública empieza a abrirse paso contra la despoblación

La descentralización del aparato de la Administración Pública empieza a abrirse paso como un mecanismo más para la lucha contra la despoblación, tras los anuncios hechos en las últimas semanas por los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Universidades, de la instalación de un centro de trabajo de ámbito estatal de Renfe en Teruel, y la extensión de la Uned a Alcañiz además de la creación de un Centro de Investigación de Humanidades en el mismo sitio. Se trata de combatir el reto demográfico estableciendo en el territorio algunas dependencias dependientes del Estado o de sus organismos, que contribuyan al asentamiento de la población y a la llegada de nuevos habitantes.

Es una posibilidad que ha ido cobrando fuerza en los dos últimos años, que supondría una segunda descentralización administrativa, y para la que se está reclamando que no solo se centre en el aparato del Estado sino también de la Administración Autonómica.

Hace quince años ya se dio el primer intento con el anuncio de la creación del Museo Nacional de Etnografía en Teruel, que hubiese supuesto la creación de más empleos que los que ahora se anuncian con el centro de Renfe que se instalará, pero que en su momento no tuvo buena acogida y que al final decayó con la llegada de la crisis económica y el cambio de gobierno en la Administración central.

Tras el reciente anuncio de José Luis Ábalos, que avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una manera difusa hace tan solo tres semanas en el Senado, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se ha destacado que el Plan de Deslocalización de los Recursos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) es uno de los hitos en la lucha contra la despoblación de este Gobierno.

En este sentido, fuentes ministeriales han señalado que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, pendiente de aprobación y que está coordinada por la Vicepresidencia Cuarta del Gobierno, es global y se aplicará de forma “transversal y multidisciplinar” con la participación e implicación de todos los departamentos del Gobierno a través del trabajo de un grupo interministerial que está incorporando la perspectiva demográfica a las actuaciones sectoriales.

Comisión Delegada

Desde el Miteco han explicado que la lucha contra la despoblación a través de la descentralización de servicios por el territorio es algo que ya se planteó en febrero pasado cuando se celebró en La Rioja la I Comisión Delegada para el Reto Demográfico, en la que se acordaron las primeras medidas para combatir la despoblación ofreciendo oportunidades de desarrollo a todo el territorio.

La decisión de implantar en Teruel a partir de mayo del próximo año el centro para la gestión y mantenimiento de infraestructuras “Cloud” de Renfe, con la creación de entre 50 y 60 puestos de trabajo, forma parte de un Plan de Deslocalización de los Recursos del Mitma que beneficiará también a otros territorios de la España Vaciada.

Desde el Gobierno central se ha incidido en que se trata de un Programa de Aceleración de Iniciativas frente al Reto Demográfico que va a desarrollar el Mitma, pero hace pocos días a ese anuncio se sumó otro, el que hizo el ministro de Universidades, Manuel Castells, por el cual se instalará una extensión de la Uned en la capital del Bajo Aragón y además se creará un Centro de Investigación de Humanidades en Alcañiz.

La descentralización era un compromiso que asumió el año pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de la celebración de las segundas elecciones generales que hubo en noviembre, además de una de las demandas que los movimientos ciudadanos le plantearon en el encuentro que tuvo con ellos en agosto y al que asistieron plataformas de la España Vaciada, entre ellas Teruel Existe; si bien fue el presidente aragonés, Javier Lambán, quien había planteado ya esa reclamación a Sánchez con anterioridad en el mes de abril.

Fue el 7 de abril de 2019 cuando en un acto político del PSOE celebrado en Zaragoza, al que asistió Sánchez, Lambán le emplazó a “descentralizar el poderío político y económico de Madrid hacia una red de ciudades pujantes, que están pletóricas de capacidades pero necesitan servicios de toda índole”.

Demandas

El movimiento ciudadano Teruel Existe fue el primero en pronunciarse tras aquel acto, emplazando a Lambán a que eso mismo lo aplicara a la Administración Autonómica, descentralizando servicios y también consejerías, además de otras cuestiones tan básicas como las oposiciones, una cuestión en la que está enzarzada ahora la Federación Vecinal ante las reticencias existentes precisamente por parte de la DGA a que las pruebas se hagan también en Teruel y Huesca.

Cuando a finales de marzo del año pasado el Consejo de Ministros aprobó las directrices de la Estrategia Estatal del Reto Demográfico, esa cuestión no terminó de estar definida con claridad, aunque en un punto se apostaba por la “promoción del acceso al empleo público en zonas rurales y poco pobladas”, recalcando seguidamente que “en los planes de acceso al empleo público se promoverá la convocatoria de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso en zonas menos pobladas”.

En cambio, en la reunión que Sánchez tuvo con colectivos sociales y del mundo rural a principios de agosto del año pasado, tras la fallida primera investidura, sí concretó ya la idea de trasladar instituciones del Estado a la España Vaciada para frenar la despoblación. A ese encuentro asistieron representantes de Teruel Existe, que incidieron en la  petición de descentralizar servicios de la Administración.

Fue en septiembre cuando Sánchez recogió ese compromiso por escrito antes de que fracasara definitivamente la formación de Gobierno y tuviesen que convocarse nuevas elecciones generales en noviembre. Ese mismo mes la coordinadora de la España Vaciada, de la que forma parte Teruel Existe y que impulsó junto a Soria Ya, también presentó su documento por un Pacto de Estado en el que se recoge la demanda de una nueva descentralización para haber frente al problema del reto demográfico.

El compromiso de Sánchez quedó plasmado en el documento del PSOE “Propuesta abierta para un programa común progresista”, presentado a principios de septiembre de 2019 en el que se indicaba que “impulsaremos la descentralización institucional del Estado, trasladando total o parcialmente las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades”. A continuación se detallaban otras medidas dentro ya del ámbito del reto demográfico en el medio rural, donde se hablaba de impulsar un Plan Nacional de Desarrollo Rural “para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural”, sin precisar más, salvo con el añadido de que se introducirían “criterios territoriales para reducir la desigualdad y garantizar la efectividad de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, no importa el lugar en el que vivan”.

Ese mismo mes la España Vaciada presentó su documento por un Pacto de Estado por la repoblación y el reequilibrio territorial, que ya se lo habían avanzado a Sánchez un mes antes, y una de cuyas demandas era la “descentralización de las sedes de órganos de la Administración y empresas públicas”.

En el citado documento se señalaba que “la Administración central y la autonómica, a cuya actuación es exigible un carácter demostrativo y ejemplerizante, deben evidenciar con los hechos su apuesta por un nuevo modelo de equilibrio y cohesión territorial tanto en el ámbito autonómico como en el estatal”.

Añadía que “uno de los principales gestos, con amplia repercusión simbólica pero también económica para las pequeñas ciudades receptoras, debe ser la descentralización de las sedes de muy diferentes órganos de la Administración central y de las autonómicas, así como de las empresas del Sector Público”. Una circunstancia, concluía el texto, que “a su vez ayudará a acelerar la implantación de las tecnologías de telecomunicación y a mejorar las infraestructuras de comunicación físicas”.

Compromiso

En enero de este año, el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Teruel Existe, y que fue determinante para que Pedro Sánchez fuese elegido presidente del Gobierno, recogía como primer punto el compromiso de negociar con el resto de formaciones políticas la consecución de dicho pacto.

Y en esa misma línea estuvo dirigida la moción sobre la España Vaciada presentada en junio pasado en el Congreso por Teruel Existe, y transaccionada con enmiendas del PSOE, Unidas Podemos, PP y Ciudadanos, que salió aprobada con el voto a favor de toda la Cámara Baja con la excepción del grupo parlamentario de Vox, que se abstuvo. 

Así es como ha llegado ahora el momento para una segunda descentralización por mandato de las Cortes Generales, cuyo foco de atención tienen que ser esta vez los territorios despoblados, después de que la primera, la autonómica, tendiera hacia otro tipo de recentralización en cada Comunidad Autónoma.

El Museo de Etnografía y la ampliación de la cárcel, los primeros exponentes

El Museo Nacional de Etnografía anunciado hace quince años por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y la ampliación de la prisión de Teruel pueden considerarse como precedentes de la importancia que la descentralización de servicios de la Administración debe tener en la lucha contra la despoblación.

El proyecto del Museo de Etnografía tenía esa finalidad, aunque en su momento no fue visto así y se cuestionó. La crisis económica y el cambio de gobierno truncaron definitivamente lo que hubiese sido una descentralización del Estado, que además de generar empleo y atraer personal hubiera potenciado más el sector turístico.

La ampliación de la cárcel, en realidad la construcción de un nuevo centro también con la Administración socialista de Zapatero, iba en la misma línea ante el riesgo de desaparición de las cárceles provinciales pequeñas. Con el cambio de gobierno se llegó a cuestionar, pero las obras para entonces estaban ya en marcha.