La contribución a la lucha contra la despoblación exonerará a las empresas de pagar el impuesto medioambiental

Las empresas del sector de las renovables que inviertan en el territorio con medidas que luchen contra la despoblación quedarán exentas de pagar el nuevo impuesto medioambiental recogido en el proyecto de ley que aprobó este martes el Consejo de Gobierno. Será el caso por ejemplo del Nudo Mudéjar, según indicó el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, que explicó los pormenores de la nueva legislación que inicia ahora su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley por el que se gravará el impacto en el medio ambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y que modifica el impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión.

El proyecto de ley aprobado es heredado del anterior Ejecutivo, si bien el actual Gobierno de coalición ha incorporado algunas modificaciones. Bermúdez de Castro indicó que entendieron que el proyecto legislativo estaba bien y por eso lo han retomado con “algunas mejoras”, aunque precisó que el cuerpo central es el que ya había.

Los principales beneficiarios de este impuesto serán los municipios que soportan las afecciones medioambientales de las instalaciones de renovables, tanto aquellos en los que están instaladas como los vecinos que se ven también afectados por su impacto.

El consejero indicó que el fondo que resultará de la aplicación de este impuesto se destinará principalmente a combatir la despoblación a través del desarrollo de sus municipios que sufren la implantación de renovables y por los que discurren las líneas de alta tensión.

Incidió en que aquellas empresas del sector que inviertan en el territorio y ayuden de esa manera a luchar contra la despoblación quedarán exentos del impuesto. Comentó los casos de las empresas que pagan la luz a los municipios en los que están establecidos, y se refirió también al Nudo Mudéjar.

Bermúdez de Castro indicó que el Nudo Mudéjar conlleva un desarrollo estratégico para el territorio, y que en estos casos tendrán bonificado el 99% de la cuota del impuesto, es decir, que no pagarán. Indicó en este sentido que el Nudo Mudéjar era “fundamental para el desarrollo de esa zona de la provincia de Teruel que ha sufrido el cierre de la central térmica de Andorra”.

Recalcó que quienes pagarán el impuesto serán aquellos desarrollos que montan sus instalaciones y “no dejan nada al territorio”, que lo utilizan e impactan en él a cambio de nada.

Cincuenta millones al año

Aragón prevé recaudar al año con este impuesto alrededor de 50 millones de euros. La intención es que una vez remitido a las Cortes para su tramitación, pueda entrar en vigor en el primer semestre del año. Aclaró que la recaudación prevista para este ejercicio podría rondar los 30 millones de euros teniendo en cuenta tanto el segundo como el tercer trimestre del año, ya que el cuarto correspondería cobrarlo ya en el siguiente ejercicio.

Los pormenores de este proyecto de ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria fue presentado por la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, y el consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, quien recalcó que los principales beneficiarios de estos impuestos serán los municipios que soportan las afecciones medioambientales.

El proyecto de ley que regula los nuevos impuestos y la modificación del relativo al transporte de energía eléctrica de alta tensión ha contado con las aportaciones del Clúster de la Energía de Aragón, al que el consejero de Hacienda agradeció su ayuda, así como la de empresas aragonesas del sector que llevan tiempo apoyando el desarrollo territorial.

La base de ambos gravámenes se basa en el impacto natural y paisajístico generado por las instalaciones fotovoltaicas y eólicas. En el caso de las instalaciones eólicas, se gravará según una parte variable en función de la altura del aerogenerador y una parte fija atendiendo a la potencia de la instalación, mientras que, en fotovoltaica, se gravará teniendo en consideración la superficie de la instalación.

Dentro de las bonificaciones y exenciones del impuesto, se verán favorecidos aquellos desarrollos empresariales que lleven aparejadas medidas para fijar la población en el territorio aragonés, la creación de empleo y el beneficio para los municipios donde se instalen.

Con el mismo objetivo de desarrollo del territorio, un porcentaje de los ingresos se destinará a medidas de lucha contra la despoblación. Asimismo, se crea un fondo medioambiental para la reinversión en el territorio del 50%. Con la aprobación del proyecto de ley, Aragón se suma a las comunidades de Galicia, Castilla-León, Cantabria y Castilla-La Mancha donde también hay impuestos a las renovables.

Con las instalaciones eólicas se gravará una parte variable en función de la altura del aerogenerador, y una parte fija en función de la potencia de la instalación. Eso supondra gravar más a los aerogeneradores pequeños porque están más agrupados y tienen un mayor impacto, de forma que hayan desarrollos de menos molinos y más altos. En el caso de la fotovoltaica, se gravará en función de la superficie de la instalación.

El consejero consideró que el coste de este impuesto es totalmente asumible por las empresas, como ha ocurrido en otros territorios en los que no se ha dejado de invertir en el sector.