La consejera de Sanidad, Sira Repollés, se desplazará a Teruel en los próximos días para informar del proyecto del hospital

El Ayuntamiento de Teruel aprobó ayer por unanimidad una propuesta sobre el nuevo hospital de Teruel presentada por el grupo municipal del PP y enmendada por el PSOE para instar al Gobierno de Aragón a que mejore el proyecto. Durante el transcurso del debate se desveló por parte del portavoz socialista, Samuel Morón, que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, va a venir en los próximos días a Teruel para explicar cómo van los trabajos. Fuentes del departamento confirmaron ayer que será en los próximos días aunque no indicaron cuándo.
En la propuesta del PP se pedía que se inste desde el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón a que acometa todas las actuaciones necesarias para que el nuevo hospital tenga un porcentaje no inferior al 80% de habitaciones individuales, que cuente con una unidad de radioterapia para que los enfermos de cáncer no tengan que desplazarse a Zaragoza y que se habilite un circuito separado para enfermedades infecciosas. A esto se añadió la enmienda del Partido Socialista para instar también a que continúe con las obras del hospital incorporando aquellas adaptaciones y modificaciones hechas al proyecto, a propuesta de los distintos servicios sanitarios, que dé como resultado un hospital con las mejores instalaciones y la tecnología más moderna, propio de un hospital público de nueva generación, acorde a las nuevas realidades y necesidades de la población a la que atiende.
El portavoz socialista criticó no obstante que el grupo municipal socialista hubiera llevado una propuesta sobre el hospital, después de que fuera el gobierno popular el que retrasara el proyecto, lo que supuso un gasto de 3 millones de euros para indemnizar a Acciona. Su homólogo del PP Javier Domingo le recordó que en los últimos 21 años en Aragón solo ha gobernado el PP cuatro años por lo que no puede tener la culpa de todo lo que pasa en este proyecto.
Samuel Morón también criticó que se quiera hacer un “acaso y derribo” para un proyecto de 100 millones de euros que el Gobierno de Aragón hace en Teruel.
El portavoz del PAR, Julio Esteban, pidió que viniera la consejera a Teruel para explicar cómo está el proyecto. La alcaldesa  desveló que la había invitado a venir y a que se reuniera con todos los grupos políticos, se fijó un día que luego se anuló. Ahora se va a fijar otra fecha próximamente para que visite Teruel.

Okupación ilegal
El  pleno aprobó con los votos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox y el voto en contra del resto de grupos una propuesta presentada por Ciudadanos para reclamar medidas de garantía para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la okupación ilegal de viviendas y que luche contra las bandas que cometen estos actos ilegales. Su portavoz, Ramón Fuertes, explicó que al año se hacen 8.000 ocupaciones que supone 40 diarias, “no solo en las grandes ciudades sino en otras cercanas como María de Huerva o Cadrete”.
Fuertes consideró que el Ayuntamiento debería implicarse en este asunto porque la ley no deja claro cómo se debe de actuar y no ampara las actuaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “El Ministerio de Interior establecía un protocolo de actuación que no deja claro cuál es su actuación”, dijo. Ciudadanos quiere que se haga un plan desde Servicios Sociales. “Teruel no es una isla y queremos adelantarnos para evitar este problema”, agregó.
Zésar Corella consideró que el acceso a la vivienda es un tema muy serio pero la propuesta no. Aseguró no entender la propuesta porque se refiere a otras entidades como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y consideró absurdo que el Ayuntamiento se pronunciara sobre esto. Indicó que se está provocando alarmismo porque en Teruel no se han dado casos y no es un efecto en auge en la ciudad. Y pidió que se trabaje en políticas de vivienda para evitar problemas derivados por los altos precios.
Anabel Gimeno, de Ganar Teruel, consideró que la propuesta responde a un sensacionalismo mediático y ofreció datos para demostrar que la posibilidad de que te allanen la vivienda es muy baja. Aseguró que se plantea un plan para algo que no existe, un “problema imaginario” que provoca alarmismo y pidió que se dediquen a las personas que no pueden encontrar una vivienda por los altos precios de los alquileres.“En toda España solo ha habido 285 sentencias de allanamiento de morada”, dijo
La portavoz de CHA, Marisa Romero, irónicamente felicitó a Fuertes por haber sido protagonista de un programa de máxima audiencia el jueves por la noche con este tema y aseguró que esta propuesta demostraba falta de sensibilidad porque “hay verdaderos dramas sobre el acceso a una vivienda digna, un derecho que se recoge en la Constitución”.
El portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, dijo que la okupación es un drama y que el hecho de que no haya habido en Teruel no quiere decir que no haya que establecer un plan y tomar medidas. Sobre el precio de las viviendas, indicó que no se puede utilizar como justificación. Aseguró sentirse estupefacto por lo que había escuchado en el debate.
El portavoz del PAR, Julio Esteban, indicó que es un problema muy serio y le pidió al concejal proponente que se preocupe de que haya viviendas para alquiler, que su carencia sí que es un problema en la ciudad. “Nos gustaría aprobar la propuesta pero no lo vamos a hacer”, dijo y consideró que se está tratando de desviar la atención sobre lo que sí que se puede hacer. Coincidió en que es un debate imaginario y que es un poco de realidad y un mucho de humo.
El PSOE también votó en contra y su portavoz Samuel Morón se refirió a las competencias que puede tener el Ayuntamiento en esta materia, que corresponde más a las Fuerzas y Cuerpos de la Ciudad de Teruel. “Vivimos muy bien y se quiere poner la venda antes de la herida” dijo y confió en que no se produzca un efecto llamada. Recordó además que el Ministerio acaba de sacar una aplicación para notificar las okupaciones.
El portavoz del PP, Javier Domingo, mostró su preocupación porque es “un problema creciente” y consideró que no hay que mirar hacia otro lado como se está haciendo desde el Gobierno de España.  
“Es un problema que preocupa a los ciudadanos” y aunque es una suerte que en Teruel no se produzca “no se puede mirar hacia otro lado” y hay que atajarlo desde el Gobierno central y local.
Fuertes por su parte diferenció entre su cargo como primer teniente de alcalde y como portavoz de Ciudadanos, que es como se presenta esta propuesta. “Es un problema grave” insistió y pidió respeto con las mociones que presentan los demás. “No estamos exentos de que ocurra” y aseguró que no se sorprendía de las acusaciones de la izquierda, que prefieren moverse en el caos a prevenir.
El portavoz de la formación naranja invitó al resto de grupos a que hablen con la policía local y la policía nacional de Teruel sobre este asunto. Recordó que es la policía local es la primera que acude cuando ocurre un problema y solo cuando se pilla in fraganti se puede actuar.
A la portavoz de Ganar Teruel le pidió que revise las redes sociales de su grupo para no tener ninguno problema posterior. Incidió en que desde el Ayuntamiento no puede decidir sobre los precios de los alquileres. y reconoció que es un drama la falta de acceso a una vivienda digna pero le pareció que es absurdo pensar que puede haber un efecto llamada por hablar de este asunto. “No es un tema partidista”, incidió y recordó que se hacen muchos planes de prevención y eso no quiere decir que haya habido atentados por ejemplo.
Zésar Corella coincidió en que el acceso a una vivienda es un drama pero consideró que el derecho a la propiedad privada está garantizado en España. 
Anabel Gimeno insistió en que no existe casos en Teruel y que responde a una estrategia nacional. En su opinión, lo que se está haciendo es “sobredimensionar un problema que puede generar un miedo innecesario”.
Marisa Romero incidió en que hay competencias que le corresponden al Estado y que no hay casos en Teruel. Nolasco opinó por su parte que cualquier gesto que se haga en defensa del derecho a la propiedad privada está bien. Esteban, por su parte, pidió que se lleve a una comisión los trabajos que se están haciendo en el Ayuntamiento relacionados con  el alquiler de la vivienda, mientras que Morón dijo que no cree que el Estado esté mirando hacia otro lado y opinó que hay que poner en marcha otros planes antes que este.
La alcaldesa cerró el debate y señaló que es un tema grave que no se pueden maquillar con datos, aunque apuntó que solo el 20% de las viviendas okupadas lo son por falta de recursos porque los demás son por delincuencia. 
“Ser la capital más segura no quiere decir que no se pueda prevenir antes de que ocurra”, concluyó.