La consejera de Ciudadanía defiende la actuación en el Hogar San José de Teruel ante las duras críticas del PP

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, destacó en el Pleno de las Cortes de Aragón que la intervención en residencias durante esta crisis sanitaria “demuestran la robustez sistema público” que cuando ha sido necesario ha acudido a apoyar a estos centros. Y, en concreto, sobre la situación del Hogar San José de Teruel aseguró que “se ha trabajado mucho por la salud de las personas y para ayudar” en un centro donde se produjo “un brote epidémico explosivo”.

La titular de Servicios Sociales respondía así a la pregunta de la diputada del Partido Popular Marián Orós sobre la situación actual de este centro asistencial.

Orós sostuvo que la consejera debería de “pedir perdón” al Hogar San José y a las religiosas que son titulares del centro. “Lo que ha ocurrido con las monjas es vergonzante”, afirmó la parlamentaria popular quien añadió que las religiosas están desde el 31 de marzo confinadas en clausura “sine die” y advirtió de que “se están vulnerando los mínimos derechos fundamentales”.

Ante esta dura crítica, Broto acusó a Orós de “falta de responsabilidad” por su intervención que calificó de “triste y deleznable”, sobre todo sobre una “residencia en la que se ha trabajado tanto y tan bien”.

La consejera insistió en que las hermanas han tenido que estar confinadas porque estaban enfermas o porque habían estado en contacto con positivos.

Broto reiteró que lo que se ha hecho en esta residencia ha sido ayudar y trabajar para proteger la salud de las personas. Defendió la intervención, primero sanitaria y luego desde el punto de vista de los servicios sociales porque no había personal. Relató que se reforzó la plantilla, se implementó el plan de contingencia y se derivó a 18 mayores positivos por Covid-19 a las residencias de Alfambra y Gea de Albarracín.

La consejera de Ciudadanía defendió ayer el “intenso trabajo” desarrollado por el departamento y la plantilla de residencias, centros Covid-19 y diversos servicios para afrontar la pandemia de coronavirus, atender mayores y gestionar ayudas. Lo puso de manifiesto durante sus intervenciones en la sesión plenaria en la que contestó a una interpelación y cinco preguntas formuladas por los grupos del PP, Ciudadanos y Vox relativas a diferentes aspectos relacionados con la gestión de las residencias de mayores y de las ayudas sociales.

La consejera aseguró que el sistema ha estado “a la altura” con un trabajo “intenso” y por eso le reprochó a la diputada popular Marián Orós que pusiera en entredicho el trabajo de los servicios y de la plantilla, algo que, advirtió, “no se puede consentir”.

Y es que Orós acusó al área de Ciudadanía y Derechos Sociales de “improvisación y fallos”, así como de negar la información de residencias concretas y atribuyó a la “solidaridad, voluntad y ayuda mutua” lo que está solucionando los problemas.

Broto recordó que la Consejería decidió crear una estructura para dar respuesta a los servicios y generales y especializados (dependientes y programa de envejecimiento activo) y con recursos tanto públicos como privados de centros concertados que durante la pandemia han dejado de funcionar y cuyos trabajadores se han puesto a disposición de la consejería.

Respecto a las personas mayores que se han quedado en casa y aquellas “confinadas y aisladas”, explicó que tras el cierre de los hogares de mayores se ha mantenido contacto telefónico para conocer sus necesidades y se ha mantenido el servicio de ayuda a domicilio, que corresponde a comarcas y ayuntamientos, con la elaboración de una guía de prevención y el envío de material de prevención para realizar el trabajo con seguridad.

Broto informó de que este servicio ha atendido a 5.917 personas y aseguró que a 6 de mayo había 15 personas con Covid-19 y 5 sin confirmar que se encontraban en aislamiento y que recibían el servicio de ayuda a domicilio. También se refirió al centro Majas de Goya, “fundamental para atender a las personas que les daban el alta y no tenían donde ir”, tanto de residencias como de no y de las tres provincias, desmintiendo a las afirmaciones de Orós de que “hay casos en Teruel y Huesca que no pueden ir a este centro ni ir a residencias con estancia temporal”.

Un informe del sector defiende los centros intermedios 

La Federación Lares que agrupa a mil residencias de personas mayores, con discapacidad o en riesgo de exclusión por toda España ha elaborado un informe sobre la desescalada en las residencias de mayores donde destaca la importancia que están teniendo los centros intermedios para atender a ancianos con Covid-19.

El estudio recoge que Aragón se encuentra entre las comunidades donde la intensidad de contagios en estos centros ha sido media-baja. Asimismo, asegura que la situación en Aragón ha ido mejorando en las residencias.

Lares señala que solo dos comunidades, Aragón y Galicia han tenido en cuenta que era necesario montar centros especiales para atender los positivos de las residencias o especializar algunas residencias para atender Covid-19. Valoró esta iniciativa aragones y su apuesta por la humanización de la humanización del cuidado.

La Fundación argumenta que las residencias y las personas que viven en ellas “no han sido bien tratadas”. Asimismo, lamenta que por “por evitar el colapso sanitario” se han tomado decisiones que “no garantizaban la igualdad de derecho de acceso a la sanidad pública d las personas mayores que viven en residencias”.

Desde Lares se exige que la desescalada sirva para “reflexionar sobre lo que se ha hecho mal” para corregirlo. Plantea que los equipos de protección individual debería garantizarlos el sistema sanitario. 

También proponen que se hagan PCR a todos los trabajadores de estos centros y que luego cada 10 días se repitan test rápidos.

Defiende que se abran instalaciones intermedias para los casos positivos, como ha recomendado la Sociedad Española de Geriatría, y que haya agilidad en la toma de decisiones y criterios uniformes por las autoridades sanitarias y los servicios de inspección y la participación del sector en la toma de decisiones. 

También advierte del grave riesgo que supone el aislamiento en sus habitaciones para los mayores, especialmente en aquellas personas con demencias.

En las conclusiones del informe se insiste en la necesidad de aprender de los errores y en evitar que se invisibilice la realidad de los mayores que viven en las residencias.

La Fiscalía interviene para traslados de la residencia

La Fiscalía de Huesca ha intervenido para posibilitar el traslado al hospital de Barbastro y al centro intermedio de Yéqueda de siete ancianos de la residencia de Binéfar que dieron positivo por Covid-19 en las pruebas PCR, a pesar de no mostrar aún síntomas de la enfermedad, informó EFE.

El Ministerio Público decidió actuar este jueves tras recibir una denuncia del representante legal de la gerencia de la residencia en la que informaban de las dificultades a las que se enfrentaban para trasladar los internos a los que se había detectado el coronavirus. Después de detectarse el virus en una anciana que había sido hospitalizada para ser atendida de una rotura de cadera, la dirección de la residencia tomó la decisión de hacer la prueba de detección a internos y trabajadoras para identificar posibles contagiados y salvaguardar al resto.

La denuncia relata que ante la “insatisfactoria” respuesta de Sanidad de esperar a que apareciesen síntomas externos de la enfermedad, la gerencia contactó con un laboratorio de Lérida para encargar la realización de los test, decisión que no fue autorizada por los responsables médicos de la residencia.

Fueron las advertencias de la plantilla de denunciar los hechos las que llevaron el pasado martes a las autoridades sanitarias a realizar las pruebas. El escrito califica de “insatisfactoria” la decisión de los responsables sanitarios de aislar a los contagiados en una planta de la residencia ante el riesgo de propagación.

Desde la residencia se instó a la Fiscalía y a las autoridades sanitarias al traslado de una parte de los ancianos afectados a un centro hospitalario, y el resto al centro para enfermos por Covid-19 de Yéqueda. La respuesta de la Fiscalía oscense se produjo este jueves de forma casi inmediata, a través de un escrito del fiscal jefe, Juan Baratech, dirigido al director del Sector Sanitario de Barbastro, para informar sobre la posible necesidad de traslado de los pacientes afectados, en caso contrario, precisar si las medidas de seguridad existentes en centro eran las “correctas y exigidas”. Unas horas después de llegar el decreto de la Fiscalía, los ancianos de mayor riesgo fueron trasladados a hospitales, y el resto al centro de Yéqueda.