La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admite la queja por los proyectos eólicos en Teruel

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido la reclamación que a mediados del año pasado presentó Teruel Existe por la falta de un plan de ordenamiento y de una evaluación ambiental estratégica ante la “sobresaturación” en la implantación de macroproyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en la provincia, y ha pedido a la Comisión Europea que realice una investigación preliminar sobre este asunto. El portavoz del movimiento ciudadano en materia de energía y medio ambiente, Jesús Villamón, volvió a pedir ayer que se suspendan administrativamente todos los parques a la espera de que se haga esa evaluación y un plan de implantación ordenado de renovables.

Villamón informó en rueda de prensa de la admisión de esta reclamación por parte de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Además, indicó que según la respuesta que les ha enviado la presidenta de la misma, Dolors Montserrat, esta ha pedido a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre este asunto.

El portavoz ciudadano manifestó desconocer cuáles serán los siguientes pasos a dar por los organismos europeos, aunque temió que vayan para largo. Volvió a instar por ello a la Administración autonómica a que escuche a los expertos y a la ciudadanía, porque debe hacerse una “transición justa” y la provincia no puede ser generadora de energía para enviarla a otros sitios mientras no se asientan empresas en el territorio y se perjudica a sectores como el turístico.

Teruel Existe inició hace un año la lucha contra los parques eólicos que quieren asentarse en la provincia, en lo que el movimiento ciudadano califica de “invasión”. Durante este tiempo han presentado 24 alegaciones a 71 parques con más de 630 molinos de viento de 200 metros de altura, algo que aseguró que va a “arrasar nuestro territorio”.

110 parques

No obstante, Villamón indicó que hay más de 110 parques eólicos en ejecución, tramitación o previsión, lo que supondría más de mil molinos de viento, lo que convertiría a Teruel en la provincia española con más instalaciones de este tipo. Aseguró que la estimación inicial que hicieron apuntaba a que más del 10% de la provincia estaría ocupada por estos parques, aunque a fecha de hoy ese porcentaje se elevaría al 15% si prosperasen todos.

El coordinador del grupo sectorial de Energía y Medio Ambiente del movimiento ciudadano recordó que Teruel Existe siempre ha estado, y lo sigue haciendo, a favor de las energías renovables porque son “muy necesarias”. Recalcó que quieren que se instalen de “forma ordenada”, no como se está haciendo en territorios como el turolense con la “invasión” que están sufriendo sus municipios. Además, llevan tiempo denunciando que se está cometiendo “fraude de ley” porque se fraccionan los proyectos en minicentrales de menos de 50 megavatios, con lo cual se resuelven mediante una tramitación ambiental ordinaria y no estratégica.

“Solo se evalúa un parque, pero no el cúmulo”, denunció por enésima vez el portavoz de Teruel Existe, quien precisó que de esa manera en cada proyecto solo se ve el impacto de seis o nueve aerogeneradores. Al no hacerse la evaluación estratégica que debería hacerse, “no se ven de forma global los impactos”, ya que los parques están pegados unos a otros y en realidad encubren megaparques con una gran afección.

La reclamación presentada por Teruel Existe a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara en junio del año pasado que ahora ha sido admitida, es por la falta de evaluación ambiental estratégica en la planificación de energías renovables en la provincia, y en particular por 22 parques eólicos y dos macroplantas fotovoltaicas en la Comarca del Maestrazgo.

Respuesta

En la respuesta de la presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Montserrat, que lleva fecha del pasado 4 de febrero, se indica que tras examinar la petición ha sido declarada “admisible” ya que el asunto planteado “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. Por ello, añade que ha pedido a la Comisión Europea “que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”, a la vez que adjunta el documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE en materia de protección de la naturaleza, además de la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030.

En el escrito de denuncia se advertía de la “sobresaturación” de instalaciones de renovables con los proyectos sometidos a información pública, y se advertía que tanto la energía eólica como la fotovoltaica se estaba implantando en todo Aragón, con especial profusión en Teruel, “al margen de cualquier ordenación del territorio, ya que sistemáticamente se incumplen los objetivos y estrategias recogidos en la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón (EOTA)”.

También se advertía que el Plan Energético de Aragón vigente corresponde al periodo 2013-2020, y que nunca fue sometido a evaluación ambiental estratégica, puesto que solo se hizo un informe de sostenibilidad ambiental. Idéntica situación se da con el Decreto eólico 124/2010.

Aclaraba Teruel Existe a la Comisión de Peticiones que en 2006 se introdujo en la legislación española la evaluación ambiental estratégica, en cumplimiento de la directiva europea 2001/42/CE, a pesar de lo cual en Aragón nunca se someten los procedimientos para parques eólicos y fotovoltaicos a este procedimiento.

Áreas protegidas

Añadía que esta situación ha hecho que se estén implantando estas instalaciones en áreas protegidas de la Red Natura 2000, o en los bordes de ZEPAs, a pocos metros de zonas de recuperación de especies en peligro de extinción, además de invadir espacios pertenecientes a los Parques Culturales del Maestrazgo, del Río Martín o del Chopo Cabecero.

El movimiento ciudadano aclaraba en la reclamación que la única evaluación ambiental a la que se someten estas instalaciones es la ordinaria, “proyecto a proyecto, elaborado a partir del Estudio de Impacto Ambiental que elabora, y presenta, la misma empresa constructora de los parques eólicos o de las plantas fotovoltaicas”.

Al no haber evaluación estratégica, el movimiento ciudadano considera que han dejado de valorarse los paisajes de mayor calidad y de mayor fragilidad, pese al “enorme impacto paisajístico” que tienen. A los problemas derivados de la falta de ordenación del territorio se suma la repercusión socioeconómica, “poniendo en grave riesgo, entre otros, al sector turístico y de la hostelería de las comarcas afectadas”.

Villamón insistió en que actualmente en Aragón solo se regula con la evaluación de impacto ambiental ordinaria de las propias conseguidoras, “esas que presentan sus proyectos con el único objetivo de maximizar su rendimiento económico”. Al fragmentar los proyectos en menos de 50 megavatios “evitan pasar por el Ministerio de Transición Ecológica y la evaluación ambiental solo la gestiona administrativamente el Gobierno de Aragón a través del Inaga”.