La ciudad de Teruel dejará de recibir 800.000 euros de plusvalía tras la sentencia del TC

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulo la base imponible en el impuesto municipal de plusvalías supondrá en el caso del Ayuntamiento de Teruel una pérdida de 800.000 euros, que supone el 5% de los impuestos directos y el 1,99% del total de los ingresos generales del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Emma Buj, quiso dejar claro que en Teruel nadie paga plusvalías ni por heredar ni por vender con pérdidas y solo paga aquellos que han hecho compraventas con beneficios. “La ley permite que en el caso de fallecimiento la herencia esté bonificada por los Ayuntamientos al 95% y nosotros lo tenemos al máximo posible”, recordó. Así, señaló que el Ayuntamiento no ha liquidado ninguna plusvalía de aquellos que hubiesen vendido con pérdidas.

La alcaldesa pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que dé una respuesta “a la mayor celeridad posible” a los ayuntamientos, porque estos ingresos son fundamentales para las arcas municipales. “No es la primera sentencia, hubo otras anteriores”, dijo y recordó que el Gobierno de Mariano Rajoy ya comenzó a tramitar una modificación de la parte que se había declarado inconstitucional, que se paralizó con la moción de censura. “Se paralizó de manera incomprensible porque se basaba de una modificación técnica, no tenía componente política y había sido tratada ya en el seno de la FEMP”, señaló y lamentó que se haya perdido  tanto tiempo.

“Los alcaldes llevamos tiempo advirtiendo que esto iba a pasar, y que estamos en una inseguridad jurídica permanente con el impuesto de plusvalía”, agregó considerando que hubiera sido fácil llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas al tratarse de una solución técnica. “No se ha hecho y ahora pido al señor Sánchez y a la señora Montero que den una solución lo antes posible para que esto no comprometa la aprobación de presupuestos”, manifestó antes de decir que el Ayuntamiento sigue trabajando en el proyecto de presupuestos para 2022. Aseguró que se puede seguir trabajando en ello, porque en situaciones peores se han visto, como cuando el PP entró a gobernar en el Ayuntamiento, tras la dimisión del equipo PAR-PSOE, y se encontró con una deuda de 60 millones de euros, 9 de ellos a proveedores. “Si salimos de aquello también saldremos de esta”, dijo. Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y primer teniente de alcalde, Ramón Fuertes, señaló que “la chapuza que ha hecho Sánchez que la arregle Sánchez y que no nos perjudique a los Ayuntamientos”.

Tanto Buj como Fuertes también se refirieron a la nueva ley de vivienda. Buj dijo que seguirá la postura marcada por su partido que es que no se cobrará más por el IBI a las viviendas vacías. Recordó que en Teruel hay muchas, de personas que viven en la provincia y que no les va a cobrar más impuestos por ello.

En este sentido, Fuertes consideró que las “políticas intervencionistas” del Gobierno de Sánchez son otra “chapuza” y señaló que en los que trabaja el Ayuntamiento es en un plan municipal de vivienda, que será garantista, donde el propietario y el inquilino estén seguros y haya fórmulas para fomentar el alquiler social y para jóvenes, pero sin intervenir en el mercado.