La Audiencia Nacional propone juzgar a la organización que extorsionó a usuarios de una web sexual y cuya investigación arrancó en Teruel

El juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama ha propuesto juzgar a casi un centenar de presuntos miembros de una organización criminal que extorsionaba a los usuarios de una página web de servicios sexuales con la amenaza de agredirles y de poner en conocimiento de su entorno familiar que habían tratado de concertar una cita si no pagaban una determinada cantidad de dinero.

Según ha informado la AN, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 ha dictado un auto de procesamiento por presuntos delitos de organización criminal y extorsión, continuando así con la tramitación de la denominada 'Operación Lubido', que comenzó a investigarse en 2018 en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Teruel y saltó después a la Audiencia Nacional por tratarse de una organización criminal que actuaba en toda España.

En su auto, de 248 páginas, Calama señala a Masinissa Ferrah Muñoz e Ismael Bousnina Obando como líderes de este grupo criminal dedicado a la 'sextorsión'. Al parecer, ellos ordenaban o efectuaban directamente la publicación de diversos anuncios en la página web pasión.com en distintas provincias.

Los anuncios tenían el mismo contenido y los mismos números de teléfono de contacto --que controlarían los dos presuntos cabecillas-- y, una vez que los usuarios de la web contactaban a través de WhatsApp con las mujeres que supuestamente prestaban los servicios sexuales, la trama utilizaba el número de teléfono con el que habían contactado para conseguir información personal de los potenciales clientes, sirviéndose para ello de las redes sociales.

Los gestores de la web les hacían creer que habían concertado una cita, aunque solamente se habrían interesado por las tarifas, y días después les exigían dinero por no haberse presentado. Para lograr cobrar, hacían saber a las víctimas que manejaban datos personales suyos, como su domicilio, su lugar de trabajo o su vida familiar.

En un paso más, habrían llegado a usar esa información personal para amenazarles, coaccionándoles para que ingresaran determinadas cantidades de dinero en distintas cuentas bancarias a través de cajeros automáticos.

Al principio, las víctimas no cedían o hacían solamente un pago simbólico, pero la organización criminal, lejos de poner fin al acoso, mantenía e incrementaba el tono, llegando a realizar amenazas de muerte, lo que acabó propiciando que muchas víctimas abonaran lo solicitado, en algunos casos miles de euros.

Pese a ello, la red de 'sextorsión' reiteraba sus amenazas y coacciones para conseguir nuevos pagos bajo el pretexto de que se habían contraído deudas por otros conceptos o que debía abonarse dinero a otros individuos, como a la mujer que iba a prestar el servicio sexual, el jefe, etc.

En ocasiones, para conseguir sus objetivos, amenazaban a sus víctimas con enviar a sus casas a personas de países de Europa del este para darles una paliza o incluso matarlos si no pagaban.

"En media hora quiero mi dinero y, si no, te pegaré dos tiros en la pierna"; "baja el tonito de voz, si no quieres que te parta las piernas"; y "venga, hijo de la gran puta, ahora vas a ver, te voy a pegar dos tiros cuando te vea, te voy a vaciar un cargador en la cabeza", eran algunas de las amenazas vertidas.

Calama detalla que la organización criminal estaba estructurada en tres niveles diferenciados. Un primero, con funciones de organización y dirección; un segundo encargado de la logística y el apoyo, como facilitar tarjetas de telefonía, colocación de anuncios en páginas web, y recepción y ocultación del dinero; y un último escalafón, en el que se situaban las "mulas", personas que aportaban sus números de cuentas bancarias para que las víctimas pagaran.

A raíz de la investigación inicial, el juez instructor abrió una pieza separada denominada 'banking' para investigar otro entramado criminal cuya única finalidad habría sido la sustracción de información de bancos y empresas radicadas en España, Austria, Alemania, Francia y Portugal, así como de pagarés y cheques emitidos por entidades mercantiles.

Esos datos se habrían utilizado para confeccionar y falsificar cheques bancarios que, posteriormente, se facilitaban a otros miembros de la organización criminal para ser cobrados por las "mulas" económicas.

En el marco de esta pieza separada, Calama ha propuesto juzgar a cerca de 40 personas por delitos continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con delito continuado de estafa y otro de organización criminal.