La Audiencia juzga a tres personas por presunto hurto y daños en una casa de Calanda

n vecino de Calanda se enfrenta a una petición de pena de hasta 4 años de prisión, tras haber devuelto una vivienda en condiciones distintas a como la recibió tras haber firmado un contrato de compra-venta y haber hecho obras que la acusación considera “destrozos”, si bien nunca llegó a pagar el dinero convenido y tuvo que devolver la casa. La Audiencia Provincial de Teruel juzgó  este lunes a esta persona acusada de presuntos delitos de apropiación indebida y hurto, y alternativamente de daños.

Junto al principal acusado se juzgó a sus dos hijos, aunque la Fiscalía retiró la acusación contra  ambos tras la celebración de la vista por entender que no intervinieron en los hechos presuntamente delictivos. La acusación particular, en representación de los propietarios de la casa, sí mantuvo la petición de penas tanto para el padre como para los hijos.

Los hechos se remontan al año 2011, cuando el acusado suscribió un contrato de compra-venta por el que adquirió una casa en Calanda por el precio de 134.000 euros, aunque solo abonó dos señales de 6.000 euros cada una y no se llegó a hacer escritura.

El hombre entró a vivir e hizo obras de reforma porque, según reconoció en la vista, consideraba que ya era su casa, y cuando tuvo que abandonarla al no pagar lo acordado, se llevó los equipamientos de las cocinas y del baño, así como el depósito de gasoil.

La acusación particular calificó los hechos de apropiación indebida, o alternativamente hurto, mientras que el ministerio público los calificó directamente de hurto y subsidiariamente como delito de daños, pero circunscribiendo la acción exclusivamente al padre, no a los hijos.

La acusación asegura que lo que hizo el acusado fue provocar daños en la vivienda valorados en 56.600 euros, que es la cantidad que reclaman como indemnización, porque cuando los propietarios legítimos recuperaron la casa vieron que no se había hecho obra sino un destrozo.

En la conciliación judicial previa que se había hecho para la devolución de la vivienda, se estableció que las obras y mejoras realizadas serían en beneficio del vendedor, pero la acusación responsabiliza al acusado de arrancar cocinas, baños y un depósito de gasoil llevándoselo, aparte de los desperfectos ocasionados en el inmueble.

El asunto, tras un juicio civil celebrado en el año 2013, ha acabado en la vía penal con peticiones de pena de cárcel que podrían llegar a los 4 años de privación de libertad del principal acusado.

Y es que la acusación particular entiende que hubo una apropiación indebida, que es el tipo penal que pretende que el tribunal aplique tanto al principal acusado como a sus dos hijos por haberle ayudado a llevarse las cosas de la casa. Para el padre pide 4 años de prisión y multa de 10 meses a razón de 6 euros día, mientras que para los hijos solicita 1 año de prisión y seis meses de multa a 6 euros día. Subsidiariamente plantea, no obstante, que se les condene a los tres por un delito de hurto, solicitando 2 años y 6 meses para el padre y 1 año para los hijos.

La Fiscalía, que finalmente acusó solo al padre, califica los hechos de hurto y pide una pena de prisión de 18 meses, o alternativamente una multa de 24 meses con cuota diaria de 10 euros por un delito de daños.

El acusado dijo durante la vista que había comprado la casa para reformarla y que había hecho las obras porque la consideraba suya al estar viviendo en ella, aunque solo llegó a pagar 12.000 euros a cuenta, no los 134.000 convenidos. Achacó eso a que nunca le llevaban la documentación y a que el préstamo lo tenía en 2011 y que después el banco no esperó. Aseguró que se gastó 60.000 euros en las obras y que solo se llevó lo que era suyo, incluidos los interruptores y enchufes, aunque precisó que los antiguos los dejó en una bolsa.