Jorge Buxadé, candidato de VOX al Parlamento Europeo: “La Agenda 2030 es antidemocrática, un plan de control social y restricción de libertades”

Jorge Buxadé (Barcelona, 1975) encabeza por segunda vez la candidatura de Vox a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y ha sido europarlamentario durante los últimos cinco años.

-Su lema electoral es ‘Nos van a oír’. ¿Considera que hasta ahora España ha sido ninguneada en Europa?

-Sin duda, yo creo que ya la propia entrada de España en la Comunidad Económica Europea no fue nada beneficiosa para nuestra industria y para nuestro sector agrario y lo estamos viviendo, sobre todo en la última legislatura con un Pedro Sánchez que no ha sabido ni ha querido defender los intereses de España. En el Parlamento Europeo PP y PSOE van de la mano, han votado juntos el 90% de las cosas y esto lo están sufriendo los españoles.

-Proponen cambiar la Política Agraria Común, pero aparte de los problemas generales que afectan al campo español, en Teruel hay algunos muy concretos que son las diferencias en el pago de las ayudas con respecto a otros agricultores aragoneses. ¿Cree que esto se puede cambiar o ya es tarde?

-En esta nueva legislatura uno de los trabajos fundamentales del Parlamento Europeo va a ser la aprobación de la nueva de la nueva PAC, que termina en el 27 y la legislatura va del 24 al 29 y la termina en el 27. Queremos más dinero para agricultores y ganaderos y, por supuesto, que el reparto sea más equitativo, ya no sólo pensando en territorios, sino en el agricultor profesional que normalmente es perjudicado respecto del que no es profesional y, sobre todo, modificar las medidas para la sucesión en las explotaciones agrarias, que es uno de los grandes problemas de España.

-¿Qué otros cambios habría que hacer en esa PAC?

-Los agricultores españoles no están tan preocupados por las ayudas como por competir realmente en el mercado, hay que establecer unas reglas justas respecto de la producción extranjera, y no sólo que no entren productos que no cumplen las exigencias fitosanitarias que se exigen a los nuestros, sino también no ocultar el origen en el etiquetado. Se trata de un paquete de reformas, un giro radical que confiamos sacar adelante esta legislatura con apoyo de nuestros aliados en Europa.

-En su programa plantean la derogación de la Agenda 2030 , un proyecto en el que los países de la ONU llevan años avanzando y en el que no sólo se habla de cambio climático. ¿Por qué?

-Porque es esencialmente es antidemocrática, un documento firmado en el 2015 al que se han adherido todas las fuerzas políticas, desde el PP de Rajoy, que fue el que lo suscribió, hasta Bildu, y que marca la agenda política de los países europeos. Da igual lo que votemos los españoles cada cuatro años, esa agenda se impone por encima de cualquier otra cuestión y esconde un modelo de sociedad absolutamente estatalizado, controlado por las administraciones y por las grandes empresas donde se propone, por ejemplo, un modelo de educación solo pública y estatalizada, restringiendo la libertad de las familias o donde se inocula toda la ideología de género. Es todo un plan para el control social y la restricción de libertades. Nuestro plan es impulsar la Agenda España, potenciar nuestra economía y, sobre todo, recuperar todas esas libertades que estamos perdiendo y como es poco a poco no nos damos cuenta.

-Otro de los aspectos de su programa son las políticas de inmigración. En Teruel sin el alumnado de origen árabe la mitad de los colegios estarían cerrados y sin los médicos de origen latinoamericano, las carencias sanitarias serían aún mayores. ¿En esas políticas de inmigración tienen en cuenta a territorios como Teruel?

-Proponemos que sólo sea admisible la inmigración legal de personas que vienen con contratos de trabajo, con ofertas de empleo, con medios de vida suficiente, no para vivir de la paguita pública o, por supuesto, los que vienen ilegalmente a España y hacen del delito un modo de vida. Por eso fuimos el único partido que en el Congreso votó en contra de la regularización extraordinaria de 500.000 inmigrantes.

-Usted apoyó la reforma del EURODAC, el sistema de identificación de inmigrantes ilegales. ¿Considera que hay que seguir avanzando en esta cuestión en Europa?

-Me llamó mucho la atención cuando llegué al Parlamento Europeo hace cinco años que la UE no tenga registro de todos los inmigrantes ilegales que hay, mientras a los ciudadanos nacionales nos tiene controlados. Este registro que va a permitir tres cosas, una la coordinación de las policías en la lucha contra el terrorismo; segundo conseguir que los menores que están ilegalmente en Europa, que han sido traídos por las mafias, vuelvan con sus padres, se reintegre la unidad familiar y no estén en centros de acogida que, por desgracia, se han convertido en escuelas de delincuencia, y, tercero, la identificación de aquellos ilegales para que vuelvan a su país. Pero eso es el primer paso porque ahora necesitamos los mecanismos que aseguren que podemos devolverlos eficazmente, a través de acuerdos con terceros países y procedimientos de expulsión más ágiles y rápidos, en la misma frontera, para impedir que esos 40.000 inmigrantes ilegales que han estado en Canarias sean repartidos por el gobierno de Sánchez por toda la geografía española.

-¿Qué opina sobre aplicar criterios de despoblación en las políticas europeas?

-Nuestro vicepresidente en el Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, está haciendo un trabajo extraordinario, histórico, no hay ni un solo político que haya puesto como objetivo fundamental luchar contra la despoblación. La Unión Europea, en su régimen de ayudas y de fondos, debe cambiar criterios, que los mismos y la situación es distinta en un país como Finlandia, donde tiene zonas despobladas porque físicamente no se puede vivir en ellas, a España, donde la despoblación está motivada por cuestiones de inversión y procesos de traslado de la gente del campo a las a las ciudades. Nada impide que se pueda vivir en Teruel, pero tiene que haber infraestructuras, inversiones, servicios sanitarios, educativos o bancarios. Hay que cambiar esos criterios para que el dinero de la solidaridad Europea se reparta con más sentido y poner en valor.

-¿Qué papel debe jugar Europa ante los conflictos bélicos?

-Lo primero que tiene que entender Europa es que, si no es fuerte, no puede jugar ningún papel relevante en el escenario mundial. Tiene una economía y una población que no crecen desde hace 20 años, facilita esa inmigración ilegal como excusa para resolver el problema de población. Ha renunciado a energías como la nuclear, la térmica o la hidráulica; Teresa Ribera, la candidata del PSOE, ha prohibido la exploración de recursos naturales y un país necesita población, materias primas y economía. Hay que encontrar los equilibrios porque no vale que en Bruselas tomen decisiones en nombre de todos y perjudiquen la política internacional de los estados miembros.

-¿Cuáles son sus aspiraciones este 9J?

-Crecer mucho, tanto como para unirnos a todos esos partidos, reformistas, conservadores y patriotas que hay en todos los Estados miembros y tener mayoría suficiente para romper la gran coalición de PP y PSOE en Bruselas y llevar al Partido Popular al sentido común y a las políticas de libertad que queremos ejercer.