José Antonio Guillén, vicepresidente de Cepyme Teruel: “Empresas de otras CC AA nos preguntan por las bonificaciones sobre los costes laborales”

El vicepresidente de Cepyme Teruel, José Antonio Guillén, ha vivido en primera persona el largo camino que ha llevado a que finalmente la Comisión Europea haya autorizado al Estado español a dar ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria para combatir la despoblación. Es la fiscalidad diferenciada por la que tanto han peleado estas organizaciones en España y Europa en los últimos años. Guillén asegura que estas ayudas van a servir para que las empresas turolenses ganen en competitividad y para atraer empresas de fuera que representen la economía del siglo XXI. Sostiene que la trascendencia de esas bonificaciones de hasta el 20% de los costes laborales “es tremenda para cualquier economía, pero más para nuestra provincia”.

-¿Han contactado ya con el Ministerio de Hacienda para saber cuándo se aplicarán las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea?

-Contactamos el mismo día que se publicaron las directrices, el 19 de abril, y la semana pasada hicimos otra solicitud de reunión; la primera fue con la ministra de Hacienda y la que hemos pedido ahora es con la Secretaría de Estado de Presupuestos. Estamos pendientes de que oficialmente nos den una fecha, pero vamos, estamos convencidos de que nos la van a dar.

-¿Cómo lo están trabajando con el Gobierno de Aragón?

-Con ellos tenemos un contacto constante sobre esta cuestión y otras. De hecho, trabajamos de forma coordinada las alegaciones que se presentaron y con las que se consiguió esta equiparación a los territorios nórdicos. Nosotros reparamos en estas ayudas al funcionamiento en 2018 cuando estábamos elaborando con la Red SSPA el Informe de Fiscalidad, nos pusimos en contacto con Presidencia del Gobierno de Aragón y nos dijeron que también estaban en ese asunto. Hemos tenido multitud de reuniones con funcionarios europeos, con europarlamentarias, y con el Gobierno central también, tanto con funcionarios como con altos cargos, y ha sido un trabajo coordinado.

-¿En qué van a consistir estas ayudas?

-Lo que permiten las directrices europeas es que los estados miembros apliquen este tipo de discriminación positiva, pero no está financiado por fondos europeos, sino nacionales, y la última palabra la tiene siempre el Gobierno de España. Permiten que las empresas que están radicadas, con su razón social o su centro de trabajo y actividad económica en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, reciban una bonificación del equivalente como máximo al 20% de sus costes laborales.

-¿Qué incluye eso exactamente?

-Los costes laborales incluyen los sueldos, los salarios y los costes de Seguridad Social. La trascendencia de estas ayudas es tremenda para cualquier economía pero más para las nuestras que están sujetas a deseconomías de escala, a falta de competitividad porque funcionamos en un mercado interior muy restringido en cuanto a mercados y capacidades de acceso y financiación, de capacidad de inversión y del tamaño de las empresas.

-¿Qué supondrá?

-Una ventaja competitiva porque permitiría reducir la brecha de competitividad que tenemos por el hecho de que las empresas estén asentadas en territorios despoblados.

-¿Cualquier empresa que funcione en estos momentos en la provincia o que se instale en ella podría beneficiarse?

-Hay exclusiones por tamaño y por actividad. Por tamaño son beneficiarias las empresas que se consideran pymes, micropymes y autónomos; las que tienen menos de 250 trabajadores o con un volumen de facturación anual menor de 50 millones de euros. Y también quedan excluidas una serie de actividades que tienen sus propias directrices de ayudas regionales: todas las que están en la sección A del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) de 2009, es decir, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca.

-¿La industria agroalimentaria también está excluida?

-No, son solo las fases primarias, pero si hay algún tipo de transformación se podrían acoger.

-¿Qué otras están excluidas?

-Las actividades de acero, lignito y carbón, pero no las que transforman, es igual que en el caso anterior. El transporte también queda excluido, tanto de mercancías como de pasajeros, el despliegue de banda ancha, el sector energético, las entidades financieras, las actividades de las sedes centrales y otras actividades de consultoría y de gestión empresarial, que son muy muy específicas vinculadas al sector financiero.  Quedan excluidos todos estos porque tienen otras directrices particulares para ellos y sus propias ayudas.

-¿A qué porcentaje de empresas beneficiaría la medida?

-Por el tamaño entrarían en torno al 99,93% de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel, y por la cuestión del CNAE en torno al 93 o 95%, porque tenemos que afinar todavía un poco para ver quién entra y quién no.

-¿Y hay posibilidad de que puedan beneficiarse también grandes empresas en territorios en transición justa como pasa en Andorra?

-Aquí hay una cuestión que hay que diferenciar. La comunicación  de directrices de ayudas estatales de finalidad regional incluye dos tipos de ayudas: las de funcionamiento que son estas de las que hablamos que bonifican los costes laborales, y luego en el mismo documento están las ayudas a la inversión. Lo que dicen las directrices es que las ayudas a la inversión sí que serían aplicables a grandes empresas en aquellos casos particulares como por ejemplo los territorios que están sujetos a procesos de transición justa, que también es una gran oportunidad.

-¿En dinero, a cuánto equivaldría en la provincia de Teruel? Se habló de 55 millones.

-Esos cálculos hay que precisarlos porque faltan cosas por trabajar y antes de dar una cifra global que pueda variar, lo que hemos hecho ha sido hacer una proyección de una empresa tipo. Sería una empresa de 15 trabajadores con unos costes laborales de media de 30.000 euros por trabajador de un sector con alto valor añadido y empleo altamente cualificado, que son las que nos gusta tener en el territorio. Para una empresa así, una bonificación del 20% de los costes laborales supondría un ahorro anual de aproximadamente 91.000 euros. Ese dinero se traduce, entre otras cosas, en la posibilidad de contratar a tres personas más. No significa que automáticamente las empresas vayan a destinar estas bonificaciones a la contratación, sino que lo pueden destinar a reducir los precios de sus bienes y servicios siendo más competitivos, a invertir en I+D+i, a generar nuevas líneas de negocio o a la expansión y la internalización, o bien para tener un poco más de oxígeno y de músculo con el que aumentar la competitividad. Al final eso va a redundar más pronto que tarde en los propios trabajadores porque va a mejorar las condiciones laborales, generará más oportunidades de expansión y aumentará la competitividad, que es lo que busca esta herramienta de las ayudas al funcionamiento y es lo que se ha demostrado en los territorios nórdicos, especialmente en Noruega, donde funciona, y que además contribuye al objetivo que es luchar contra la despoblación.

-En definitiva, que haya empleo para que haya población.

-Es transformar el círculo vicioso en el que estamos sumidos por la poca población, la poca actividad económica y su poca diversificación, y con un mercado de trabajo con muchas carencias porque no hay grandes oportunidades laborales en la provincia de Teruel y eso genera la salida de la población joven y cualificada. Esto es darle la vuelta. A mejores empresas, mejores condiciones laborales y mayor posibilidad de generar servicios de calidad. Combinación de empleo y servicios públicos es igual a aumento de la población.

-¿Confían en que esto atraiga también a profesionales autónomos de fuera?

-Por supuesto. Esta es otra parte del trabajo que tenemos que hacer como organizaciones empresariales. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Esto genera una ventaja competitiva que no tienen otros territorios pero ya no solo a nivel de otras provincias sino de otros países de la UE. Se nos ha equiparado a los territorios nórdicos de Suecia, Noruega y Finlandia, pero además se han añadido nuestros socios en la red SSPA y una región de Letonia. Esto es una oportunidad de país que no tienen otros.

-Para el Estado español esto tiene unos costes porque supone una merma de ingresos.

-Pero aumenta la actividad, y si somos capaces desde las organizaciones empresariales y los gobiernos regionales de atraer empresas más competitivas que generen mayor valor añadido, vamos a alimentar ese círculo virtuoso. Y no ya solo atraer empresas sino que las que estamos radicadas aquí demos un salto adelante en esa competitividad, con lo cual generaremos más impuestos, más actividad económica, mejores condiciones y con el tiempo lograremos revertir la situación en la que estamos de despoblación y de falta de competitividad económica.

- ¿Qué tipo de nuevas empresas sería lo deseable que se impulsasen y cómo van a trabajar desde las organizaciones empresariales para atraerlas?

-No le vamos a mirar el diente a nadie, pero queremos atraer empresas que representen la economía del siglo XXI, que está orientada hacia la digitalización, la prestación de servicios avanzados, la gestión de datos, las telecomunicaciones, la industria 4.0 y altamente tecnificada hacia el I+D; empresas que generen valor añadido y empleo muy cualificado y de calidad. Empresas que tengan una carga laboral muy alta también van a tener una oportunidad con actividades más primarias, pero esas es más difícil que se puedan deslocalizar de donde están porque tienen un volumen de infraestructuras muy alto, pero las otras son muy flexibles y se pueden atraer de forma casi inmediata si además les facilitamos todo lo demás, porque esto es una ayuda, pero si no conseguimos que todo el ecosistema les sea también favorable, solo esto no les va a ser suficiente. Por eso están muy alineadas las ayudas al funcionamiento con el proyecto del ‘5 for Rural’ que hemos presentado buscando la digitalización de nuestra estructura económica atrayendo empresas tecnológicas y facilitando a las que ya estamos en el territorio a dar un salto adelante en digitalización.

-Las directrices hablan de hasta un 20%, pero el Estado también podría regular menos. ¿Sería igual de efectivo?

-En Noruega en algunos territorios se aplica el 15, en otros el 10 y hay una zonificación, pero nosotros vamos a pedir que se aplique el 20% a todos porque el principal hándicap que tenemos para sacar esto adelante es que el Gobierno de España debe elaborar el mapa de ayudas regionales propio y enviar un informe jurídico a Bruselas para su aprobación. Si nosotros ahora le complicamos mucho la vida a la Administración, que está desbordada, esto se puede retrasar, y vamos a pedir esa aplicación del 20% para todos, que luego el Gobierno ya decidirá lo que hace, pero sin distinciones territoriales ni por sectores de actividad.

-¿Cuándo podrían empezar a aplicarse estas ayudas?

-Según las directrices desde el mismo momento en que el Gobierno de España envíe a Bruselas un mapa de ayudas regionales, que podría ser ya este mismo año, pero sí es verdad que la elaboración de ese mapa no es una cosa inmediata. Nuestro objetivo es que sean aplicables a partir de enero de 2022.

-Por tanto debería tenerlo en cuenta el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que se suelen presentar en septiembre.

-Sí que es verdad que aunque no aparezca en presupuestos, el Gobierno puede aplicarlo el año que viene con un real decreto, pero claro, si ya se está discutiendo en presupuestos ya te da una pista de que esto va adelante. En cualquier caso, esto tiene que ir adelante sí o sí por varias razones. La primera porque ya están publicadas por la Comisión Europea las directrices, y no lo hace si no está apoyado por el Gobierno al que afecta.

-No hay riesgo entonces de que el Estado ahora quiera escurrir el bulto.

-Claro, eso es. Aquí estamos muy centrados con las ayudas al funcionamiento por la despoblación, pero las directrices incluyen otras muchas cosas. Y esto lo sabemos porque cuando se han celebrado las reuniones del intergrupo, los 27 estados miembros con la Comisión Europea, en todas el Gobierno de España ha defendido esto, porque si no lo hubiera hecho ni siquiera hubiese aparecido en el papel. Nos consta que el Gobierno está por la labor, y otra cosa es la forma, si se da el 20% o será el 18%, y otros matices, pero que va a haber ayudas al funcionamiento eso será seguro. Luego está la cuestión de los plazos, porque esto no significa que obligatoriamente el Gobierno de España tenga que aplicar esta posibilidad mañana o el 1 de enero de 2022. Nos preocupa más la cuestión administrativa política, que la jurídico económica, porque jurídicamente no hay ningún problema para hacer esto y económicamente tampoco supone un descalabro en las arcas públicas. Esto es muy asumible por la economía española.

-Las ayudas serían hasta 2027, ¿podrían renovarse?

-Salir es muy complicado y estas bonificaciones seguirán presentes siempre y cuando no se modifiquen las directrices. En 2023 y 2024 habrá una revisión, pero no es de calado y no van a quitar esto, y en el 2027 sí que es posible que dejemos de estar al igual que ahora hemos entrado. Por eso es tan importante que apliquemos estas ayudas lo antes posible porque si somos capaces de aplicarlas pronto, y ser eficaces a la hora de aprovechar las oportunidades que se generan, le demostraremos a la Comisión Europea que la herramienta es buena y por lo tanto si la UE quiere corregir el desequilibrio territorial que genera la despoblación y esto funciona no tienen por qué quitarlo. Al revés, esto es también importante para el resto de territorios que se preguntan por qué se dan estas ayudas a Soria, Cuenca y Teruel y a ellos no.

-Pero ahí están las directrices europeas que marcan cuál es el criterio para tener en cuenta la despoblación.

-Claro, pero si todos somos capaces de poner en marcha esto cuanto antes para que haya tiempo para cuantificar y justificar el impacto positivo que ha tenido, por qué no se le puede decir en 2027 a la Comisión que esto funciona y se puede ampliar el margen haciéndolo para otros territorios modificando los criterios porque todo es revisable. Esto es más fácil que protestar con una cacerola en contra del 12,5 (el criterio de habitantes por kilómetro cuadrado en que se basa la directriz), porque o justificas el cambio o no se va a cambiar. Ha habido excepciones a la norma al incluirse los territorios adyacentes que cumplan ese mismo criterio. Las cosas se pueden cambiar, pero se tienen que justificar y hay que trabajar siempre desde el marco establecido.

-¿Cómo lo vieron los empresarios turolenses en la webinar que hicieron con ellos para explicarles esto?

-Yo no recuerdo ninguna jornada organizada por CEOE que tuviera tantos participantes. Desde entonces hasta ahora hemos tenido multitud de correos, llamadas y reuniones incluso con algunas empresas porque están proyectando inversiones importantes en la provincia tanto de capital exterior como provincial. Puedo decir que una de mis funciones ahora casi diarias es atender a estas solicitudes.

-¿Hay ya entonces empresas de fuera también interesadas?

-Sí, sí, son empresas de otras comunidades autónomas que están preguntando, y luego las locales que se están planteando planes de crecimiento y quieren conocer los detalles. Y algo muy importante para nosotros, que quieren trasladarnos sus dudas para que lo incluyamos en las conversaciones con el Ministerio y la Comisión para que vayamos casi a preguntas concretas. Esto lo que tiene que servir es para que la empresa que esté aquí vea que en CEOE tienen una respuesta a sus problemas directos y estamos encantados de estar desbordados.

-La fiscalidad diferenciada era uno de los caballos de batalla de la SSPA. ¿justificaría ya eso solo que se creara el lobby?

-Hay que decir también que esto ha sido la primera parte de un logro, no definitivo, que se ha conseguido con el trabajo de las comunidades autónomas y con el nuestro, pero también con el apoyo de muchos actores en Bruselas que desarrollan su actividad profesional allí y que ya conocíamos gracias a las labores del lobby que habíamos hecho y que se han sumado a ayudarnos en este camino. Una persona que ha sido fundamental ha sido José Luis Buendía, que es miembro del Tribunal de la Competencia de Aragón y está muy metido allí, pero ha habido otros también a los que conocíamos de antes porque habíamos ido por Bruselas con la SSPA para conocerlos y que nos conociesen. Hemos alineado todas las piezas del lobby que teníamos para trabajar con esto. Y la labor de las europarlamentarias ha sido también fundamental porque han sido muy receptivas con la SSPA.

-¿Cuáles van a ser los próximos pasos que dará la SSPA?

-Nuestro objetivo fundamental en lo que queda de año es ayudar al Gobierno español a elaborar el mapa de ayudas con las Comunidades Autónomas. Y además estamos trabajando en el proyecto ‘5 for Rural’ vinculado a los fondos de recuperación. Seguimos teniendo reuniones con todas las secretarías de Estado que pueden estar implicadas en su desarrollo, y vamos a estar armando ese proyecto para lanzarlo cuando salgan las convocatorias. Estamos colaborando también con las diputaciones provinciales y con los gobiernos regionales. Otra cuestión que estamos abordando y que vamos a intensificar en otoño es la fiscalidad verde y las compensaciones a los territorios que como dijimos en el informe que presentamos éramos donantes de vida.