Informe de la Cámara de Cuentas: El Fondo de Inversiones ha compensado a Teruel mucho menos de lo que debería haberlo hecho
El informe de la Cámara de Cuentas muestra las carencias del FondoEl Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), creado en 1993, ha compensado a la provincia mucho menos de lo que debería haberlo hecho en sus veinticinco años de existencia. Si se atiende a criterios de extensión territorial, ha recibido menos de la mitad de lo que han percibido las regiones menos desarrolladas del país en el último cuarto de siglo a través del Fondo de Compensación Interterritorial, del que Teruel quedó excluida. Además, casi una décima parte del dinero que debería haber llegado a los turolenses se ha perdido por falta de ejecución o por culpa de las nuevas normas fijadas por la Administración central en 2013.
El informe que ha realizado la Cámara de Cuentas de Aragón sobre este mecanismo creado para paliar los problemas de desarrollo de la provincia constata que los proyectos estratégicos que deberían haber contribuido a ello no han supuesto ni la mitad de la inversión realizada, y que tampoco ha servido para corregir la brecha en infraestructuras existente con el resto del Estado. A ello se suma la poca transparencia en su gestión.
Si nadie dudaba de que desde hacía tiempo no se estaban haciendo las cosas del todo bien con el Fite, el informe de fiscalización realizado ahora por la Cámara de Cuentas y dado a conocer hace una semana, como ya informó este diario, corrobora que ha habido muchas carencias en su gestión y un enfoque no del todo adecuado.
En parte ha sido por una falta de fiscalización más rigurosa de las actuaciones llevadas a cabo, pero también porque se han acometido inversiones que no correspondían a un instrumento especial como este por su carácter compensatorio, y que deberían haberse hecho con partidas de presupuestos ordinarios.
El informe completo, de más de un centenar de páginas, puede consultarse íntegro en la página web de la Cámara de Cuentas de Aragón, así como un resumen divulgativo de síntesis de nueve páginas. Ha sido remitido ya a las Cortes de Aragón y al presidente de la Comunidad Autónoma, y en el mismo se hace un análisis genérico del fondo desde sus inicios, y de forma más específica en lo que concierne al año 2016, último ejercicio analizado.
Durante esta semana ha habido ya pronunciamientos de entidades y partidos recordando que hace tiempo que se viene advirtiendo de lo que ahora ha constatado la Cámara de Cuentas a través de su informe de fiscalización.
CEOE Teruel recordó esta semana que han pedido en varias ocasiones poder participar desde los agentes sociales en las comisiones del Fite, además de incidir en lo interesante que sería crear una agencia de desarrollo autónoma, aunque fiscalizada por la Administración, para conseguir una mayor eficiencia en la gestión de estas partidas que, como corrobora la Cámara de Cuentas, no han servido en 25 años para paliar el mayor problema al que se enfrenta la provincia como es la despoblación.
Izquierda Unida también se pronunció esta semana en el sentido de anunciar que solicitará al Tribunal de Cuentas del Estado que analice aquellas irregularidades o deficiencias que se hayan podido cometer con el Fite cuando se cumplen veinticinco años de su existencia.
Exclusión del FCI
El fondo, dotado hoy día con 60 millones de euros anuales que aportan a partes iguales la Administración central y la Comunidad Autónoma, y que gestiona esta última, ha ido incrementándose de forma progresiva y se creó para favorecer el desarrollo de la provincia por su exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
Teruel quedó excluida del FCI al aplicarse criterios regionales, puesto que el mismo, creado en 1984, solo atendía a las comunidades autónomas cuyo PIB fuese inferior al 75% de la media de la Unión Europea. La provincia turolense salió perjudicada por este criterio y se quedó fuera del mismo, pero en cambio en 1993 se creó un mecanismo para compensarla, el Fite, de manera que el Estado y Aragón se comprometían a destinar unos fondos anuales de forma conjunta para corregir los desequilibrios de Teruel y atender el principio de solidaridad interterritorial.
El objetivo era el mismo que el del FCI, posibilitar con partidas adicionales a las de los presupuestos ordinarios de ambas administraciones proyectos de inversión que promoviesen la generación de renta y riqueza en la provincia de forma directa o indirecta.
Desde su creación en 1993 hasta el año 2016, último ejercicio analizado por el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón, el Fite ha sido dotado con 934 millones de euros, si bien no todo ese dinero se ha ejecutado.
El documento hecho público hace una semana por el ente fiscalizador señala que se han ejecutado 848 millones en ese periodo, lo que supone un 90,8% del total. Eso quiere decir que los turolenses han dejado de percibir 85,7 millones de euros por falta de ejecución.
Es dinero que se ha perdido en un provincia muy necesitada de inversiones, y es un porcentaje muy alto puesto que supone que el 9,2% del dinero que se dio a la provincia no se ha ejecutado. Eso representa perder casi 1 millón de euros por cada 10 que recibe a través del Fite.
De esa cantidad, 46,5 millones, un 5%, son remanentes del periodo 1993-2012, pendientes de ejecución o de reprogramación; y 39 millones, un 4,2%, son fondos sin ejecutar entre 2013 y 2016 cuando cambiaron las normas fijadas por la Administración central, lo que obligaba a justificar la inversión en diciembre del año siguiente a su aprobación. Eso impidió además impulsar nuevos proyectos plurianuales. En este último caso están pendientes de devolverse al Estado 19,5 millones de euros, mientras que la parte restante es la que habría correspondido aportar a la Comunidad Autónoma.
A partir de estos datos, la Cámara de Cuentas hace un análisis sobre si el Fite ha cumplido con la finalidad para la que se creó, y si las inversiones recibidas han compensado su exclusión del Fondo de Compensación Interterritorial. En el primer caso señala que no siempre han respondido a ese criterio y lo que han hecho ha sido sustituir otras inversiones que deberían haber llegado por presupuestos ordinarios.
Compensación deficitaria
En cuanto a si se ha visto bien compensada por su exclusión del FCI, aporta un análisis comparativo con los territorios que se benefician de este fondo y se constata que Teruel ha recibido menos de la mitad de lo que debería haber percibido si hubiese formado parte del mismo.
En este sentido, tiene en cuenta la mitad de la inversión del Fite correspondiente al Estado y aporta cifras siguiendo criterios de extensión del territorio y de población. En el primer caso, la comparativa arroja un claro perjuicio para la provincia al haber percibido menos de la mitad de lo que recibieron otras regiones o ciudades autónomas por el Fondo de Compensación.
La media de lo ejecutado en el periodo que va de 1993 a 2016, con precios actualizados a 2017, fue de 68.270 euros por kilómetro cuadrado en los territorios del Fondo de Compensación Interterritorial, mientras que en Teruel se ejecutaron 33.820 euros por km2, lo que supone menos de la mitad de lo que se invirtió realmente en las regiones del FCI.
Las diferencias son abismales si se compara con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que recibieron 6,2 y 9,3 millones por kilómetro cuadrado, si bien hay que reconocer que se trata de algo especial por la singularidad de ambas.
Solo Castilla-La Mancha y Castilla y León percibieron menos dinero a través del FCI que Teruel en función de la extensión de su territorio. En el resto, todos recibieron más, duplicando, triplicando e incluso quintuplicándolo y más (ver cuadro adjunto en esta página). Los casos extremos fueron Andalucía con 117.860 euros, Galicia con 143.590 y Canarias con 205.790.
Ejecución por habitante
El análisis incorpora también una comparativa teniendo en cuenta el dinero ejecutado por habitante, en cuyo caso la provincia de Teruel sale ganando puesto que le salen 3.570 euros por habitante, mientras que la media en el resto de territorios del FCI es de 1.050. No obstante, el dato válido es el anterior si se tienen en cuenta criterios de vertebración atendiendo a la extensión de territorio y su dispersión.