El TSJA vuelve a confirmar que la DGA debió prever la pandemia y disponer de EPIs

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha vuelto a confirmar, por tercera vez consecutiva, la condena al Gobierno aragonés por no prever los efectos de una posible pandemia y no haber hecho acopio con tiempo suficiente de Equipos de Protección Individual (EPI) suficientes para salvaguardar la salud del personal sanitario.

La resolución confirma en concreto la demanda interpuesta por la Federación de Sindicatos Médicos de Atención Primaria en Zaragoza, en los mismos términos ya utilizados en las sentencias que constataron la situación de carencia de equipos de protección en las provincias de Huesca y de Teruel.

Las tres sentencias confirman en todos sus términos las dictadas previamente por juzgados de lo social de las tres provincias aragonesas, al afirmar que el personal sanitario se vio lesionado en su derecho fundamental de desarrollar su labor con plenas garantías de seguridad, de acuerdo a la legislación de salud laboral.

En su última resolución referente a la situación de los sanitarios en Zaragoza, la sala de lo social del TSJA asegura que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió el pasado mes de enero de la expansión del coronavirus, por lo que era "previsible que alcanzase a nuestro país, con la consiguiente incidencia en el sistema sanitario y en el personal que presta servicios en él".

Los magistrados destacan que en el comienzo de la emergencia de salud pública internacional, los servicios de salud del Estado y de las comunidades autónomas no fueron capaces de dotar a los profesionales de la salud de los medios precisos para afrontar la enfermedad "debidamente protegidos".

Así, consideran que los deberes de la administración respecto a sus trabajadores del sistema sanitario no fueron "debidamente satisfechos" al no garantizar una distribución de medios acorde con las necesidades que se pusieron de manifiesto al inicio del estado de alarma.

El TSJA admite las objeciones de la representación legal del Gobierno aragonés referidas a las circunstancias "críticas" que se vivieron y a la dimensión mundial de la pandemia, pero insiste en que "lo relevante" para el proceso judicial es que los profesionales carecieron de medios suficientes al inicio de la crisis.

Insiste en que el Departamento de Salud del Ejecutivo regional lesionó los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios afectados al no proporcionarles medios suficientes, y subraya que el el recurso de la administración "nada específico ha argumentado para intentar rebatir este extremo".