El Supremo da la razón a un juzgado de Teruel y dice que la Audiencia Nacional debe investigar la red de sextorsión con víctimas en toda España

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel y ha establecido que debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional (AN) el que se haga cargo de la investigación iniciada en Teruel en relación a una red de ‘sextorsión’ con víctimas y perjudicados en todo el territorio nacional.

En un auto, la Sala explica que los hechos investigados consisten en una serie de fraudes realizados por varios grupos de delincuentes que extorsionaban y amenazaban a personas que entraban en contacto con mujeres a través de portales de internet que propician encuentros con ‘escorts’ o prostitutas, ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo.

Una vez intercambiados los datos de las víctimas con las mujeres, se iniciaba un proceso de intimidación y amenazas a fin de conseguir que la víctima, hubiera o no mantenido relaciones con la mujer en cuestión, entregara dinero a la organización a través de diversos procedimientos.

“El número de víctimas, por tanto, es importante y se encuentra disperso en todo el territorio nacional", se lee en el auto del TS. Además, las organizaciones criminales "están al parecer afincadas en Valencia, siendo la única conexión con Teruel que una de las víctimas denunció en esa localidad”.

Por esas circunstancias, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al apreciarse indiciariamente la existencia de varios grupos criminales que operan a través de un mecanismo o procedimiento que responde a unos patrones, que actúan además a través de internet y que con eso "determinan la producción de un número elevado de víctimas en todas partes de la geografía nacional, procede otorgar la competencia al Juzgado Central”, indica el citado documento.

De ese modo, da la razón al Juzgado de Teruel y a la Fiscalía, que también consideraban que la competencia era de la Audiencia Nacional, ha apuntado la Oficina de Comunicación del Tribunal Supremo.