El Senado insta a reconsiderar el mapa concesional de transporte de autobús

El pleno del Senado aprobó este miércoles una moción del grupo parlamentario popular en la que se insta al Gobierno central a que reconsidere el mapa concesional estatal de transporte público de viajeros en autobús por el daño que causa en el territorio al dejar sin parada a numerosos municipios. Solo en la provincia de Teruel, en caso de aplicarse, se quedarán sin parada 54 pueblos, mientras que en el conjunto de Aragón serán 151 los afectados. La senadora del PP por Teruel, Emma Buj, incidió en la trascendencia que estas medidas tienen para el medio rural, en especial cuando se trata de cuestiones como la movilidad como es este caso.

La moción de los populares se votó este miércoles en el pleno del Senado, si bien su debate tuvo lugar en la sesión plenaria del pasado 29 de octubre. En aquella ocasión se tenía que haber votado al día siguiente, pero la votación quedó pospuesta al suspenderse la sesión plenaria debido a la catástrofe provocada por la dana en la Comunidad Valenciana y otras partes del país.

El asunto regresó al pleno celebrado esta semana para su votación, puesto que el debate ya tuvo lugar en la anterior sesión, y salió adelante como era de esperar porque el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta. Junto al PP respaldaron esta iniciativa UPN y Vox, mientras que el PSOE fue la única formación que votó en contra. El resto se abstuvo, aunque dentro del grupo parlamentario de la izquierda confederal el senador de la Agrupación Socialista Gomera también la apoyó. Quien no lo hizo y se abstuvo fue el senador de Compromís, formación ligada a CHA, que desde el Congreso se ha opuesto a este mapa concesional por el daño que provoca en el territorio al limitar la movilidad en las zonas rurales.

En la iniciativa del PP aprobada en la Cámara Alta se insta al Gobierno a que se escuche a las comunidades autónomas y que el mapa concesional que pretende impulsar el Gobierno central sea reconsiderado, ya que perjudicará a las zonas rurales. El mapa forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible, que está en tramitación en las Cortes Generales y sigue pendiente de aprobación.

La senadora del PP por Teruel, Emma Buj, pidió al Gobierno de España que “atienda esta iniciativa”, al igual que otras que salen del Senado, donde los populares tienen mayoría. “Somos una cámara de representación y por tanto lo que aquí se aprueba debería tener una repercusión en la acción del Gobierno”.

La parlamentaria turolense argumentó que es un tema “extraordinariamente sensible para luchar contra la despoblación, porque hay que recordar que la movilidad, especialmente en las zonas rurales, no es un lujo, sino una necesidad”.

Argumentó que lo que está planteando el Gobierno de España es un mapa concesional del transporte de viajeros por autobús, en lo que son las líneas estatales entre las comunidades autónomas, que lo que hace es “reducir los tiempos entre las grandes ciudades a costa de dejar abandonados a los pequeños municipios o a las áreas más rurales”. Aclaró que no están en contra de reducir los tiempos entre las grandes ciudades, “pero evidentemente tenemos que buscar una alternativa para el mundo rural”. Aclaró que no se conoce todavía cómo terminará siendo ese mapa porque el Gobierno hizo una primera propuesta y las comunidades autónomas han pedido que se reuna la sectorial para poder opinar.

Ese es uno de los puntos aprobados en la moción y que se pide al Gobierno central, que se convoque de forma urgente la Conferencia sectorial de Transportes para debatir, junto con los consejeros de transportes y movilidad de las comunidades autónomas, el nuevo mapa concesional de transporte regular de autobús por carretera diseñado por el Ejecutivo.

La moción aprobada insta igualmente al Gobierno de España a “reconsiderar este nuevo mapa concesional por su alto impacto social, territorial y económico en la España rural, que discrimina a los españoles y atenta contra la igualdad eliminando rutas, paradas y servicios e incrementando transbordos, a la vez que perjudica gravemente la lucha contra la despoblación”.

Emma Buj recordó que lo que está planteando este mapa concesional es eliminar unas 456 rutas, lo que supone un 47% menos, “y que algo más de tres millones de personas quedarán sin servicio, que son siempre habitantes de las zonas rurales”.

Apuntó que el Ministerio de Transportes lo que pretende es que las conexiones internas dentro de las comunidades autónomas sean asumidas por estas, pero aclaró que son servicios que cuestan cada año en torno a 110 millones de euros en todo el país, cuando el Estado está dispuesto a financiar 20 millones un año y otros tantos al siguiente, para “dejarlo después”. Eso supondría dejar en manos de las autonomías desplazamientos que ahora asume el Ministerio, pero sin aportar financiación, “lo que va en detrimento de comunidades como Aragón”.

Buj recordó que Aragón va a recibir casi 88 millones menos por su peso relativo en población con respecto al resto de España, con lo cual desde el Estado no se está atendiendo el problema del reto demográfico. Dijo que era algo “totalmente incoherente”, y que junto con Aragón los más perjudicados son las dos Castillas, comunidades de interior afectadas por la despoblación. Apuntó también que el mapa no resuelve la conexión y movilidad entre municipios vecinos que están en comunidades autónomas distintas, que van a verse “especialmente perjudicados”.