El Senado aboga por que las centrales renovables respeten la biodiversidad

La Comisión de Despoblación y Reto Demográfico del Senado aprobó esta semana con amplio consenso una moción por la que la Cámara Alta insta al Gobierno de España a seguir impulsando el desarrollo de las energías renovables en el medio rural, aunque vigilando “escrupulosamente” la normativa ambiental y desarrollando también el autoconsumo con un componente de participación ciudadana.
Así fue aprobado por la mayoría de los grupos –solo se abstuvo La Izquierda Confederal– después de una nutrida enmienda transaccional a la moción del grupo socialista que pedía al Ejecutivo la adopción de medidas para seguir impulsando el desarrollo de las zonas rurales a través de su potencial en la generación de energías renovables.
Se presentaron un total de 24 enmiendas, nueve de ellas procedentes de Teruel Existe, cuatro del PP y el resto de la Izquierda Confederal y del Grupo Mixto. 
Ante la insistencia de respetar la biodiversidad y los modos de vida actuales de la población del medio rural, argumentos planteados por los grupos enmendantes, la moción refleja en su último y noveno punto que “se vigilará escrupulosamente, tal y como exige la normativa ambiental vigente, la afección ambiental y paisajística de los proyectos de energías renovables de forma que se minimice el impacto y se proteja la biodiversidad en todos los territorios en los que se establezcan instalaciones”. 
Otro de los puntos insta a tener en cuenta “el criterio demográfico y despoblacional de forma transversal a la política de transición energética, atendiendo a las repercusiones que esa normativa puede suponer en los entornos geográficos afectados por la despoblación”. 

Potenciar el autoconsumo
Además, la Cámara Alta pide al Ejecutivo central que facilite que, allí donde se instalen las grandes plantas de generación renovable, se pongan en marcha también proyectos de autoconsumo colectivos para las instalaciones públicas y privadas, impulsando para ello la creación de puntos de distribución que faciliten la disponibilidad de esa energía de kilómetro cero. En todo caso, se promoverá que “tal implantación sea de acuerdo a un consenso social en los territorios afectados”. Esto permitirá que estos entornos tengan menores costes energéticos y, con ello, una ventaja competitiva para impulsar su desarrollo y creación de empleo, argumenta el texto consensuado.
Por otra parte, la moción insta a potenciar “que los grandes proyectos de energías renovables lleven aparejados proyectos empresariales en la zona donde se instalan”, de forma que se genere “empleo estable y continuado en el tiempo, a parte del creado para el funcionamiento de las plantas renovables, de manera que los beneficios de la actividad industrial de las centrales renovables repercutan directamente en el desarrollo de los territorios”. 
También estudiará el Gobierno “el modo de facilitar y garantizar el acceso de proyectos ciudadanos participativos, de alto valor socioeconómico para zona, a los puntos de conexión a la red disponibles en la misma para evacuar la energía producida en las plantas de generación”.
Otro punto insta a tejer “un gran plan del impulso de los contratos de servicios energéticos que incida en los ahorros energéticos a través de la eficiencia energética y las instalaciones de autoconsumo”. Para ello, se potenciará “la movilización de grandes cantidades de inversión privada con impulso público que pueda generar un importante número de empleos en sectores como el de las reformas, instaladores, etc”. 
Por otra parte, pide impulsar “la generación eléctrica renovable a través de las tecnologías que creen más empleo en las zonas rurales, como es el caso de la biomasa que permite luchar contra los incendios forestales al garantizar la limpieza de los bosques, o el aprovechamiento de los purines, para la creación de empleo”. De esta forma, se favorecería la economía circular. 
Además, el Senado solicita fomentar “la producción de hidrógeno verde de forma deslocalizada para el desarrollo de proyectos en zonas aisladas”, facilitando su penetración “en sectores como la industria, la movilidad o en el residencial-servicios, en aquellos casos en los que la electrificación no sea la solución más eficiente”.
Por último, “los proyectos de desarrollo de centrales renovables podrán ir asociados a proyectos de almacenamiento energético y de generación distribuida en las localidades; de manera que en los territorios productores de energías limpias puedan implementarse sistemas que ayuden a una mayor participación de la comunidad local en los beneficios de la transición energética y a equilibrar y gestionar mejor el mercado eléctrico”.

Valoraciones políticas
“Tenemos que afrontar la energía verde como una de las principales herramientas para el reto demográfico”, dijo la senadora del PSOE Rosa María Serrano, que llamó a construir “un modelo compatible y complementario” con el medio rural, consciente de que “las plantas que podrían servir de esperanza pueden generar enfado al ver cómo ocupan grandes superficies”.
El senador de Teruel Existe Joaquín Egea instó a instalar las centrales “de manera ordenada y con la participación de la ciudadanía”, y rechazó de plano la figura de la expropiación forzosa en aquellos municipios, como La Zoma, que se han negado tajantemente a la ubicación de aerogeneradores en su término.
“Pedimos una regulación más decidida para que se implanten instalaciones en pequeños núcleos más tendentes al autoconsumo, no con esa visión del PSOE que bendice las grandes instalaciones sin un cuestionamiento crítico”, dijo el senador de La Izquierda Confederal Carles Mulet, que a petición de su socio CHA solicitó una planificación adecuada y una ordenación territorial, y que la tramitación fragmentada tenga castigo. 
Vicente Martínez (PP) sugirió que la lucha contar la despoblación sea “un efecto colateral” de la implantación renovable, por lo que pidió “que se tenga en cuenta la preocupación” existente en los territorios con masificación de proyectos. Para ello, solicitó que la normativa cuente con el territorio. También advirtió de los posibles daños a la biodiversidad que traen consigo determinados proyectos.