El Reindus no podrá contemplar una línea específica para Teruel al cambiar las bases

El Programa de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, conocido como Plan Reindus, no podrá contemplar ya una línea específica para la provincia de Teruel al haber cambiado las bases que regulan la concesión de estos apoyos financieros dirigidos a la reindustrialización. Ninguno de los otros territorios del Estado a los que se asignaba una cantidad concreta en cada convocatoria dentro de este programa podrán tener tampoco ese trato diferencial, ya que la nueva orden del Ministerio  de Industria, Comercio y Turismo señala que “no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto”. 

La causa de este cambio normativo parece deberse a un pleito judicial entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, que ganó en los tribunales un recurso contencioso-administrativo tras haber acudido en casación al Tribunal Supremo.

Este cambio supondrá que los empresarios de Teruel deberán acogerse a la convocatoria general del Reindus, cuando hasta ahora se abría una línea específica para esta provincia y las de Soria y Jaén. Aparte, el programa también contemplaba líneas específicas para otras comarcas españolas y comunidades autónomas como Extremadura y Canarias, con partidas concretas diferenciadas de las asignadas a la zona general.

Las nuevas bases de este programa se publicaron el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), si bien la convocatoria de las ayudas no saldrá hasta el próximo mes de noviembre, según ha precisado el Ministerio de Industria.

En un comunicado de prensa, Industria informó el lunes de que el objetivo de la orden ministerial, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial, es “dictar nuevas normas reguladoras para prestar apoyo financiero a la inversión industrial y adaptarlo a los actuales requisitos que exige la gestión eficiente de los presupuestos públicos”.

La nueva orden  ministerial (ICT/1100/2018) deroga la anterior (IET/619/2014), que sí contemplaba una distribución territorial del gasto con convocatorias específicas, entre las que estaba la línea destinada a las provincias de Teruel, Soria y Jaén.

La voz de alarma surgió a principios de esta semana en la provincia de Soria, donde el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, aseguró que el cambio de las bases había sido forzado por una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de mayo en un pleito contencioso-administrativo entre el Estado y la Generalitat de Cataluña, según informó el periódico Heraldo-Diario de Soria en su edición del martes.

De acuerdo con ese rotativo, el subdelegado del Gobierno en Soria aseguró que había “un fallo a favor de la Generalitat y provoca un cambio en las bases”, por lo que el Reindus pasará a tener ahora una convocatoria general sin líneas específicas.

El subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, aseguró ayer a este periódico que no había sido informado todavía sobre ese cambio normativo, pero que de la lectura de la nueva orden ministerial publicada en el BOE se desprendía que no habría convocatorias específicas como las que había antes sino una general.

En contacto con el Ministerio

En este sentido, Morro comentó que se había puesto en contacto ayer mismo con el Ministerio de Industria para estar informado y conocer cómo repercutirá eso a Teruel, y hacer gestiones para que al menos en las bases de la convocatoria de las ayudas que salga en las próximas semanas se pueda favorecer de alguna manera a la provincia por los problemas específicos de reindustrialización que padece.

Por otra parte, señaló que al igual que se ha comprometido su hómologo de Soria a impulsar una reunión entre el ministerio y los empresarios de esa provincia para que se expliquen los cambios de la convocatoria, él hará lo mismo en Teruel para que el sector empresarial turolense pueda optar a este programa de ayudas. 

Las mismas consisten en préstamos a largo plazo durante 10 años, de los cuales los tres primeros son de carencia, a un tipo de interés fijo durante toda la duración de la operación financiera. Este tipo de préstamos se potenció en la provincia durante la década pasada dentro del Plan de Actuación Específico para Teruel con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo una convocatoria específica con una asignación de fondos concreta para este territorio.

En los primeros años tuvo mucha demanda y los empresarios turolenses se acogieron a estos préstamos gracias a esa línea específica abierta, aunque después con la llegada de la crisis económica las condiciones de las operaciones financieras cambiaron con los gobiernos del PP y las solicitudes disminuyeron.

Además de la especificidad de Teruel, Soria y Jaén, el Estado fue sumando otros territorios con especiales necesidades de reindustrialización mediante convocatorias específicas. 

En la convocatoria de 2017, por ejemplo, Industria consignó un presupuesto de algo más de 606 millones de euros, de los cuales 437,7 eran para la convocatoria de la zona general, y el resto para las específicas, entre las que estaba la provincia de Teruel con 7,6 millones de euros. Además de Soria y Jaén, con partidas similares, hubo convocatorias específicas para la comarca Campo de Gibraltar, las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la Margen Izquierda del Nervión, la comarca Bahía de Cádiz, la comarca de Lorca o la Isla de El Hierro, entre otras.

La orden de 2014 que fijaba las anteriores bases generales establecía que el apoyo financiero a la inversión industrial a través de los programas de reindustrialización y el fomento de la competitividad industrial, se instrumentaría a través de convocatorias específicas de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias del Estado en cada ejercicio, fijando “los ámbitos sectoriales o territoriales de las actuaciones financiables”.

Esto ha desaparecido de las disposiciones generales de la nueva orden ministerial publicada el pasado sábado en el BOE y que deroga la anterior, y en cuyo preámbulo especifica lo siguiente: “Dado que el ámbito de aplicación de la norma incluye todo el territorio nacional, es conveniente la concentración de fondos, ya que no es posible establecer a priori un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe basarse en una previsión de demanda de apoyo financiero que es desconocida en general”.

Añade que es “imposible anticipar un criterio claro de distribución de los fondos adscritos a la convocatoria entre las distintas Comunidades Autónomas que permita una casación adecuada”, precisando además que la gestión territorializada no asegura una mejor asignación de los recursos públicos y que “el principio de eficiencia se cumple al realizar una sola convocatoria a nivel nacional”.