El PSOE reclamará que la DPT apoye la Ley de Memoria Democrática

El PSOE ha presentado una propuesta al pleno ordinario de esta semana de la Diputación de Teruel para pedir al Gobierno de Aragón el mantenimiento en vigor y el desarrollo de todos los términos de la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad. Además, pide que la institución provincial se comprometa a mantener la partida económica que ya existe en este sentido en su presupuesto, respondiendo a las necesidades de los colectivos memorialistas turolenses y realizando “la necesaria” labor de divulgación y defensa de los valores democráticos.

La propuesta, dada a conocer este lunes a través de un comunicado, pretende marcar la posición de la institución respecto al anuncio del inicio de los trámites derogatorios de la ley aprobada por las Cortes de Aragón en 2018. Además de instar al Gobierno aragonés a aprobar y aplicar los decretos necesarios para el cumplimiento de la memoria histórica, la iniciativa pide que el Ejecutivo participe “lealmente” en las reuniones del Consejo Territorial de Memoria Democrática e informe puntualmente en la Comisión Institucional y Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón “de los acuerdos que en éste se sustancien”.

Además, a ambas instituciones reclama “la colaboración activa con todas las asociaciones memorialistas y promover medidas de reparación, defensa, restauración y reconocimiento de los derechos de todas las víctimas, así como a facilitar los procesos de exhumación y la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura”.

El portavoz y la coordinadora del grupo socialista en la DPT, Pedro Polo y Ana Cris Lahoz, han compartido su propuesta con el presidente Pozos de Caudé, la principal asociación memorialista en la provincia. Junto a los monumentos conmemorativos que se levantan en el lugar que les da nombre su presidente, Francisco Sánchez defendió la idoneidad de un instrumento integral como es esta ley y apoyó el texto de la iniciativa.

Polo consideró que la institución “debe tomar partido ante lo que parece una clara imposición ideológica sobre una ley que, tal como dicen historiadores y juristas, es moderada y razonable para un objetivo fundamental: cerrar las heridas del pasado de acuerdo a los hechos y, sobre todo, reparando la memoria de quienes fueron silenciados y olvidados tras la guerra civil durante una larga e injusta dictadura militar”.

“El Partido Popular y sus socios tienen la oportunidad de diferenciarse de Vox en una institución en la que, afortunadamente, no tienen la posibilidad de condicionar”, dijo Polo, quien consideró que la ley “es un texto ejemplar para dar respuesta a una necesidad cívica, que reconoce y ampara a todas las víctimas sin ocultar la verdadera historia”.

La propuesta presentada también pide que el actual equipo de gobierno se comprometa a mantener la línea de ayudas, que actualmente es de 20.000 euros, incluida en el presupuesto por el anterior gobierno PSOE-PAR y que el año pasado hizo posible culminar con éxito la exhumación de los restos de dos personas en Villel con  la Asociación Pozos de Caudé. Para este mismo caso, además, la institución provincial se ocupó de pedir y gestionar una subvención de 6.000 euros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

“La DPT debe mantener una comunicación fluida con las asociaciones memorialista y ayudarles en sus objetivos”, dijo Polo, que recordó que Pozos de Caudé tiene pendientes el estudio y excavación de cerca de una veintena de fosas con los objetivos de “homenajear y dignificar” a quienes están allí enterrados. Pedirán por ello al presidente que se reúna con ellos.

Ana Cris Lahoz aseguró que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón es ejemplo “del sectarismo que caracteriza a este Gobierno de Aragón”. Reprochó que eligieran el 20 de noviembre para anunciar el inicio de los trámites de derogación siendo conscientes de la “importancia simbólica” de esa fecha en un gesto de “revanchismo”. Para Lahoz, derogar esta ley “es no tener empatía por todos aquellos españoles y españolas que siguen buscando en las cunetas de nuestro país a sus familiares”.

Por otra parte, Lahoz expresó su preocupación por el proyecto del Museo de la Guerra tras las declaraciones que hizo la consejera de Presidencia. Advirtió que temían que los contenidos se vean “comprometidos por la forma de ver el conflicto desde Vox y que lo que tiene que ser un atractivo de primer orden, también científico, sobre un episodio fundamental de nuestra historia se diluya en cuestiones puramente ideológicas”.

Los diputados socialistas recordaron que el  Instituto de Estudios Turolenses creó una sección específica coordinada por Serafín Aldecoa y que un proyecto que se estaba trabajando era una cartilla turolense dedicada a los “batallones de reconstrucción” que, compuestos por prisioneros de la dictadura franquista volvieron a levantar de sus ruinas la capital de la provincia o municipios como Celadas o Griegos en la posguerra.  “Ese trabajo lo dejó la anterior dirección del IET acabado, listo para imprenta. Esperamos verlo publicado en breve y que no haya también decisiones ideológicas sobre la materia”, apuntó Polo.