El proyecto de los PGE se estanca de nuevo con las infraestructuras históricas de Teruel

El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022  vuelve a estancarse de nuevo con las infraestructuras históricas de la provincia de Teruel. Después de que el presupuesto de 2021 hubiese puesto otra vez las grandes inversiones turolenses en el punto de arranque, las cuentas del Estado para el próximo año regresan a la dinámica que ha sido habitual en los últimos lustros: las partidas siguen abiertas pero las cantidades se reducen, incluso con respecto a lo que estaba previsto en los plurianuales, y la previsión de ejecución se amplía más en el tiempo. Como novedad y en positivo, los PGE del próximo año incorporan una disposición adicional para que se puedan dar las ayudas al funcionamiento empresarial autorizadas por la Comisión Europea a las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, y se incluyen más de 4.200 millones de euros para el reto demográfico en el conjunto del país, la mayoría de ellos con cargo a los fondos europeos de recuperación económica.

La presencia transversal del reto demográfico en todos los ministerios abre la esperanza de que finalmente el dinero empiece a llegar a los territorios despoblados como Teruel, y que la fiscalidad especial pueda ser pronto una realidad tanto en esta provincia como en las de Cuenca y Soria, al poder beneficiarse de ayudas de Estado que supondrán una bonificación de hasta el 20% de los costes laborales.

Esta semana comienzan en el Congreso de los Diputados las comparecencias de los distintos ministerios para explicar los presupuestos, cuyo plazo de enmiendas a la totalidad será hasta  este viernes, y el de las enmiendas al articulado hasta el 5 de noviembre.

El proyecto presupuestario contempla para Teruel un total de 15,5 millones de euros menos en inversiones reales de los consignados para el actual ejercicio. Además, hay otras partidas no territorializadas de las que se beneficiará Teruel, pero en lo que son las tablas recogidas en los PGE como inversiones reales lo que se contempla son 103,7 millones de euros, incluida la transferencia a la Comunidad Autónoma de Aragón de los 30 millones para el Fite. Eso supone un descenso global del 13%, ya que si bien en lo que son inversiones reales acometidas directamente por los ministerios hay un aumento del 39,5%, las computadas a las empresas y entidades del sector público como Adif descienden un 41,1%

Pese a las ayudas al funcionamiento y los fondos del reto demográfico contemplados, que a efectos prácticos incrementará el dinero que llegará a Teruel pero es imposible saber de qué manera lo harán, el proyecto presupuestario ha hecho resurgir la preocupación con las inversiones en infraestructuras. Y eso a pesar de que el ministerio más inversor, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), incrementa sus partidas en la provincia de Teruel un 43%. El aumento se debe sobre todo a la partida destinada a conservación de carreteras, que incorpora 11,7 millones para el próximo año, así como al acondicionamiento de la carretera N-330 entre Teruel y Villastar con 5 millones de euros y la actuación en marcha de la variante de Alcorisa con 13,7 millones.

El problema vuelve a aparecer con las infraestructuras de comunicación que llevan años figurando en los PGE con partidas abiertas, pero que no avanzan ni siquiera en la tramitación administrativa, con la excepción de la autovía A-68. En otros casos ha habido proyectos que han llegado a caducar, como los estudios informativos de la A-25 entre Monreal y Alcolea, y del Corredor Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones -el de doble vía electrificada con nuevos trazados- entre Teruel y Sagunto, que el actual gobierno tuvo que volver a encargar este año.

Dinámica habitual

Se trata de una dinámica ya habitual de una maquinaria del Estado descomunal que mantiene estancados los proyectos de Teruel; no los deja arrancar a pesar de la insistencia de los partidos políticos en sus compromisos con estas infraestructuras, pero que a la hora de la verdad se estancan como ha vuelto a pasar este año con el proyecto de presupuestos de 2022.

La explicación desde el Gobierno es que este año, a diferencia del pasado, se ha dejado para la tramitación de las enmiendas la incorporación de nuevas partidas, una justificación a todas luces insuficiente a la vista del compromiso adquirido el año pasado entre el PSOE y Teruel Existe para empujar estas infraestructuras e ir avanzando en plazos.

Si bien es cierto que en la última década tampoco se ha avanzado en la tramitación administrativa, e incluso en algunos casos se han dado pasos atrás al dejar caducar los trámites, en el proyecto de los PGE de 2022 no se ve voluntad de agilizar estas obras. Disminuyen las partidas, no solo con respecto a lo que se presupuestó para el presente ejercicio, sino en los plurianuales, donde se recorta lo que estaba previsto invertir en próximos años. Y lo más preocupante es que en la casilla que indica el año de finalización de cada proyecto se alarga el tiempo con respecto a lo que figuró en los PGE de 2021, lo que supone una dilación mayor de estas actuaciones como venía sucediendo con anterioridad.

Eso se aprecia por ejemplo en los distintos tramos de la A-68, donde se recortan partidas y se alarga un año la finalización, ya no de las obras puesto que en la provincia de Teruel no las hay, sino en los trámites previos todavía. Incluso en los tramos Híjar-El Regallo, Azaila-Híjar y Quinto-Azaila, en los plurianuales no se ve dinero hasta el año 2024, con partidas en cada caso de solo 100.000 euros para ese ejercicio, que corresponde además a la próxima legislatura y no se sabe quién estará gobernando entonces. Por otra parte, la A-40 sigue en los papeles con los ya eternos 100.000 euros, pero sin planificación plurianual.

Tal como está dibujado el proyecto de presupuestos de 2022, nada apunta tampoco a que las variantes de población vayan a ver obras en breve, con la excepción de Alcorisa, puesto que con el resto no hay partidas millonarias hasta el año 2025.

Más de tres lustros de retraso

Se trata en todos los casos de proyectos comprometidos en el Plan de Actuación Específico para Teruel de 2005 que impulsó el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Buena parte de todo lo que estaba en ese plan, en lo que a infraestructuras de comunicación se refiere, no se ha hecho.

Han pasado más de tres lustros y con los gobiernos del PP varias de esas infraestructuras fueron desapareciendo silenciosamente de las cuentas públicas durante la gran recesión económica. Hasta la aportación del Fite desapareció de los PGE, aunque se recuperó en la tramitación. El año pasado, con el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, esas infraestructuras volvieron otra vez a los presupuestos de 2021, para entrar ahora de nuevo en una fase de letargo.

Esa ralentización se observa también en el proyecto presupuestario con las obras de las entidades y empresas públicas, cuyas inversiones reales se consignan en otro capítulo, el de los organismos públicos.

En este caso el proyecto de presupuestos sufre un descenso del 41,1% con respecto al año 2021 debido a una caída de las inversiones de Adif, que pasan de 57,7 millones de euros a 33,8 millones. Esta última cifra, que pertenece al proyecto del próximo ejercicio, no se corresponde además ni siquiera con el plurianual previsto hace un año, donde para 2022 se prevía una inversión de 53,4 millones. Ese descenso supone un recorte del 36,5% con respecto a lo que había previsto, a pesar de las continuas licitaciones y adjudicaciones millonarias de obras que no para de anunciar  Adif.

Todo ello, según recoge el proyecto presupuestario de 2022, lleva a retrasar un año más, de 2025 a 2026, la finalización de las obras de lo que es la mejora y acondicionamiento de la línea convencional actual y su electrificación en vía única. En el último cronograma facilitado en marzo en la comisión de seguimiento de las obras del ferrocarril ya no se aportaron fechas previstas de finalización, pero en la anterior reunión, que tuvo lugar en octubre de 2018, la finalización de toda la actuación estaba prevista entre los años 2022 y 2023. Ahora, según los PGE, se retrasa tres años más, hasta 2026.

Corredor de altas prestaciones

Aparte de estas obras en la línea convencional está el corredor de altas prestaciones, el de doble vía, pendiente de los dos estudios informativos en marcha, sobre el que el tomo de presupuestos del Mitma es muy escueto al afirmar que dentro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo se continuará con la redacción de los estudios informativos de diversos tramos, “y se proseguirá con la tramitación del estudio informativo del tramo Zaragoza-Teruel”.

Esta infraestructura se anunció hace 17 años, y si bien de por medio ha habido una gran recesión y después sobrevino la crisis de la covid, nada justifica que en estas casi dos décadas no se haya avanzado al menos en los trámites administrativos. Buena culpa de ello la ha tenido el partido que hoy está en la oposición, el PP, que cuando gobernó descartó de la planificación este proyecto a pesar de que seguía comprometiéndose a realizarlo en las citas electorales.

Al menos ahora con el PSOE se ha vuelto a rescatar sobre el papel, y prueba de ello es que está incluido en el visualizador que publicó la semana pasada el Mitma en Internet con las infraestructuras pertenecientes a la Red Transeuropea de Transporte en España. Pero a pesar de ello, lo que se desprende de todo lo vivido y escrito sobre el corredor de altas prestaciones hasta ahora, y de cómo avanzan las obras de la línea convencional, es que esta infraestructura va para largo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró abierto en el último pleno del Congreso a “escuchar atentamente” las enmiendas de Teruel Existe, en respuesta a una pregunta de Tomás Guitarte, si bien también recalcó que la respuesta de los PGE a Teruel y al reto demográfico era “rotunda”. O se trata de un diálogo de sordos, o la urgencia de las infraestructuras no termina de ser entendida en Madrid.

Fondos para la despoblación y la transición justa

Los Presupuestos Generales del Estado de 2022 deberán dejar más dinero en la provincia, aunque es imposible de momento poder determinar en qué cantidad, ya que las partidas para el reto demográfico o de transición justa no están territorializadas.

Las cuentas del Estado para el próximo año lo que contemplan es un volumen considerable  de dinero para atender las 130 medidas aprobadas para hacer frente al reto demográfico y la lucha contra la despoblación. En total, los PGE hablan de algo más de 4.200 millones de euros para esta finalidad, aunque no se cuantifica a qué programas específicos irá destinado ese dinero. Sí se incide por ejemplo en que 350 millones irán destinados al programa de mejora energética y el fomento de energías limpias en pequeños municipios; pero en cambio en otras actuaciones que tendrán también bastante calado, como las medidas de gestión forestal sostenible, no se concreta cuánto dinero habrá. En total, solo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha consignado partidas por valor de 1.238 millones de euros para este fin en toda España. La mayoría de estos fondos, el 77% de los mismos, irán con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impulsado por la Unión Europea, y el resto se acometerá con partidas de los PGE y otros, según indica el proyecto presupuestario.

Los PGE aluden también a otras partidas de diferentes ministerios como los 153,6 millones de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la extensión de la banda ancha. El Mitma contempla también 76 millones para la movilidad rural, el Ministerio de Derechos Sociales 290,4 millones. Además, la Secretaría General para el Reto Demográfico triplica su presupuesto.

Por otra parte, el programa económico de las comarcas mineras del carbón está dotado con 296,5 millones, el programa 456M de Transición Justa con 35 millones, y el 42JA de Inversiones en Transición Justa con 110 millones.