El presidente de la Cámara de Cuentas destaca la incorporación al Fite de las recomendaciones de la institución

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha destacado este lunes que la nueva edición del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) recoge las recomendaciones realizadas por la institución en sus informes de fiscalización. Ha presentado el informe correspondiente al Fite de 2016 en las Cortes de Aragón.

En una rueda de prensa, Alfonso Peña ha puesto de relieve la importancia del Fite para la provincia, ya que aporta el 1,5 por ciento del PIB provincial, por lo que "es un instrumento financiero importante" y "viene a compensar la pérdida de financiación que supuso la salida del Fondo de Cooperación Interterritorial".

Entre las recomendaciones incorporadas a la edición de 2020-2022, ha mencionado la de acotar de forma "mucho más clara" el tipo de proyectos financiados y estudiar los gastos corrientes y de funcionamiento.

También han pedido, con éxito, que se tuvieran en cuenta la financiación de infraestructuras educativas y sanitarias. Otra propuesta era que el Fite pudiera financiar grandes proyectos de inversión con gasto plurianual.

Entre 1993 y 2018 ha habido "muchos problemas" de justificación de los gastos, por lo que ahora se ha ampliado el periodo. Además, se ha regulado, como recomendó la Cámara, los préstamos participativos a empresas y profesionales a través de la sociedad pública Suma Teruel y se ha incluido la realización de análisis de impacto de los proyectos sobre el aumento de población y la generación de riqueza.

También se han definido "mucho mejor" los proyectos financiables y "se han corregido mucho las normas burocráticas de gestión del fondo, que han influido mucho en los problemas de gestión de los últimos años".

Uno de los asuntos de la fiscalización de 2016 son las aportaciones capital a Ciudad del Motor y Parque Tecnológico del Motor para compensar pérdidas, excluyéndose en la última edición esta posibilidad, con la excepción de financiar gasto corriente para proyectos de inversión, lo que está "generalmente admitido en contabilidad".

Convenios

Por otra parte, la Cámara de Cuentas ha hecho notar que los convenios se firman, generalmente, en un momento muy avanzado del ejercicio económico, de forma que el plazo de ejecución es muy reducido, lo que se ha corregido.

Entre las recomendaciones, la Cámara solicita que el marco normativo sea más "claro y preciso", definiendo con mayor rigor qué son los proyectos de inversión. También, cuándo se considera ejecutado un proyecto y facilitar el control de las inversiones realizadas con financiación del Fite.

Alfonso Peña ha llamado la atención sobre el riesgo de devolución de 40 millones de las ediciones de 2012 a 2016 por inejecución, destacando que ambas partes han llegado al acuerdo de no obligar a devolverlo, siempre que el Gobierno de Aragón aporte 40 millones adicionales.

También ha defendido los criterios de planificación estratégica plurianual porque "no veíamos muy adecuado" que fuera anual, señalando que "se está trabajando en la fijación de esa planificación plurianual".

La Cámara incide, en su informe, en que las subvenciones directas representan el 62 por ciento de la anualidad de 2016 y solo el 22 por ciento son tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva y el 16 por ciento restante son inversiones propias del Gobierno de Aragón.

La discrecionalidad es "especialmente relevante" en el caso de las subvenciones directas concedidas a entidades locales e instituciones sin fines de lucro en las que no quedaron acreditadas las especiales razones de interés público, social, económico o humanitario que justificaría su concesión directa.

Además, el informe indica que la baja ejecución de algunos proyectos conllevó la pérdida de 2,27 millones de euros del Fite de 2016 y que no se publicaron las subvenciones de la DPT por importe de 3,73 millones de euros ni en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón ni en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El presidente de la Cámara de Cuentas ha afirmado que "el Fite es imprescindible en Teruel teniendo en cuenta los desequilibrios" de la provincia y ha dejado claro que no es intención de este organismo "cuestionarlo", aunque ha mantenido que "para que cumpla su finalidad debemos gestionarlo correctamente", de forma que las reglas de ejecución y gestión tienen que ser "lo más eficaces posible".

Peña ha lamentado que "no ha sido posible" corregir procesos como la pérdida de población general y de población activa en el mercado de trabajo. De hecho, la pérdida de población afecta al 89 por ciento de los municipios de la provincia y al 81 por ciento de la superficie total, aumentando el número de localidades con menos de 100 habitantes y disminuyendo los de tamaño medio, en particular con 30 pueblos menos de entre 100 y 500 habitantes.

La tasa de paro es un cinco por ciento inferior a la española, aunque también es más baja su tasa de actividad por la constante pérdida de población en edad de trabajar.

Por otra parte, la contribución de Teruel al PIB aragonés y nacional se ha reducido en un 1,5 y un 0,08 por ciento, respectivamente. La acumulación de capital por kilómetro cuadrado arroja un saldo muy desfavorable para la provincia, seis veces por debajo del promedio español.