El PP en la DPT exige la dimisión de la ministra de Igualdad por la ley del "solo sí es sí" y su negativa a corregirla

El PP en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha presentado una propuesta para su debate en el pleno ordinario de la institución, en la que solicitan por segunda vez más la modificación de la Ley Orgánica 10/2022 para evitar que sigan beneficiándose condenados por delitos sexuales, y exigen la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por su negativa a corregir la ley del "solo sí es sí", y de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.

La diputada provincal Yolanda Sevilla ha explicado que esta petición se justifica en que, en todo este tiempo, "no han hecho nada" para poner remedio a esta situación. Y también en las "declaraciones absolutamente intolerables" que realizó la secretaria de Estado en un foro de su formación política, en la que "se tomó a broma un asunto que está generando muchos problemas en nuestra sociedad por culpa de su incapacidad para resolver las consecuencias tan dañinas que ellas mismas han generado".

Sevilla ha argumentado que la presentación de nuevo de una propuesta sobre esta materia se basa la "negativa injustificada" de los responsables del Gobierno central a "asumir sus errores, pedir perdón y corregir la normativa". Desde la entrada en vigor de la citada ley más de 240 condenados han visto reducidas sus penas. Por esa razón, el Grupo Popular "seguirá reclamando en todas las instancias que sea necesario" para que esta "sinrazón" concluya y "pongamos sensatez a una situación que es muy seria".

"No solo son incapaces de reconocer sus propios errores, sino que están poniendo el foco en los jueces por aplicar la ley o incluso en los partidos de la oposición, cuando si esto está sucediendo es única y exclusivamente por su responsabilidad", ha continuado diciendo.

Los efectos de la ley del "solo sí es sí" se están dejando notar no solo en España, sino también en Aragón, han expuesto desde el grupo del PP. La Audiencia Provincial de Zaragoza ya ha autorizado dos rebajas de penas y la de Huesca ha hecho lo propio con un
caso más. "De esta manera, los condenados por abusar de una menor de 13 años, por hacer lo propio y dejar malherida a una prostituta, y por mantener relaciones sexuales con una joven de 18 años en contra de su voluntad, se han visto beneficiados de la entrada en vigor de la nueva ley", ha esgrimido Sevilla.

La diputada ha recalcado que estos hechos "dejan claro que la normativa está siendo contraria a lo que debería ser" y, por ello, no
comprende la negativa de la ministra de Igualdad y su secretaria de Estado a cambiar el ordenamiento jurídico. "Están poniendo en peligro a las víctimas y también a la sociedad con esa actitud", ha subrayado, añadiendo que "Pedro Sánchez debe cesarles inmediatamente".

A juicio de Yolanda Sevilla, poner en marcha políticas feministas "no es permitir que los condenados sexuales puedan salir a la calle mucho antes de lo que contemplaban las penas iniciales", sino que radica en "protegerlas, hacer que los culpables de estos hechos cumplan las penas que inicialmente le corresponde y poner todos los medios para evitar que vuelva a suceder". Cuestiones, ha dicho, que "no están garantizando los responsables del Ministerio de Igualdad y del Gobierno de España".