El PP de Teruel lleva al pleno del Ayuntamiento el debate educativo: “Son los padres los que tienen que elegir qué educación quieren para sus hijos”

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teruel va a presentar para su debate en el próximo pleno de la institución, previsto para el lunes 2 de diciembre, una propuesta de resolución en defensa de las libertades educativas consagradas en la Constitución. Así lo han anunciado este jueves el portavoz de los ‘populares’ en el Consistorio de la capital, Javier Domingo, y el concejal Juan Carlos Cruzado.

Lo hacen tras la aprobación, en la jornada del miércoles, de un texto con el mismo propósito presentado en la Diputación Provincial de Teruel también por el Partido Popular. Todo ello porque, según ha subrayado el portavoz de la formación en el Consistorio de la capital, “son los padres los que tienen que elegir qué educación quieren para sus hijos”, informa el PP de Teruel en una nota de prensa.

El hecho de tener que presentar textos de este tipo en las diferentes instituciones ha sido calificado por Javier Domingo como “una noticia triste” y lo ha justificado porque “se está cuestionando algo tan importante y que está recogido en la Constitución como es la libertad educativa”. Un derecho que ha tildado como “fundamental” en democracia.

El concejal ha advertido que el Partido Popular “siempre va a luchar por la libertad” y también que “no van a consentir a nadie, ni a este Gobierno ni a la ministra, que cuestionen qué tipo de educación tienen que recibir los niños”. Por ello ha recalcado que “vamos a seguir vigilantes” para que no se produzcan menoscabos en este derecho.

El texto de la propuesta recoge, entre otros aspectos, el respeto y la defensa de la Carta Magna y la jurisprudencia existente con relación al artículo 27 del texto normativo, que sitúan en el mismo plano de igualdad el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. También la garantización de que los padres podrán elegir el tipo de educación y el centro educativo donde escolarizar a sus hijos; y la defensa de la red de centros concertados como garantes de la existencia de una oferta plural complementaria a la red pública. 

Junto a ellos, también se recoge el respaldo a la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para desarrollar proyectos educativos de calidad, la puesta en marcha de medidas para garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial en la red pública y también en la privada-concertada, o el respeto al cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.