El PP apuesta por incrementar la plantilla de guardias civiles y no suprimir la atención personal

El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Teruel ha presentado una propuesta para su debate en el pleno de este miércoles en la que instan al Ministerio del Interior a que “incremente y no suprima” la presencia de efectivos de guardias civiles en la provincia, también a que la prueba piloto para implantar la cita previa para la puesta en marcha de denuncias o la realización de trámites “no tenga por objeto la supresión de la atención personal como se ha venido produciendo a lo largo de la historia” y que esa iniciativa “no sea una excusa más para suprimir agentes en el medio rural”.

El PP ha recordado en una nota de prensa que "la plantilla de guardias civiles en la provincia es insuficiente, con 550 efectivos en lugar de los 700 que se necesitan en todo el territorio", tal como ha defendido la Asociación Unificada del cuerpo y también el propio subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, en la celebración del 178 aniversario. "Es un número que supone una merma evidente en los servicios que prestan a la ciudadanía", ha añadido el PP.

Desde que se tuvo conocimiento de las intenciones del Ministerio del Interior para la provincia de Teruel, con la implantación del sistema de cita previa en Alcañiz, Alcorisa, Mas de las Matas y Calanda, como paso previo para su puesta en marcha en todo el territorio, así como la llegada de más agentes en prácticas ante la incapacidad de cubrir las vacantes, las reacciones no se han hecho esperar. Especialmente significantes por parte de los habitantes de esas localidades que ven en esas medidas una nueva merma en los servicios con los que cuentan en su territorio.

“Podrán venderlo como un avance o como una posibilidad complementaria, pero la realidad apunta a que el Gobierno de España sigue con su plan de desmantelar los servicios y los paganos volvemos a ser los mismos: los habitantes del medio rural”, ha declarado el portavoz de los ‘populares’, Carlos Boné, que ha exigido a su vez que “piensen en la realidad que se vive en los pueblos”.

A su juicio, con el paso del tiempo y a pesar de la presencia de las nuevas tecnologías en la relación de la ciudadanía con las administraciones, la realidad es que “cada vez son más los obstáculos a los que tenemos que hacer frente”. “Los días de atención se han reducido a la mínima expresión, las plantillas están muy reducidas y ahora pretenden implantar un sistema de cita previa que, en muchas ocasiones, las personas de mayor edad no van a saber emplear y va a provocar que desistan de realizar denuncias o gestiones que para ellos son necesarias y fundamentales”, ha complementado.

Para Boné se esta produciendo una situación “contradictoria”, ya que “mientras el Gobierno central no hace más que engordar el número de ministerios y el de asesores”, en materias “fundamentales” para la ciudadanía “se está produciendo una reducción que pone en serio peligro la prestación de servicios en los pueblos y la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural”. Es por ello por lo que ha exigido una rectificación “urgente” porque de lo contrario “las pérdidas que experimentemos no se podrán recuperar”.

Población envejecida y brecha digital

Si el enfado del Partido Popular con esta nueva medida anunciada por el Gobierno central es mayúsculo, no es menos el del conjunto de la ciudadanía turolense. Todo ello porque, según ha resumido muy gráficamente, “los miembros del Ejecutivo parece que nos está diciendo cuándo tenemos que ponernos malos o denunciar”, cuando son situaciones “inesperadas” que demandan que los servicios “estén disponibles 24 horas al día y los 7 días de la semana”.

A la hora de criticar las intenciones del Ministerio del Interior, también ha agregado Boné que la realidad de la provincia desaconseja reducir el número de efectivos e implantar el sistema de cita previa como un servicio sustitutivo de la atención personal que siempre se ha prestado. Todo ello porque Teruel es un territorio con “problemas en la extensión de Internet y con una brecha digital entre los más mayores que no se pueden obviar”, por lo que “no se pueden poner en marcha servicios sustitutivos que, a la larga, van a ir en perjuicio de los más débiles”.

“Con el anuncio de estas medidas lo que ponen de manifiesto es el escaso conocimiento de la realidad que se vive en la provincia y también evidencian su desconocimiento de cómo es el día a día de los pueblos a los que pretenden recortar servicios”, ha criticado.