El Plan Específico de Teruel cumple 15 años sin apenas más frutos que haber duplicado el Fondo de Inversiones

En 2020 se cumplen quince años de la aprobación del Plan de Actuación Específico para Teruel que debería haber impulsado el desarrollo de la provincia. Contemplaba buena parte de las cosas que tres lustros después los turolenses siguen reivindicando y con las que todos los partidos políticos no han dejado de comprometerse en sus programas electorales en las seis elecciones generales que se han celebrado desde entonces. En medio de la crisis política y a la espera de que pueda formarse un Gobierno tras la sesión de investidura que comenzará el sábado, los representantes de los agentes sociales y económicos de la provincia que vivieron la gestación de aquel plan, que iba a ser la panacea y que dejó debiendo a este territorio 3.400 millones de euros solo en infraestructuras de transporte, recuerdan aquel momento y concluyen que deberían retomarse sin demora aquellos proyectos e inversiones que por justicia le corresponden a Teruel para el reequilibrio territorial.

En tiempos en los que se anima a no echar la vista atrás, a ser positivos y a mirar hacia el futuro por las posibilidades que tiene la provincia, los representantes de los agentes sociales y económicos turolenses que a principios de este siglo estaban al frente de la patronal y de los sindicatos sí creen necesario girar la cabeza para aprender del pasado y evitar que la historia de los compromisos incumplidos se repita una y otra vez.

Quienes entonces acudieron a la Moncloa para exponer las carencias de la provincia con documentos para ser tenidos en cuenta en la elaboración del plan, recuerdan que vivieron aquel momento con “ilusión” y “esperanza”, aunque acabó tornándose en “frustración” y “decepción”. 

Todos coinciden en que fue una oportunidad perdida a pesar de que aquello supuso “un intento muy importante” para que por fin las cosas pudieran cambiar en la provincia, pese a no haberlo conseguido. 

Quienes les suceden hoy día en la patronal y las centrales sindicales siguen luchando por las mismas reivindicaciones a través de la unidad de acción, que es uno de los mayores logros conseguidos, mientras que desde Teruel Existe son los mismos rostros de entonces que acudieron a la Moncloa los que no han cesado en su empeño, a partir de ahora desde dentro del Congreso de los Diputados.

Aquel plan específico que se pergeñó en 2005 buscaba cumplir con el mandato constitucional de que todos los territorios deben tener las mismas oportunidades para su desarrollo en aras a conseguir el equilibrio territorial y la cohesión social.

Surgió de un compromiso previo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero cuando era líder de la oposición y se reunió con la plataforma Teruel Existe y los agentes sociales en abril de 2003. Tras ganar las elecciones generales de 2004, en el debate sobre el estado de la nación celebrado en mayo de 2005 fue cuando Zapatero anunció un plan especial para la provincia.

A finales de ese mismo mes el jefe de Gabinete de Moncloa, José Enrique Serrano, recibió en Presidencia del Gobierno a los portavoces de Teruel Existe, entre los que estaban Manuel Gimeno y Tomás Guitarte, hoy diputado por la agrupación de electores de la plataforma ciudadana.

A los pocos días, el mismo equipo de la Moncloa recibió a los representantes de la patronal y de los sindicatos, que pidieron tiempo a Presidencia del Gobierno para la presentación del plan con la idea de que ellos pudieran hacer sus aportaciones. A aquel encuentro acudieron el entonces presidente de la Confederación Empresarial Turolense (CET), Carlos Mor, y sus homólogos de Cepyme, Miguel Ángel Gil, y de la Cámara de Comercio, Florencio Muñoz, además de los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios: Jesús García Duque (UGT) y Mari Luz Benedicto (CCOO).

Teruel Existe había hecho ya en mayo durante su visita a Moncloa sus aportaciones, mientras que los agentes económicos y sociales enviaron en septiembre un voluminoso documento con las necesidades de la provincia y un amplio paquete de propuestas que incluían infraestructuras de transporte, energéticas y financieras, así como de telecomunicaciones e hidráulicas. También plantearon modificaciones en el Plan de la Minería, mejoras de los fondos estructurales, y medidas en políticas de empleo e inversiones públicas dinamizadoras.

Convertir Teruel en puntera

El Consejo de Ministros aprobó finalmente el plan el 28 de octubre de 2005. Lo llamó Plan de Actuación Específico para Teruel y seguidamente inició una campaña informativa para darlo a conocer, que incluyó la visita en diciembre a la capital turolense de la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que con las medidas previstas Teruel se iba a “convertir en una provincia puntera”.

En síntesis el plan contemplaba el incremento de los fondos de inversiones, el desarrollo de las infraestructuras de transporte y medidas de gestión ambiental y desarrollo rural, desarrollo tecnológico e industrial y actuaciones de carácter sociocultural.

El periodo de actuación del plan era 2006-2008, que se correspondía con el de la legislatura que estaba entonces en marcha, y para esos años preveía una inversión total de 577 millones de euros. El plan, que sigue vigente puesto que fue un acuerdo del Consejo de Ministros y nadie lo revocó, establecía además que la inversión trascendería más allá de ese periodo, de forma que en 2009 supondría inversiones por valor de 158 millones y a partir de 2010 de 3.422 millones en infraestructuras de carreteras y ferroviarias, con la construcción en este último caso del corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad de doble vía y electrificado para tráfico mixto de mercancías y viajeros.

El plan supuso la duplicación del Fondo de Inversiones de Teruel hasta los 60 millones de euros aportados a partes iguales por las administraciones central y autonómica, con los que se pudieron hacer proyectos como el del Aeropuerto de Teruel y el Observatorio de Javalambre, además de impulsar otro tipo de iniciativas.

Otras en cambio que estaban contempladas como el Museo Nacional de Etnografía se quedaron en “agua de borrajas”, lo mismo que la Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, como recuerdan los agentes sociales, al igual que ocurrió con el paso de los años con el Plan Reindus tras el éxito e impacto que tuvieron las primeras convocatorias.

Antes de que finalizara la legislatura el Gobierno hizo balance y dio cuenta del estado de cada proyecto. Los más voluminosos por su inversión eran los de infraestructuras de transporte, cuya inversión a realizar a partir de 2010 ascendía a 3.422 millones de euros -lo correspondiente a los tramos que discurrían por la provincia, ya que eran estatales y afectaban a otros territorios-. A fecha de hoy solo se han hecho la variante de Alcañiz y los 14 kilómetros de la N-232 entre Ráfales y el límite de la provincia, cuyas obras finalizaron en 2019.

Deuda de las infraestructuras

Las infraestructuras son la gran deuda de ese plan con cerca de 3.500 millones que nunca se ejecutaron en obras como el corredor ferroviario, la A-68, la A-40, la A-25 o las variantes entre Teruel y Alcañiz, que silenciosamente fueron desapareciendo de los Presupuestos Generales del Estado durante los gobiernos del popular Mariano Rajoy, a la vez que se dejaban caducar los estudios informativos. 

Los agentes sociales que vivieron en primera persona todo este proceso consideran que es una “deuda viva” a la que debe hacer frente el Estado una vez que haya Gobierno, y que no hay que olvidar lo que pasó, al margen de las responsabilidades que cada partido tuvo puesto que en estos quince años han gobernado el PSOE, que fue quien impulsó el plan al principio, y el PP, que fue quien lo ignoró con el argumento de la crisis económica.

Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe, recuerda la visita que hicieron a Moncloa el 26 de mayo de 2005 como un “momento muy emotivo”. “Se quedaron muy sorprendidos, pensaban que éramos un movimiento pancartero y les impactó la documentación que llevábamos”, afirma. 

Quince años después Gimeno admite que salieron “esperanzados” e “ilusionados”, y que después llegó la “frustración”. “La sensación que tuvimos en Presidencia del Gobierno es que la cosa iba a cambiar”, afirma, pero después se vino abajo porque “no hubo una unidad de acción en aquel momento” y faltó voluntad política, argumenta. Cree que lo comprometido entonces “sigue estando vigente” y debería retomarse porque las infraestructuras son vitales para el desarrollo. “La situación de la provincia en este momento no sería la misma, ya que la despoblación es consecuencia de todo lo demás”, sentencia.

Carlos Mor, el entonces presidente de la patronal turolense, lamenta que a Teruel siempre le pase lo mismo por “la falta de compromiso del Estado con la provincia y que no haya un trato equitativo”. Considera que problemas como el ocasionado por el cierre de la térmica no serían hoy los mismos de haberse hecho la A-68, además de haberse materializado otros compromisos.

Mor recuerda los contactos que hicieron los agentes sociales con el Gobierno, que se iniciaron con la visita a la Moncloa el 7 de junio de 2005, como un momento importante para la provincia porque supuso que el Estado escuchaba a los turolenses. “El recuerdo de aquello es muy agradable porque estábamos haciendo un trabajo conjunto para trasladar las inquietudes que había”, pero que luego se convirtió en “amargura” porque fue una “oportunidad perdida”, dice.

“La dejación de funciones del Estado es lo que ha llevado a la situación actual”, argumenta el expresidente de la patronal, refiriéndose tanto a la situación de la provincia como al bloqueo político y el desequilibrio territorial al que han conducido las políticas estatales tras haber acaparado las inversiones los lugares donde están los votos. Mor considera que la vertebración territorial de la que hablan los políticos es una “falacia, una mentira”, puesto que lo que se ha impuesto hasta ahora ha sido el “egoísmo” de determinados territorios. Añade que el nuevo Gobierno que surja en esta legislatura está obligado a “revertir esta situación”, e incide en que hay que recordar la historia para no caer de nuevo en lo mismo.

Miguel Ángel Gil, que era presidente de Cepyme, y que fue otro de los que acudió a Moncloa, opina que han fallado las soluciones porque el Estado solo pretendió “poner parches”. Recuerda que fueron “bien recibidos”, pero que él salió ya “insatisfecho” y convencido de que “era más de lo mismo y no se iba a hacer nada”. En positivo se queda con la unidad de acción de los agentes sociales, que fueron capaces de presentar un documento muy detallado de las necesidades de la provincia.

Momento ilusionante

El que era entonces presidente de la Cámara de Comercio, Florencio Muñoz, rememora también aquel proceso como “ilusionante”, si bien pone el acento en las diferencias internas que había aunque no trascendieron a la opinión pública entonces. “Viví aquello con ilusión, por el esfuerzo que hicimos y la voluntad de consenso que había de todos los ciudadanos”, afirma, aunque el plan no les convenció más allá de las infraestructuras comprometidas y que luego no se ejecutaron. “Eso fue un poco frustrante”, lamenta, a pesar del “intento bastante serio que hicimos”. De haberse desarrollado el plan, Muñoz cree que “la situación de la provincia no sería tampoco la ideal, pero se hubiese mejorado”.

Jesús García Duque, entonces secretario general de UGT en la provincia, sostiene que vivieron aquello con “mucha esperanza”, pese a que “los resultados han sido los que han sido”. Argumenta que aquello parecía que “iba en serio” y luego “fallaron todas las infraestructuras”, que a su juicio “son básicas” para el desarrollo. “Es imprescindible retomar ese compromiso ahora y colocar a Teruel en el mapa de las infraestructuras”, opina.

Mari Luz Benedicto, que vivió todo este proceso como secretaria general de CCOO, recuerda con “mucho cariño” ese tiempo por la “ilusión” con la que fueron a Moncloa y la “esperanza” de conseguir por fin algo para Teruel. “Falló lo que siempre falla, la falta de una estrategia del Estado por la defensa de la España Vaciada”, afirma, a la vez que se muestra partidaria de “seguir adelante y no renunciar” a lo que el Estado se comprometió a hacer y sigue vigente por haber sido un acuerdo del Consejo de Ministros. Cree que fue “un momento muy importante” para la provincia y que lo que pasa hoy es una consecuencia de aquellos incumplimientos.

La iniciativa se topó con la crisis económica y la falta de gestión posterior

Los agentes sociales recuerdan que el Plan de Actuación Específico para Teruel tuvo sus luces y sus sombras, pero en general concluyen que fue una iniciativa “frustrada”. Se duplicó el Fite y se impulsaron algunas medidas, del todo insuficientes según quienes estaban entonces al frente de la patronal y los sindicatos, pero lo que dio definitivamente al traste con este proyecto es que no se hicieron las infraestructuras de transporte comprometidas.

Se empezó la tramitación de estas infraestructuras, pero se fueron bloqueando conforme avanzaban, como sucedió con la A-40, o se toparon con la crisis económica. Ya con el Gobierno socialista de Zapatero se paralizó la N-232 entre Ráfales y el límite de la provincia, así como la electrificación del tren entre Teruel y Zaragoza. Con los gobiernos de Mariano Rajoy (PP) estos proyectos recibieron la puntilla definitiva al no tener continuidad. Algunos se dejaron caducar, otros desaparecieron o su tramitación, como la A-68, se dilató en el tiempo.

Un documento que sigue vigente, pero que sucesivos gobiernos han ignorado

Como tal, los proyectos de Plan de Actuación Específico para Teruel son vigente puesto que el mismo fue aprobado en Consejo de Ministros. Otra cosa es que posteriores gobiernos lo hayan ignorado. El actual subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro, abogó por recuperar el espíritu de dicho plan cuando tomó posesión en julio de 2018. El próximo gobierno de coalición que se forme debería tenerlo en cuenta.